La Justicia confirma la pena de 21 años y medio de prisión para el hombre que asesinó a su pareja de 51 puñaladas

El tribunal desestimó el recurso de casación interpuesto por el condenado contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca, que le impuso la citada pena por un delito de asesinato con la agravante de parentesco, además del pago de 300.000 euros a las tres hijas de su pareja en concepto de responsabilidad civil. Además, señala que «las situaciones de reanudación de la convivencia con episodios previos de maltrato incrementan el riesgo de las víctimas».

La sentencia advierte de «la necesidad de llevar a cabo un esfuerzo en la valoración de la presencia del incremento del riesgo en las víctimas con una especial atención en su detección en las denuncias que presentan, y que se debe acompañar en la denuncia policial al estudio que al efecto se elabore, así como en los institutos de medicina legal en la valoración forense, como consta en el Protocolo médico-forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género del Ministerio de Justicia, donde se marcan las pautas de la detección del riesgo».

Los magistrados añaden que esto supone actuar desde el campo de la prevención para evitar la reiteración de estos hechos, alertando a la víctima del riesgo existente y articulando instrumentos de ayuda social y económica para que así puedan entrar en ese arco de víctimas en situación de riesgo.

De esta manera, en la sentencia se insiste en que tanto las Administraciones, para adoptar las medidas que puedan a dar protección a las víctimas, como estas mismas para proporcionarles información y asesoramiento sobre el riesgo de una posible decisión de reanudar la convivencia, «son piezas y factores claves para potenciar la protección de las víctimas en la adopción de medidas preventivas que eviten desenlaces mortales incidiendo en la detección y valoración del riesgo que eviten episodios de reanudación de la convivencia ante casos previos de malos tratos, pudiendo evaluarse el riesgo y con información debida y necesaria a las víctimas, así como con medidas de ayuda para evitar posteriores casos de crímenes de género».