Andalucía aprobó una ley que le faculta para reclamar documentos delArchivo

La dirigente socialista Susana Díaz Pacheco, en su condición de presidenta de la Junta de Andalucía, estampó su rúbrica el 28 de marzo de 2017 en la bautizada comoLey de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, dando de esta forma sustento legal a la norma que había aprobado previamente el Parlamento de Andalucía con el voto favorable y el refrendo al unísono del PSOE y Podemos y la sonada abstención delPP yCiudadanos. La normativa en cuestión superaba, en opinión de la mayoría de los analistas políticos, la ley sobre la memoria histórica que promulgó elGobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2007.

Aparentemente esta ley no guarda relación alguna con las particulares circunstancias de Salamanca. Sin embargo, la lectura pormenorizada de algunos de sus artículos desvelan un efecto evidente sobre el Archivo de Guerra Civil que se encuentra ubicado en la calle Gibraltar de la capital salmantina, dado que afecta directamente a los fondos andaluces que se encuentran almacenados desde hace décadas en dicho inmueble.

Los legajos del Archivo salmantino, reconvertido actualmente bajo la denominación terminológica de Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH), siguen siendo codiciados por otras comunidades autónomas. El interminable serial que arrancó con la tempestad política que se desencadenó en febrero de 2006 cuando partió, bajo un estricto cordón policial de vigilancia, la primera remesa de documentos del Archivo para ser enviados a Cataluña y ser entregados a laGeneralitat sigue generando nuevos capítulos y coletazos. En este caso, el protagonismo emana desde los estamentos políticos de Andalucía.

El texto de la controvertida ley andaluza resulta especialmente elocuente en algunos de sus enunciados, dado que abre la puerta a posibles reclamaciones de documentos andaluces del periodo de la II República y de los sangrientos años de laGuerra Civil, que fueron incautados por el régimen del general ferrolano Francisco Franco Bahamonde y que han sido guardados celosamente a lo largo de más de medio siglo en las estanterías de las dependencias del Archivo.

En concreto, en la disposición adicional tercera de la ley, que versa sobre la desaparición de fondos documentales, se señala textualmente en su artículo número dos que «el Gobierno de la Junta de Andalucía emprenderá, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, actuaciones encaminadas a que el patrimonio documental perteneciente a la Administración del Estado en relación con la memoria democrática de Andalucía se transfiera al Archivo General de Andalucía, a excepción de los archivos judiciales, que se regirán por su normativa específica».Por si fuera poco, en el punto tres se recalca que «el Consejo de Gobierno impulsará las medidas necesarias, en colaboración con las administraciones públicas, para la recuperación del patrimonio documental en materia de memoria democrática incautado por las fuerzas golpistas en Andalucía durante la Guerra Civil y la dictadura franquista y su incorporación al Archivo General de Andalucía».

Es decir, en ambos puntos se concreta que los responsables políticos de la Junta de Andalucía estarán facultados, en virtud de los contenidos de esta norma, para reclamar al Estado, concretamente, alMinisterio de Cultura, los legajos andaluces de particulares, asociaciones y entidades que fueron requisados por el régimen franquista y que se encuentran repartidos en lugares que no forman parte del territorio andaluz, como sucede, fundamentalmente, con los papeles originarios de Andalucía que permanecen guardados y clasificados desde los años de la postguerra en las dependencias delArchivo de la Guerra Civil en la capital delTormes.

Los paralelismos con la ofensiva estratégica que desplegó la Generalitat catalana frente el Estado desde finales del pasado siglo, y que desembocaron finalmente en la entrega alGovern catalán de más de 400.000 documentos delArchivo salmantino, ya han aflorado.Pese a ello, fuentes consultadas de laConsejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de la Junta de Andalucía desmintieron que el Ejecutivo andaluz haya solicitado oficialmente alMinisterio de Cultura durante este periodo la entrega de documentos andaluces que están depositados en algunos de los archivos estatales, como sucede con el de Salamanca. La estrategia de dicha Consejería ha ido encaminada, a lo largo de este casi año y medio que ha transcurrido desde la entrada en vigor de la ley, a la excavación de fosas comunes y la recuperación de los restos mortales de los represaliados andaluces y no tanto a la búsqueda de documentación. Por ello, por el momento no ha llegado ninguna reclamación alMinisterio de Cultura para que haga entrega de los fondos andaluces del Archivo.

La ley se vio salpicada por un fuerte terremoto político cuando el anterior Gobierno de MarianoRajoy advirtió de que estaba dispuesto a recurrirla ante el TribunalConstitucional, especialmente el articulado descrito anteriormente. Finalmente –en diciembre de 2017- el Estado y la Junta de Andalucía pactaron una solución negociada para evitar que el recurso se materializara.