UGT critica «las prisas» en sacar la Ley de la Carrera Profesional y afirma que no se ha negociado

Alegría Alonso, Fernando Lopez y Antonia Isabel Guerrero./WORD
Alegría Alonso, Fernando Lopez y Antonia Isabel Guerrero. / WORD

El sindicato asegura que la norma es «precipitada y parcial» y que no recoge las mismas condiciones para todos los empleados públicos

ROSA M. GARCÍA / WORDSALAMANCA

UGT Salamanca quiso dejar claro ayer que la Ley de Implantación y Desarrollo de la Carrera Profesional de los Empleados Públicos, aprobada en las Cortes regionales el miércoles, con los votos de PP y Ciudadanos, no ha sido pactada con los sindicatos, en contra de lo que mantienen algunos partidos. El secretario general de FeSP-UGT, Fernando López Sánchez, no sólo criticó que no se hayan sentado en una mesa de negociación, sino que dicha normativa «no tiene las mismas condiciones para todos los empleados públicos» y la promoción supone «una carrera de obstáculos para subir de grado».

López Sánchez recordó que la aplicación de la carretera profesional debería haberse realizado a partir del año 2007, al igual que en otras comunidades, que tienen a todos los trabajadores con carrera profesional y con negociación colectiva. Sin embargo, en Castilla y León, añadió, «empezó en 2009 a hacerse con el Sacyl, con el compromiso que fuera anual, y después se paralizó».

UGT pide un procedimiento extraordinario para su aplicación, que tenga en cuenta los años de servicio ya cumplidos por los empleados, así como que se regule la situación de los fijos discontinuos teniendo en cuenta las campañas completas, porque si no «nunca tendrá carrera profesional».

Para López, «no se ha realizado ni un esfuerzo económico ni político» y ahora «se ha hecho con prisas» antes de las elecciones. «Realizan la campaña electoral a costa de los empleados públicos y legislan sin contar con los afectados», sentenció.

Por su parte, la secretaria del Sector Educación, Alegría Alonso González, afirmó que desde «el colectivo de docentes rechazamos la propuesta negociada por los políticos y no en mesas sectoriales», una ley que es «precipitada y parcial».

Criticó, además, que con esta normativa «se da a escoger a los funcionarios docentes entre la carrera profesional y los sexenios», que se cobran desde el año 1992, y «no es de recibo». «Si dices sí a la carrera profesional, pierdes unos derechos consolidados, lo que va a provocar diferencias en un colectivo que estaba igualado».

Antonia Isabel Guerrero Jiménez, secretaria del Sector Sanidad, apuntó que en 2009 hubo una convocatoria extraordinaria para optar a los distintos grados, con el compromiso de que saldría anualmente, pero en 2012 se paralizó. A esto añadió que «las cuestiones que les piden para acceder a ciertos grados son inasumibles y absurdas».

Para Guerrero, «la situación es intolerable; lanzan compromisos que se quedan en aguas de borrajas».