Los 15 años del Consejo Consultivo generaron 14.500 dictámenes

Una «institución adolescente» con apenas 15 años de vida que festejó ayer el XV aniversario de su constitución en otra institución con nada más y nada menos que ocho siglos de fecunda historia, como es la Universidad de Salamanca. Con este metafórico paralelismo resumió ayer el presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Mario Amilivia, el sentido de la jornada conmemorativa que celebró por la mañana este organismo en el Aula Unamuno de las Escuelas Mayores con el fin de poner en valor su doctrina jurídica en su constante empeño para combatir el fraude y la corrupción en nuestra sociedad.

Durante estos tres lustros de actividad, el Consejo Consultivo ha emitido 14.500 dictámenes, a los que deben añadirse las 569 resoluciones emitidas por un montante de 4.188 millones por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl), que es un organismo adscrito al Consultivo. Amilivia consideró que estos 15 años se resumen con «un balance positivo», puesto que «sin aspavientos se ha logrado controlar la legalidad y se ha evitado la litigiosidad para la Administración Autonómica», consiguiendo que «impere la justicia administrativa a través de una institución eficiente al servicio del Derecho público». En este sentido, Amilivia señaló que existe «un Derecho público nuevo que se está generando en España, de carácter garantista, que busca mecanismos correctores», y en el que se enmarca «tanto el Consejo Consultivo, como control previo de la legalidad, como el Tribunal de Recursos Contractuales, como instrumento de fiscalización previa de la contratación en la Administración, coadyuvando a que las administraciones sirvan mejor a sus intereses».

De los 14.500 expedientes, las reclamaciones de responsabilidad patrimonial son las que constituyen la mayor parte de la actividad del Consultivo, exactamente 12.439. A ellos deben sumarse los 490 expedientes emitidos sobre proyectos de ley (137 anteproyectos de ley y 353 reglamentos ejecutivos) así como los 13 derivados de recursos de inconstitucionalidad o conflictos de competencia. También hay 91 dictámenes sobre modificaciones de planes urbanísticos, 32 sobre convenios y acuerdos de cooperación con otras comunidades autónomas, 47 sobre creación o supresión de municipios y alteración de términos municipales, 663 sobre revisiones de oficio de los actos administrativos y 353 sobre la aprobación de pliegos de cláusulas administrativas.

Amilivia puntualizó que aunque los dictámenes del Consejo Consultivo «no son vinculantes sino preceptivos», son asumidos y ejecutados en el 95% de los casos por las administraciones. Además, el Tarcyl está resolviendo «con eficacia y eficiencia» los recursos con un plazo medio de emisión de la resolución de solo 23,6 días. Todo ello genera indirectamente otro dato positivo, como es que únicamente el 3,5% de los recurrentes acude a la vía contenciosa en los tribunales.

Respecto a la nueva Ley de Contratos del Estado, Amilivia afirmó que «va a aumentar el número de recursos que se podrán tramitar al haberse reducido el umbral económico, y crecen los actos susceptibles de recurso en materia de contratación», lo que multiplicará «los recursos», todo ello enmarcado en un contexto de «cambio total» derivado de que, a partir de ahora, las administraciones tendrán en cuenta «no solo a la oferta económicamente más ventajosa, sino al carácter social, medioambiental y de innovación y desarrollo» de los contratos públicos, priorizándose en este sentido el criterio de la calidad en los mismos.

Precisamente, la presidenta de las Cortes regionales, Silvia Clemente, se mostró partidaria durante su intervención en la jornada de «revisar el funcionamiento del Consejo Consultivo» tras la entrada en vigor en marzo de la nueva Ley de Contratos, que determina «cambios sustanciales en cuanto a las tareas que realiza» el Tarcyl. A partir de ahora dicho órgano adscrito «tiene que revisar las modificaciones de los contratos y cuándo se realiza una concesión», situación que puede determinar que «en algunos casos, el Consultivo tenga que emitir un dictamen que afecte a ese mismo contrato que ha sido dictaminado», lo que obliga a acometer esta revisión, con el fin de «garantizar el buen funcionamiento que hasta ahora ha tenido».

Además, Clemente recordó que la Ley de 2013 para la modificación de la organización y el funcionamiento de las instituciones propias de la Comunidad «se dictó para atender una situación concreta, pero superada la crisis económica y en un momento de recuperación como éste, es obligado revisar el funcionamiento del Consejo Consultivo», puesto que «el legislador tiene que estar atento a las necesidades de evolución y avance de una institución para dar una respuesta adecuada».

Silvia Clemente felicitó especialmente al Consejo Consultivo por contribuir a la lucha contra el fraude y la corrupción y remarcó también que dicho órgano ha sido beneficioso para el autogobierno de Castilla y León. También enfatizó que la función consultiva «garantiza el principio de la legalidad como fundamental para el funcionamiento de las instituciones».