El auge de los pisos turísticos «está privatizando parte de las ciudades»

Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca y los grupos de Stop Desahucios de Castilla y León celebraron ayer en Salamanca su asamblea regional para debatir sobre cuestiones de interés para ambas agrupaciones. La Ley de Vivienda Regional, los problemas vinculados a los 'fondos buitre', el incremento de los precios de alquiler o los procesos de empobrecimiento de la ciudadanía salieron a relucir en el encuentro.

Desde Stop Desahucios Salamanca corroboraron que la problemática asociada a los pisos turísticos de alquiler «interesa mucho» a los activistas por la vivienda. La proliferación de pisos para el turismo en el centro de las ciudades ha encarecido los alquileres y ha hecho algunos barrios inhabitables por los precios de las rentas. Según Stop Desahucios, esta cuestión «no sólo afecta a la vivienda, sino al uso y disfrute de la ciudad. Se está privatizando parte de su uso. El centro de la ciudad ya no es para los vecinos, sino para los demás, para los visitantes», explican.

De hecho el alquiler concentra buena parte de las reivindicaciones y de las preocupaciones de la Asamblea. Portavoces de Stop Desahucios comentan que la situación actual «es bastante diferente y más complicada que antes». Si hasta hace unos años lo más relevante eran las consecuencias de las hipotecas, «con el alquiler es más complejo». Antes se 'enfrentaban' a los bancos, pero en cuestiones de arrendamientos se cruzan intereses de particulares, «fondos buitre», bancos (no todos ellos con sedes físicas en las que reclamar) y administraciones «que no buscan soluciones». Las asociaciones que ayer participaron en la Asamblea defendieron que no debe haber desalojos «si no hay alternativas habitacionales» y reclamaron a la administraciones que busquen soluciones «en vez de justificar que no las haya».

Uno de los puntos del debate estuvo relacionado con cuestiones vinculadas a la Ley de Viviendas planteada por las Plataformas de Afectados por la Hipoteca. Éstas llevan cuatro años trabajando en una norma regional similar a la que se planteó en otras Comunidades, que pediría «movilizar la vivienda vacía en favor de la gestión pública» para evitar que los pisos «estén cerrados sin más» esperando a que se revaloricen. En la Plataforma creen que en circunstancias como éstas debería primar el derecho de uso a la vivienda sobre el de la propiedad. «Hay stock, pero se saca sólo una parte al mercado para encarecerlos».

La Asamblea añade que el Gobierno de Rajoy vetó los proyectos de leyes de vivienda regionales (posteriormente rehabilitadas por el Constitucional) y confía en que el cambio de Gobierno modifique esta situación, ya que el PSOE «se comprometió» a llevarlas a trámite y «ahora es momento de recordárselo»