El Senado insta al Gobierno a dar «su más firme apoyo» a la integridad del Archivo

El Senado aprobó ayer las mociones presentadas por Foro Asturias (Grupo Mixto) y por el Grupo Parlamentario Popular en las que se insta al Gobierno a dar «su más firme apoyo a la integridad del Archivo de Salamanca, cumpliendo las leyes y las resoluciones judiciales» y exigir a la Generalidad de Cataluña la inmediata restitución al Archivo General de la Guerra Civil, con sede en Salamanca, de los documentos que retiene indebidamente en su poder.

El presidente de la Asociación Salvar el Archivo, Policarpo Sánchez, se mostró muy satisfecho por el apoyo mayoritario de los senadores a la unidad del Archivo, porque «es de vital importancia que las instituciones principales de España se unan en la defensa del cumplimiento de la Ley y las Sentencias judiciales».

Sánchez recordó, tal como se defiende en las mociones presentadas por Foro Asturias y PP, que la Generalitat mantiene indebidamente en su poder una parte del patrimonio de todos los españoles que se conservaba en el Centro Documental de la Memoria Histórica, una institución de titularidad estatal.

«Aquellos papeles de diferentes comunidades autónomas que no son la catalana no pueden ser ilegal e impunemente retenidos y maltratados en manos del Gobierno de Puigdemont», afirmó Sánchez, «no le pertenecen y la justicia española ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sentenciando, entre otras cosas, que esos documentos sean restituidos a los fondos que deben conservarse en el Archivo de Salamanca».

Las mociones presentadas y aprobadas por el Senado refieren, en defensa de la unidad del Archivo de Salamanca, la sentencia del Tribunal Constitucional relativa al Archivo de la Guerra Civil española, recordando que en su momento se autorizó el traslado a Cataluña únicamente de la documentación correspondiente a esa comunidad autónoma.

Igualmente, se mencionan las resoluciones judiciales en las que se evidencia que hubo fraude de ly al entregar documentos a quienes no son sus propietarios o herederos, ni que tampoco se realizaron copias de miles de documentos tal y como se estipula en el artículo 3.2. de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre.

«Son documentos que refieren historias humanas y restos de memoria colectiva que no debieron salir nunca del Archivo», declaró la senadora Rosa Domínguez de Posada, de Foro Asturias, en la defensa de su moción.

Por su parte, la moción del PP resalta que «el material trasladado en su momento no cumple lo establecido en la Ley de Restitución y por lo tanto, deben ser devueltos al Archivo de Salamanca».

La moción del PP exige al Gobierno, desde la Comisión de Cultura del Senado, la inmediata restitución de los documentos en poder de la Generalitat requeridos por el Gobierno de la nación el 12, y 13 de julio de 2013, el 5 de diciembre de 2014 y el 3 de marzo de 2017. Igualmente, urge al Gobierno la obtención de la Generalitat de la información sobre el desarrollo y el resultado del proceso de restitución para su entrega a las personas naturales o jurídicas de carácter privado. Y, por último, pide al Gobierno que exija el inventario de los documentos incautados en Cataluña y transferidos que no han podido ser restituidos y la identidad de las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada a quienes han sido restituidos los bienes.

La moción auspiciada por la senadora Rosa Domínguez de Posada, de Foro Asturias, insta al Gobierno a que apoye la integridad del Archivo cumpliendo las leyes y resoluciones judiciale, y que se comprometa, igualmente, con el Archivo y los fines para los que fue creado. En tercer lugar, «que exija a la Generalidad de Cataluña la inmediata restitución al Archivo General de la Guerra Civil, con sede en Salamanca, de los documentos no restituidos a sus legítimos propietarios», lo que implica la devolución de los documentos no restituidos, los que ha restituido a quienes no son propietarios y los que recibió indebidamente, al proceder de familias de 23 provincias no catalanas. Finalmente, la moción de Foro Asturias, pide al Gobierno central que vele por el cumplimiento, por parte de la Generalitat, de la obligación de realizar copias de los documentos correctamente transferidos.