La Junta remite 250 informes al juez que investiga el presunto fraude en Industria

El Juzgado de Instrucción número 1 es el que investiga el caso./LAYA
El Juzgado de Instrucción número 1 es el que investiga el caso. / LAYA

La Justicia investiga a la jefa de sección de este Servicio de la Delegación Territorial y también a su hermano, tras destaparse la supuesta trama hace varios meses

ICALSALAMANCA

La Delegación Territorial de la Junta en Salamanca ya ha remitido al Juzgado de Instrucción número 1 de la capital charra alrededor de 250 expedientes de autónomos y pymes afectados por el supuesto fraude de los permisos de Industria. La instrucción del caso, destapado hace un año tras una denuncia de la propia Junta ante la Fiscalía, podría prolongarse varios meses más, dada su complejidad, según explicaron fuentes judiciales a la agencia Ical.

La Justicia está investigando por delitos de prevariación y falsedad documental a la jefa de la sección del Servicio Industria de la Delegación Territorial de Salamanca, B.J., mientras que a su hermano, el ingeniero que realizaba los proyectos, le investiga como cooperador necesario de esos dos delitos, además de por estafa. En este sentido, las mismas fuentes confirmaron que aún siguen registrándose denuncias contra él. Ambos ya declararon en el Juzgado.

Este caso, que podría afectar a unos 300 autónomos y pymes de la provincia de Salamanca, fue denunciado por la propia Delegación Territorial de la Junta de Salamanca ante la Fiscalía, y en el mismo la Junta de Castilla y León se ha personado como acusación particular.

Los afectados han visto como sus proyectos de actividad industrial, todos elaborados por el hermano de la funcionaria implicada, no han sido ni visados ni registrados en la Junta, a pesar de que en los originales que ellos conservan figuran el sello correspondiente de la Junta y un número de registro.

Aunque el fraude podría remontarse años atrás, no fue hasta el pasado mes de abril cuando tras la denuncia de un particular en la propia sede de la Delegación Territorial hizo saltar las alarmas en la propia Administración autonómica. A raíz de esta denuncia y tras comprobar la existencia de irregularidades en la tramitación de proyectos de actividad industrial, en el mes de julio, el caso se puso en manos de la Inspección de Servicios de la Junta, que confirmó las sospechas y determinó que, además de faltas, podría existir delitos.

Con este informe, la Delegación Territorial envió la documentación a la Fiscalía y abrió expediente disciplinario a la funcionaria. Desde la Delegado Territorial se recalcó en su día que siempre se actuó siempre con celeridad, a la vez que se confirmó que la funcionaria implicada se encuentra provisionalmente suspendida de empleo y sueldo hasta que haya una sentencia firme del caso.

Agunos de los afectados por este fraude aseguran que han pasado varios años hasta que han descubierto la trama de la que fueron víctimas. Concretamente, en el caso de un taller mecánico el responsable asegura que transcurrieron casi 24 meses hasta que comprobó que su negocio no existía para la Junta. Según explicó, fue al intentar pasar la Inspección Técnica a un vehículo propiedad de la empresa cuando desde la propia estación de la ITV le comunicaron que su taller no figuraba en el registro de la Junta.

Descubrimiento

En otras ocasiones, el fraude se descubrió tras una inspección de la propia Junta, como es el caso de un autónomo que instaló un pequeño taller de carpintería y que octubre de 2016 encargó al ingeniero implicado la tramitación administrativa y la redacción del proyecto para la legalización de su actividad ante el registro de Industria y ante el Ayuntamiento de Villares de la Reina.

Tras abonar una factura de más de 2.600 euros, la sorpresa de este emprendedor se produjo el pasado mes de octubre cuando tras una inspección del Servicio Territorial de Economía, recibe una comunicación de la Junta indicándole que existen «instalaciones industriales de su propiedad que no han sido correctamente comunicadas», y le reclama la presentación de un proyecto relativo a la baja tensión de la nave, así como un certificado de instalación eléctrica y el justificante de haber pasado la inspección del Organismo de Control Autorizado (OCA), además de otro proyecto relativo a la protección contra incendios.