La justicia investiga un presunto fraude a 300 autónomos y pymes de Salamanca

El caso, que fue denunciado por la propia Delegación Territorial de la Junta de Salamanca ante la Fiscalía, se encuentra ahora en manos del Juzgado número 1 de Instrucción de la capital charra, que ha abierto una investigación ante indicios delictivos. Además, la propia Junta de Castilla y León se ha personado en el caso como acusación particular, según confirmaron a la Agencia Ical fuentes de la Administración autonómica.

Los afectados, que en muchos casos ya han denunciado el presunto delito ante la Policía Nacional, han visto como sus proyectos de actividad industrial, todos elaborados por el hermano de la funcionaria implicada, no han sido ni visados ni registrados en la Junta, a pesar de que en los originales que ellos conservan mismos figuran el sello correspondiente de la Junta y un número de registro.

Aunque el fraude podría remontarse años atrás, no fue hasta el pasado mes de abril cuando tras la denuncia de un particular en la propia sede de la Delegación Territorial hizo saltar las alarmas en la propia Administración autonómica. A raíz de esta denuncia y tras comprobar la existencia de irregularidades en la tramitación de proyectos de actividad industrial, en el mes de julio, el caso se puso en manos de la Inspección de Servicios de la Junta, que confirmó las sospechas y determinó que, además de faltas, podría existir delitos.

Con este informe, la Delegación Territorial envió la documentación a la Fiscalía y abrió expediente disciplinario a la funcionaria, suspendiéndola de empleo y sueldo de forma provisional, sanción que se retiró una vez que el Juzgado de Instrucción número de Salamanca se hizo cargo del caso e inició la investigación.

Algunos de los afectados con los que ha podido contactar la Agencia Ical, aseguran que han pasado varios años hasta que han descubierto el fraude del que fueron víctimas. Concretamente, en el caso de un taller mecánico el responsable asegura que pasaron casi 24 meses hasta que comprobó que su negocio no existía para la Junta. Según explicó, fue al intentar pasar la inspección técnica a un vehículo propiedad de la empresa cuando desde la propia estación de la ITV le comunicaron que su taller no figuraba en el registro de la Junta.

En otras ocasiones, el fraude se descubrió tras una inspección de la propia Junta, como es el caso de un autónomo que instaló un pequeño taller de carpintería y que octubre de 2016 encargó al ingeniero implicado la tramitación administrativa y la redacción del proyecto para la legalización de su actividad ante el registro de Industria y ante el Ayuntamiento de Villares de la Reina.

Tras abonar una factura de más de 2.600 euros, la sorpresa de este emprendedor se produjo el pasado mes de octubre cuando tras una inspección del Servicio Territorial de Economía, recibe una comunicación de la Junta indicándole que existen «instalaciones industriales de su propiedad que no han sido correctamente comunicadas», y le reclama la presentación de un proyecto relativo a la baja tensión de la nave, así como un certificado de instalación eléctrica y el justificante de haber pasado la inspección del Organismo de Control Autorizado (OCA), y otro proyecto relativo a la protección contra incendios.

Además, la propia Junta le comunica que se trata de una infracción grave de la Ley de Industria de Castilla y León por poner en marcha una instalaciones sin cumplir con los requisitos previos y le impone una sanción de 3.001 euros. Este afectado reconoce que ha sido víctima de una estafa, pero no comprende cómo la propia Junta, sabiendo que él ha sido uno de los damnificados, pretenda sancionarle.

No obstante, desde la Delegación Territorial de Salamanca se ha confirmado que los cauces administrativos en el caso de expedientes sancionadores se van a mantener, aunque se aseguró que «se tendrán en cuenta las circunstancias especiales que rodean al caso».