Cláusulas medioambientales y sociales para los pliegos de contratación pública

Sobre este punto, que sólo contó con una ronda de intervenciones, Gabriel de la Mora, de Ganemos Salamanca, recordó que esta misma cuestión fue aprobada hace dos años, el 9 de abril de 2016, tras una moción presentada por su partido, a la que no se llegó a dar efecto. «Entonces hubiera sido algo innovador y hoy se hace porque lo exige la ley», afirmó, para añadir que, aún así, era algo positivo, de ahí su voto a favor. Y también porque se trataba en una propuesta en la que han colaborado todos, aunque consideró que aún hay cosas que matizar porque «esta instrucción se restringe a contratos de más de 60.000 euros y de más de cuatro meses y se dice que en los demás se procurará, cuando debía de ser para todas las contrataciones».

Jesús de San Antonio, por Ciudadanos, recalcó que se trata de un documento abierto que se debe ir mejorando; mientras que Beatriz Martín, del PSOE, felicitó a todos los grupos por sacar adelante el borrador con ayuda de los técnicos y sin externalizar el trabajo.

Cerró el turno de intervenciones el portavoz del PP, Carlos García Sierra, quien agradeció a todos los grupos el trabajo realizado y aseguró que se velará para que estas cláusulas no perjudiquen a las pequeñas y medianas empresas de la provincia.

Si la segunda parte del pleno fue rápida y con acuerdo de las partes, no así la primera, en la que se debatió la inadmisión del recurso interpuesto por una funcionaria contra el acuerdo del pleno extraordinario del 8 de marzo, en el que se acordó manifestar al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que no se podía cumplir con la sentencia dictada, la cual declaraba nulo el pleno en el que se aprobaron los presupuestos de 2016, así como la plantilla y la RPT (Relación de Puestos de Trabajo).

La inadmisión del recurso fue aprobada por los 13 votos del Partido Popular, mientras que la oposición al completo (Partido Socialista, Ciudadanos y Ganemos), en total 12 votos, se abstuvieron, aunque los motivos para ello fueron diferentes, como expresaron en sus dos turnos de intervenciones.

Ganemos Salamanca consideraba, tras criticar la celebración de un nuevo pleno extraordinario que costaría a las arcas provinciales más de 7.000 euros, que se trata de un recurso particular, que afecta a una plaza creada en la RPT de 2016; y justificó su abstención porque «sólo apoyará aquella solución que cumpla dos premisas: que no afecte a terceros de buena fe y que no mantenga la impunidad por parte del Gobierno ante sus continuas ilegalidades».

Para Ciudadanos, según explicó su portavoz, Manuel Hernández, la trabajadora tiene derecho «a que se reconsidere la decisión del pleno, no se puede decir que carece de legitimidad», por lo que estaba a favor de que se admitiera a trámite y fuera la justicia quien resolviera. Por ello, se abstuvo, porque «C's no va a cortar de raiz el derecho de la recurrente a ir a la justicia, no va a cercenar el derecho de una funcionara que considera que se han perjudicado sus intereses», apostilló.

Para el PSOE, como manifestó su portavoz, Carmen García, «la política de personal de la Diputación no es la correcta, pues ha sido cuestionada en numerosas ocasión, lo que significa que algo se estará haciendo mal y que hay que cambiar», pero aún así, García señaló que «si los servicios jurídicos dicen que la demandante no tiene capacidad legítima para presentar el recurso, no somos nosotros los que vamos a ir en contra». Aunque, matizó que una vez que el juez se pronuncie, si lo hace en contra de la Diputación, «pediremos responsabilidades».

El encargado de responder por el PP fue el diputado de Recursos Humanos, José María Sánchez, que informó que la decisión de considerar inadmisible el recurso se ha tomado después de ver los informes de la secretaría y del asesor, que indican que el recurso no puede prosperar.

Por otro lado, durante las intervenciones de PSOE y PP se hizo referencia a una reunión mantenida la semana pasado con los sindicatos para buscar soluciones factibles con el fin de que ningún trabajador se pueda ver afectado  por acciones políticas, como es el caso de los puestos aprobados en el pleno que ha sido declarado nulo.