El Ministerio de Defensa demanda a la Junta y al Ayuntamiento por el caso El Corte Inglés

Solar de la calle Víctimas del Terrorismo, situado junto al Corte Inglés y objeto del pleito que mantiene el Ministerio de Defensa con el Ayuntamiento y la Junta. /MANUEL LAYA
Solar de la calle Víctimas del Terrorismo, situado junto al Corte Inglés y objeto del pleito que mantiene el Ministerio de Defensa con el Ayuntamiento y la Junta. / MANUEL LAYA

El Consistorio se negó a indemnizar y la reclamación ministerial desemboca en recursos en la Audiencia Nacional y en el TSJCyL

RICARDO RÁBADE / WORDSALAMANCA

El embrollo urbanístico generado por las sucesivas sentencias dictadas por los tribunales que anularon las licencias de construcción de El Corte Inglés se complica y enrarece todavía más, después de que el Ministerio de Defensa confirmara ayer que ha demandado al Ayuntamiento de Salamanca y a la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León por la modificación número 14 del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la capital salamantina, que afecta directamente al sector 37, donde se levantaron los grandes almacenes la pasada década, justo en los terrenos que ocupaba el desaparecido acuartelamiento militar Julián Sánchez El Charro.

Las insistentes advertencias ministeriales, que se remontan a la primavera del año 2017 cuando gobernaba Mariano Rajoy y el Partido Popular y con María Dolores de Cospedal gestionando el Ministerio de Defensa, han experimentado un sustancioso salto cualitativo, en esta ocasión bajo el mandato del Gobierno socialista y con Margarita Robles ocupando el despacho del Ministerio. La cuantiosa reclamación económica que planteó el departamento que dirigía entonces María Dolores de Cospedal al Ayuntamiento, que pedía una jugosa indemnización de 14,4 millones de euros a las arcas consistoriales al considerarse gravemente perjudicado por la solución urbanística que aprobó el pleno municipal en febrero de 2018 para resolver el conflicto generado por la construcción del centro comercial, fue desestimada por el Consistorio, lo que ha desembocado en que este controvertido asunto haya acabado finalmente en los tribunales.

El Ministerio de Defensa corroboró ayer a este diario que esta pugna entre instituciones se encuentra judicializada actualmente y que serán los jueces los que tendrán la última palabra. Defensa desveló, a través de su Dirección de Comunicación Institucional, que el pasado mes de mayo «se remitieron sendos requerimientos, previos al recurso contencioso administrativo, tanto al Ayuntamiento de Salamanca como a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, solicitando una indemnización con el valor de los inmuebles incluidos en el convenio suscrito en julio de 2003, con arreglo a las nuevas condiciones urbanísticas y a los aprovechamientos urbanísticos derivados de la equidistribución de cargas y beneficios de la ordenación aprobada». El convenio de 2003 fue el que amparó la operación urbanística para la edificación del centro comercial.

De forma paralela, la Abogacía del Estado, tal como reveló ayer el Ministerio de Defensa, «se ha personado en autos en el recurso contencioso-administrativo, seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid, contra la Orden por la que se aprueba definitivamente la modificación número 14 del PGOU de Salamanca, en la avenida María Auxiliadora», orden que fue rubricada por el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Pero la nueva y contundente estrategia del Ministerio de Defensa para defender sus intereses ante el cambio de uso que dictó el pleno del Ayuntamiento salmantino de la parcela de la calle Víctimas del Terrorismo, solar contiguo al Corte Inglés y que ha pasado de tener un uso residencial a uno dotacional, no se circunscribe únicamente al pleito judicial entablado en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El recurso presentado en la Audiencia Nacional también va dirigido contra El Corte Inglés

No en vano, Defensa también confirmó ayer que «se ha interpuesto, ante la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Salamanca y la entidad mercantil El Corte Inglés Sociedad Anónima, frente al incumplimiento de la obligación de restitución de las prestaciones recibidas en virtud del convenio urbanístico suscrito el 8 de julio de 2003, por la antigua Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (GIED), en la actualidad INVIED Organismo Autonómo, el Ayuntamiento de Salamanca y la entidad mercantil El Corte Inglés, Sociedad Anónima sobre los bienes inmuebles denominados acuartelamiento Julián Sánchez El Charro y el Polvorín Tejares». De esta forma, en la tramitación del recurso ante las instancias de la Audiencia Nacional, el Ministerio de Defensa está planteando directamente unos presuntos incumplimientos no solo por parte del Ayuntamiento, sino también por los propietarios de los grandes almacenes.

Constantes advertencias

Las advertencias del Ministerio de Defensa al Consistorio salmantino ya quedaron plenamente patentes en mayo de 2018, cuando María Dolores de Cospedal todavía era ministra de Defensa justo en las semanas previas a la moción de censura que defenestró a Mariano Rajoy y catapultó a la Presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez. En aquellas fechas, el Ministerio no dudó en hacer público que el Invied había remitido el 6 de abril el expediente urbanístico referido al convenio que amparó la construcción de El Corte Inglés a los servicios jurídicos del Estado para que «proceda a emprender las correspondientes acciones legales», con el fin de que «se puedan recuperar las propiedades incluidas en el convenio, o en su caso, se indemnice al Invied por la pérdida patrimonial que, en el momento procesal oportuno, será valorada con todo detalle por los servicios técnicos del Instituto, y cuyo valor se estima inicialmente en la cantidad de 14,4 millones de euros».

Es decir, el Ministerio daba al Ayuntamiento dos alternativas para poner fin al pleito: o reintegrar los terrenos cedidos o indemnizar. Sin embargo, el Consistorio no dio ningún paso en este sentido y ha venido insistiendo desde entonces en que la solución urbanística que consensuó el pleno municipal para afrontar este litigio era la más idónea y favorable para los intereses de la ciudad y de los salmantinos y garantizaba, al mismo tiempo, la pervivencia del centro comercial. En aquella sesión plenaria, solo los cuatro concejales que tenía la agrupación de electores Ganemos en la anterior corporación se opusieron a la 'solución Mañueco'.