El Gobierno frena la reclamación valenciana por los fondos del Archivo

El parlamentario de Compromís, CarlesMulet, durante una de sus intervenciones en el Senado. /
El parlamentario de Compromís, CarlesMulet, durante una de sus intervenciones en el Senado.

Compromís solicita en el Senado el traslado de los fondos requisados por el franquismo y el Ejecutivo alega que el plazo legal expiró en enero de 2010

RICARDO RÁBADE

Compromís el partido que gobierna en coalición con el PSPV-PSOE en la Comunidad Valenciana ha reabierto las reclamaciones por los legajos valencianos que permanecen almacenados en el Archivo de la Guerra Civil. La petición se materializó la pasada semana en el Senado, cuando su parlamentario Carles Mulet solicitó al Gobierno que ordenara la devolución al territorio valenciano de la documentación expoliada durante el franquismo a decenas de ayuntamientos.

Según subrayó Carles Mulet en su pregunta parlamentaria, el 26 de abril de 1938 «los golpistas creaban la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos», entidad encargada de requisar toda la documentación de organismos republicanos, partidos, sindicatos y «desafectos al movimiento nacional».

Se tiene constancia que entre 1938 y 1943, según desglosó Mulet, ocho vagones de ferrocarril, con más de 80 toneladas de documentos, libros y revistas, fueron enviados desde Vinaroz, Castellón, Valencia y Alicante hacia Salamanca. Decenas de ayuntamientos valencianos «sufrieron el expolio de sus papeles», documentación que sirvió para «reprimir a miles de persones y en algunos casos condenarlas a muerte».

Carles Mulet indicó que «la restitución parcial» que ha obtenido Cataluña, «a pesar de ser obviamente legítima y un precedente al cual acogerse», no puede provocar ahora «un agravio comparativo» y el Gobierno no puede estar a la espera de peticiones parciales para devolver a sus legítimos propietarios «la documentación robada», ya que esta situación termina legitimando esta realidad y «convirtiendo la actual administración como heredera de la dictadura».

El senador rememoró que el 17 de mayo de 2004 las Cortes Valencianas aprobaron por unanimidad solicitar la devolución de los papeles. Aquel empeño no dio ningún fruto y actualmente si cualquier historiador quiere acceder a esa información «debe desplazarse hasta Salamanca».

Argumentos

El Gobierno aludió en su respuesta que la ley dictada en noviembre de 2005 para la restitución a la Generalitat catalana de los documentos incautados incorporó una disposición adicional que contemplaba la posibilidad de devoluciones a otras comunidades autónomas. Para desarrollar la citada disposición, el Gobierno aprobó un real decreto en diciembre de 2008, por el que se reguló el procedimiento a seguir para estas restituciones. Mediante este real decreto, los particulares de la Comunidad Valenciana y del resto de comunidades podrían recuperar sus bienes. Sin embargo, transcurrido el plazo establecido, que expiró en enero de 2010, la única región que se personó en el procedimiento en tiempo y forma fue el País Vasco.

El senador de Compromís criticó con dureza la negativa del Gobierno y consideró que se trata de «una nueva ofensa, ya que no es cierto que durante este intervalo de tiempo los ayuntamientos no hayan intentado obtener dicha documentación».

Mulet rememoró que las Cortes Valencianas aprobaron en 2009 una proposición no de ley auspiciada por Compromís, en la que se exigía la devolución de los archivos. «Desde el Gobierno se montó un sistema restrictivo para pedir esa documentación que hizo prácticamente imposible el retorno de los documentos robados». Ahora el PP «se excusa alegando que no hay regulación actual que ampare esta restitución de documentación, algo que tiene una solución tan básica como establecer un protocolo que permita a los territorios reclamar dicha documentación».

 

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