La adjudicataria de la obra del vial del hospital rebajó a 100.000 euros su petición económica para evitar el ultimátum municipal

El pleno municipal ratificó por unanimidad el requerimiento previo aprobado por la Comisión de Bienes y Contratación a la UTE Arcor-Mestolaya, adjudicataria de las obras del vial del hospital, consistente en dar un ultimátum de cinco días para que dicha unión temporal de empresas inicie los trabajos. De esta forma, la corporación local acordó no aceptar las nuevas condiciones planteadas por la adjudicataria, que pedía una modificación del contrato de adjudicación, solicitando un incremento adicional de 700.000 euros sobre el presupuesto inicial, además de una ampliación del plazo de ejecución de las obras con cinco meses más. En el caso de que la empresa no acepte el ultimatún –todo apunta a que así sucederá finalmente– el contrato quedará rescindido definitivamente y se licitarán de nuevo las obras.

Pese al entendimiento entre los cuatro grupos políticos, las fuerzas de la oposición reprocharon a Carlos García Carbayo su falta de transparencia y de haber ocultado información desde el pasado mes de julio sobre las trabas que estaba poniendo la empresa adjudicataria. El concejal de Ciudadanos, Fernando Castaño, remarcó que este contrato deberá ser controlado por el pleno municipal y no por la Junta de Gobierno Local, siendo partidario de que se convoquen todos los «plenos extraordinarios que sean necesarios».

El edil socialista Arturo Ferreras lamentó «la falta de diligencia» del primer teniente de alcalde, por lo que estimó que «ya es hora de que se exija a la empresa el inicio de las obras».

Carlos GarcíaCarbayo se defendió de la oleada de críticas anunciando que el Ayuntamiento no piensa ceder en ningún momento a «los chantajes» de la UTE.También recordó que «nadie ha aceptado un modificado de tapadillo» del contrato, rebatiendo de esta forma las insinuaciones que vertió Castaño, y dejó claro que la postura del grupo de gobierno en este caso ha sido siempre «la firmeza».

Por su parte, Gabriel de la Mora, en representación de Ganemos, puso en tela de juicio y cuestionó sin tapujos la forma en la que el PartidoPopular había gestionado este espinoso asunto, ya que el PPha demostrado en su trayectoria que «tiene unos antecedentes muy feos».

Durante el intenso debate plenario, salió a recluir un dato sorprendente y que no había trascendido hasta el momento. La UTE adjudicataria presentó este pasado miércoles una propuesta alternativa al Consistorio, rebajando sus pretensiones de ampliación presupuestaria que habían dado origen a este conflicto.En el documento, la empresa alega que había solicitado una entrevista con el concejal de Fomento y Patrimonio para abordar todas estas cuestiones, pero éste no había accedido a recibirla. Además, la UTE sugería reducir de 700.000 a 100.000 euros el dinero adicional que demandaba al Ayuntamiento para poder acometer las obras. En el documento también se reseña un párrafo donde se ponía de relieve que las empresas estarían dispuestas incluso a mantener los doce meses de plazo estipulados para la ejecución de los trabajos y que están fijados expresamente en el contrato, renunciando a los cinco meses adicionales que habían planteado posteriormente.

Por de pronto el Ayuntamiento procederá, si la empresa hace caso omiso del ultimátum, a la incautación de los 200.000 euros depositados en concepto de garantía y sopesará reclamar una indemnización económica a la UTE por los daños y perjuicios causados.