Las patentes y los diseños industriales de este año alcanzan ya las cifras de todo 2018

La OEPM ha hecho públicos recientemente los listados estadísticos correspondientes a las solicitudes de concesión de las diferentes modalidades de propiedad industrial, concretamente referidos a los meses de enero y febrero de 2018, que son los últimos datos que se conocen.

Una comparativa entre las estadísticas de este año en relación a las de 2018 permite discernir unas tendencias que vienen marcando la evolución del sector, tanto a escala nacional como en el ámbito de las diferentes Comunidades Autónomas y de las 52 provincias españolas.

En relación al caso específico de la provincia de Salamanca, el estudio comparativo de esta marabunta de dígitos pone de relieve un indicador especialmente llamativo, como es el hecho de que solamente en los dos primeros meses de este año se han presentado las mismas solicitudes a la OEPM para la concesión de patentes que todas las peticiones tramitadas a lo largo de los doce meses de la anterior anualidad. En concreto, en estos pasados meses de enero y febrero se han elevado ante las instancias de este organismo ministerial dos solicitudes salmantinas para la obtención de las correspondientes patentes, que son exactamente las mismas que las que se gestionaron entre enero y diciembre de 2018. Durante el pasado ejercicio, en Castilla y León se computaron 56 solicitudes de patentes y en todo el territorio nacional se alcanzaron las 1.578.

Por lo que se refiere a otras modalidades de propiedad industrial, se han registrado en los dos primeros meses del año tres solicitudes salmantinas y 20 en el conjunto de Castilla y León de los denominados modelos de utilidad, cuando a lo largo de 2018 fueron 12 y 86 respectivamente.

La OEPM ha recibido en los dos primeros meses de este año un relevante número de solicitudes para conseguir la denominación de marca nacional, exactamente 36. Se trata de una cantidad más que respetable, dado que en todo 2018 fueron 251. En Castilla y León ascendieron a un total de 1.935 en 2018 y en lo que llevamos de año son 317.

Por lo que se refiere a los nombres comerciales, en los dos primeros meses del año han sido remitidas a la oficina ministerial 8 peticiones desde Salamanca y 77 de toda Castilla y León, siendo 54 las peticiones salmantinas y 531 las castellano y leonesas a lo largo del pasado ejercicio.

Finalmente, se ha enviado a la OEPM una solicitud de diseño industrial nacional por parte de un creador salmantino y siete procedentes de Castilla y León. Cabe destacar que en 2018 también hubo una única solicitud de diseño industrial que partió desde Salamanca, además de 40 emanadas por las siete provincias de la Comunidad Autónoma.

Aunque popularmente se acostumbra a emplear conceptos como patentes, marcas o diseños industriales como sinónimos, lo cierto es que hay claras diferencias entre estas categorías. La OEMP arroja luz este sentido al definir con precisión cada una de estas modalidades de propiedad industrial.

La marca y el nombre comercial son signos distintivos que se protegen mediante títulos otorgados por el Estado y que confieren a su titular el derecho exclusivo de utilizarlos en el tráfico económico, e impedir a otros la utilización en España de los signos distintivos protegidos u otros idénticos o similares aplicados a productos o servicios idénticos o semejantes.

La marca es un signo que permite a los empresarios distinguir sus productos o servicios frente a los productos o servicios de los competidores. Por su parte, el nombre comercial es el signo o denominación que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para identificarla, individualizarla y distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

La OEPM aclara también que la denominación social es el nombre que identifica a una persona jurídica en el tráfico mercantil como sujeto de relaciones jurídicas y, por tanto, susceptible de derechos y obligaciones.

El nombre comercial no es preciso que coincida con la denominación social y puede elegirse, por tanto, un nombre comercial diferente de la denominación social. De esta forma, una misma persona natural o jurídica puede tener, si lo desea, varios nombres comerciales para identificar actividades empresariales pertenecientes a diferentes sectores del tráfico económico.