Un exrecluso yihadista de Topas reclama una indemnización de 487.000 euros al Gobierno

El grupo de yihadistas juzgado en 2007. /
El grupo de yihadistas juzgado en 2007.

Zelmat Salah estuvo encarcelado tres años y medio por planear volar por los aires la Audiencia Nacional, fue absuelto por el Supremo y ahora le ampara el Constitucional

RICARDO RÁBADE

Se llama Zelmat Salah y su pasaporte acredita que nació en el año 1964 en Argelia. Emigró a España y acabó radicalizando su fe musulmana vinculándose al universo yihadista. Entre el 2 de noviembre de 2004 y el 12 de mayo de 2008 estuvo encarcelado por su presunta vinculación con el terrorismo de corte islamista.La mayor parte de ese periodo nada más y nada menos que 1.270 días permaneció confinado en la cárcel salmantina de Topas. El 27 de febrero de 2008 fue condenado a siete años de prisión por la Audiencia Nacional por su pertenencia a banda armada.Sin embargo, el 7 de octubre de aquel año fue absuelto por el Tribunal Supremo al ser aceptado su recurso de casación.

Zelmat Salah fue uno de los 30 detenidos en la Operación Nova, instruida por el exmagistrado Baltasar Garzón, que permitió desmantelar un entramado yihadista cuyo embrión se gestó en Topas, donde se esbozó un delirante plan terrorista para volar por los aires la Audiencia Nacional con un coche bomba.

Una vez quedó en libertad, el súbdito argelino decidió entablar una cruzada contra el Estado por los tres años y medio que pasó en prisión. En septiembre de 2009 reclamó al Ministerio de Justicia una indemnización, en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado, de 487.123 euros, que fue desestimada finalmente. En enero de 2011 tramitó otro recurso ante la Audiencia Nacional, alegando que había sido vulnerado su derecho a la presunción de inocencia. Tampoco prosperó y la causa acabó finalmente en el Tribunal Constitucional.

El pasado 30 de enero el TC dictó sentencia, publicada el 10 de marzo en el BOE. El fallo declara la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, anulando las decisiones tanto de la Audiencia Nacional como de la Secretaría de Estado de Justicia. El Constitucional ampara así a Zelmat Salah en su lucha contra este error judicial soportó casi tres años y medio de prisión preventiva para ser declarado posteriormente inocente- e insta al Ministerio de Justicia a que «resuelva la reclamación de responsabilidad patrimonial» del demandante.

No obstante, el Tribunal Constitucional no ordena que se abone la indemnización, sino únicamente aprecia que la argumentación con la que ésta fue denegada no respetó la presunción de inocencia del reo, de modo que la solicitud debe volver a ser estudiada por el Ministerio. La nueva resolución deberá fundamentarse en argumentos que no vulneren los derechos del demandante.

El Tribunal Constitucional fundamenta su sentencia apoyándose en la absolución del delito de pertenencia a banda armada, que dictó el Tribunal Supremo el 7 de octubre de 2008 que, si bien no puso en duda ningún momento «la admiración, la sugestión e incluso la aceptación de las ideas fundamentalistas» del acusado, no apreció «ninguna referencia a intervenciones concretas, más allá de la inmersión fanática en teorías fundamentalistas, que pasaban por la necesidad de predicar la doctrina y convencer a los infieles con la propuesta violenta de amenazar a la humanidad, si no se convierten a la verdadera fe».

El Supremo argumentó que Zelmat Salah y otros correligionarios suyos de Topas que también fueron absueltos «no aceptaron participar de alguna forma en la imposición de estas ideas mediante la violencia terrorista». La correspondencia que se le intervino en la cárcel hacía referencia exclusivamente a «su ideología religiosa y a su predisposición genérica a luchar contra los tiranos invocando la ayuda de Dios», pero todas esas creencias no suponían que perteneciera a una banda armada.

El Ministerio de Justicia confirmó ayer que había remitido a Zelmat Salah una nueva resolución sobre su petición de indemnización, ejecutando así el fallo del Tribunal Constitucional, pero no aclaró si, finalmente, se le iba a indemnizar con los 487.000 euros que reclama.