La Junta urge al Ayuntamiento para que elabore la ordenanza del área de prestación conjunta del taxi

Así, el bono mensual ordinario pasará de 41,5 a 37,7 euros (3,78 euros menos).Este tipo de bono fue usado por casi 190.000 viajeros durante el año 2018.

El bono combinado, que permite usar los autobuses metropolitanos y los urbanos, se rebaja de los 45,24 euros actuales a 41,13 (4,11 euros menos). Más de 232.000 personas lo emplearon en 2018.

El bono tarjeta monedero, en el que el usuario puede almacenar la cuantía que desee para gastarla viaje a viaje, pero con un coste menor que un billete ordinario, abarata cada viaje abonado con ella. Uno sencillo asciende a 1,06 euros y pasará a costar 0,96 una vez que la rebaja entre en vigor. Es la tarjeta de autobús más usada de Salamanca (casi 900.000 viajeros en 2018).

Finalmente, el bono para pensionistas. Cada servicio le cuesta a su dueño 0,66 euros, que se quedarán en 0,6 una vez se apruebe el descuento. El año pasado fue empleado en más de 217.000 desplazamientos.

José Luis Sanz también aludió a «otro tipo de transporte público» como es el taxi y lanzó un mensaje al Consistorio de la capital.

El viceconsejero de Infraestructuras y Emergencias recordó que la consejería de Fomento y Medio Ambiente aprobó «en mayo» la implantación del área de prestación conjunta para el taxi en Salamanca y su alfoz. 'Grosso modo', se crea una única zona entre Salamanca y las localidades vecinas en la que todos los taxis pueden trabajar sin problemas, pero hasta que el Consistorio de la capital no apruebe la ordenanza de transporte público y el resto de pueblos se adhieran a ella, el área de prestación conjunta no empezará a funcionar. «Están involucrados un número importante de municipios junto a Salamanca. Queremos llega a 24. Faltan ocho por incorporarse» al área «y sobre todo falta lo más importante. Sabemos de los esfuerzos del Ayuntamiento y confiamos en que, de un modo ágil y rápido, puedan ultimar la ordenanza de prestación que dé cabida a este tipo de solución», apuntó.

Sanz confía en que la normativa sea pronto una realidad para que «los dos ámbitos del transporte público» contribuyan a «aliviar el tráfico privado de Salamanca y garantizar los derechos a la movilidad de todos los vecinos».