La Guardia Civil destruyó 1.200 armas de fuego en Salamanca en 2018

Armas incautadas por la Guardia Civil durante una interrvención en la provincia de Salamanca./LAYA
Armas incautadas por la Guardia Civil durante una interrvención en la provincia de Salamanca. / LAYA

Es la tercera provincia de la región en la que más armas se inutilizaron, tras Valladolid y empatada con León

E. PRESS

La Guardia Civil ha destruído 7.800 armas en Castilla y León en 2018, 1.200 de ellas armas cortas, 3.700 largas y 2.900 de otro tipo, en el marco de la normativa vigente y de acuerdo al programa de Acción de Naciones Unidas sobre el comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras.

A nivel nacional en el mismo ejercicio se han eliminado más de 50.000 armas de fuego, lo que sumado a las actuaciones realizadas en la misma materia desde 2013 sitúa la cifra de armas destruidas en más de 430.000.

Por provincias, Valladolid fue donde más armas se eliminaron en la Comunidad, con 2.100; seguida de León y Salamanca, que contabilizaron 1.200 ambas, mientras en Burgos se destruyeron 900 y en Zamora 700.

Asimismo, en la provincia de Palencia se erradicaron 600 armas, en Soria 500 y en Ávila y Segovia 300, según datos facilitados por la Benemérita.

Estas acciones se enmarcan dentro de la normativa vigente en España y se suma al Programa de Acción de Naciones Unidas sobre el comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras, que tuvo su origen en la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras, celebrada en julio de 2001.

En España, desde 1844 la Guardia Civil se ha encargado del control de armas para evitar su proliferación y como medida de prevención, mientras en la actualidad, la competencia en materia de armas y explosivos que el Estado tiene se materializa por medio de las Intervenciones de Armas y Explosivos de la Guardia Civil.

La Guardia Civil lleva a cabo la destrucción de armas de fuego de diversos calibres, así como armas blancas prohibidas, algunas de ellas están implicadas en actos ilícitos, penales o administrativos y tras el correspondiente procedimiento se determinan su destrucción, mientras otras se destruyen por cesar sus titulares en el derecho a la tenencia y uso y no haber sido adjudicadas en subastas.