La asociación Salvar el Archivo de Salamanca asegura que el Supremo refuerza sus demandas

Responsables de la asociación Salvar el Archivo, durante una rueda de prensa. /LAYA
Responsables de la asociación Salvar el Archivo, durante una rueda de prensa. / LAYA

Mantiene que la Generalitat «está obligada a devolver de inmediato los 400.000 documentos que retiene ilegalmente en su poder»

REDACCIÓN / WORDSALAMANCA

El presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, Policarpo Sánchez, aclaró, ante la confusión generada por la sentencia del Tribunal Supremo, la cual avala la entrega de nuevos documentos del Archivo General de la Guerra Civil, que se trata de «un fallo que favorece la lucha» que la asociación mantiene desde hace años en defensa de la legalidad para que sean devueltos los 400.000 documentos que la Generalitat de Cataluña «retiene ilegalmente en su poder, puesto que no han sido entregados a sus legítimos propietarios». Además sostienen en un comunicado, que el plazo para hacerlo «expiró hace años».

Por tanto, consideran que esos documentos «integran el Archivo General de la Guerra Civil, con su imperativa devolución o reintegro al mismo», como emite el documento. Por su parte, Sánchez expuso que «en la práctica, esta sentencia, da la puntilla a la Generalitat», por lo que obliga a «la devolución inmediata de esos centenares de miles de documentos y dejan al Ministerio de Cultura sin excusas para no exigirlo».

La decisión del Tribunal Supremo, conocida el pasado 17 de junio, afectó a otros 23.000 documentos que deben ser trasladados a Cataluña para su restitución a sus legítimos propietarios, con la obligación de devolver esos documentos si en un año aquellos no son encontrados, según detallaron a través de un comunicado.

La primera respuesta de la Generalitat tras la comunicación del Tribunal fue reafirmar que «no tiene ninguna intención de devolver documentos al Archivo General de la Guerra Civil en Salamanca», ni los que retiene ilegalmente de anteriores transferencias, que ya debía haber devuelto, ni tampoco lo tiene previsto hacer con los que ahora reciba, «a pesar de ser público y notorio que no tienen propietario y que, de acuerdo con la sentencia, en un año deberían ser devueltos», dijo Sánchez.

Se trata de una prueba más «del ninguneo y el incumplimiento de la Ley y las sentencias judiciales por parte de la Generalitat», a lo que se suma «la más absoluta negligencia por parte del Gobierno español para cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico en Cataluña», aseguró.

La asociación trabajará en las fórmulas legales que avale el cumplimiento de la ley y de las resoluciones judiciales, garantice la devolución al Archivo de todos los documentos que ahora sean entregados a la Generalitat y de los que ya deberían de haber sido devueltos.