La justicia deniega que la Generalitat deba restituir los fondos del Archivo

En la citada sentencia, a la que tuvo acceso la agencia Efe, la Sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal catalán desestima el recurso de Policarpo Sánchez contra la decisión adoptada en enero de 2014 por el entonces conseller de Cultura del Ejecutivo catalán, Ferrán Mascarell, por haberse negado éste a reintegrar estos documentos, incautados durante la Guerra Civil y que fueron entregados a partir de la ley de restitución aprobada en 2005.

El demandante pidió que el Govern devolviera todos los archivos que le habían sido transferidos que no habían sido incautados en Cataluña, que no pudieron ser retornados a sus legítimos titulares o sucesores, que fueron entregados a personas que no guardan relación con sus propietarios originales y que no fueron digitalizados en su integridad.

La desestimación de la demanda por el TSJC se fundamenta en cuestiones técnicas del ámbito jurídico, al entender que el recurso no encaja en la acción popular y que la petición se plantea ante la Generalitat, que carece de competencias para resolver, ya que fue el Ministerio de Cultura quien autorizó la salida de estos fondos documentales a través de órdenes dictadas entre 2006 y 2011.

En su resolución, el juez también impone al demandante el pago de las costas, por una cuantía de 1.500 euros. El departamento de Cultura de la Generalitat mostró en la tarde de ayer su satisfacción por la sentencia, que calificó de «muy positiva».

La lectura que hizo Policarpo Sánchez del fallo judicial no es negativa, dado que el incombustible investigador salmantino se mostró especialmente esperanzado tras conocer los contenidos del mismo, pese a que su demanda finalmente no haya prosperado. «No hay ni una sola línea de la sentencia en la que se nos esté quitando la razón», enfatizó Sánchez, quien adelantó que «la lucha continúa» y auguró que el regreso a Salamanca de los legajos que obran en poder de la Generalitat «se encuentra cada vez más cerca». Para Sánchez queda perfectamente delimitado que «según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la decisión del regreso de los papeles la tiene que tomar el Gobierno de España y no la Generalitat», si bien es cierto que el tribunal no se pronuncia sobre si se debe realizar o no la restitución.

Del fallo judicial se desprenden otros matices relevantes, como es el hecho de que la Generalitat no cuenta con la potestad para reintegrar los documentos que fueron enviados ilegalmente al haber sido incautados por el régimen franquista en territorio no catalán, de manera que quien tiene esta facultad es el Gobierno de España. Precisamente por ello, Policarpo Sánchez tiene intención de dirigirse de nuevo a la vicepresidenta del Gobierno recordándole que es el Ejecutivo central el que debe efectuar esta devolución. En esta nueva petición Sánchez piensa adjuntar a Sáenz de Santamaría la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde queda patente que la devolución de los papeles la debe encarar el Gobierno central y la Generalitat. Otro tanto sucede con las digitalizaciones pendientes, una atribución que también queda en manos de la Administración central.

Respecto a los apartados referidos a los legajos que salieron de la capital del Tormes con destino a Cataluña y que la Generalitat no ha restituido a sus legítimos propietarios, estos figuran catalogados en el fallo judicial como propiedad del Estado, por lo que el Gobierno es quien tiene que mover ficha y no el Govenr. Sánchez saco a colación en este sentido las declaraciones vertidas este pasado martes por el alcalde Alfonso Fernández Mañueco, quien recalcó que la posible vuelta de los materiales de la Guerra Civil y del periodo republicano que se encuentran en Cataluña depende de la decisión que adopte la justicia. «Ya hay una sentencia –precisó Sánchez– que dice que esta competencia la tiene el Gobierno y no la Generalitat, por lo que el Gobierno de España debe cumplir la ley».

«Ahora se los pediré al Gobierno», reiteró Policarpo Sánchez en declaraciones realizadas a la agencia Ical, quien insistió en que esta medida «ya está en marcha con la carta enviada la pasada semana a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría». Reconoció, no obstante, que tras la publicación de esta sentencia ya no hay fecha límite con las elecciones catalanas y que puede ser «ahora, en cuatro días o cuatro años», pero instó al Gobierno de Mariano Rajoy a «hacerlo cuanto antes porque lo han pedido ya desde el Senado a las Cortes de Castilla y León».