El juez suspende el juicio y obliga a la Usal a notificar los recursos a 3.209 opositores

El interminable conflicto generado en torno a las presuntas irregularidades cometidas en la realización de las oposiciones para cubrir 29 plazas de auxiliar administrativo de la Universidad de Salamanca, a las que concurrieron en septiembre de 2014 un total de 3.209 aspirantes, amenaza con prolongarse en el tiempo. El juicio que debía haberse celebrado ayer en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de la capital, donde la Usal se sentaba como parte demandada por la presentación de tres recursos contra el primer ejercicio de las oposiciones, se suspendió finalmente. Dos de los recursos habían sido tramitados a título individual por sendas opositoras y el tercero fue auspiciado por la asociación Oposiciones Limpias, que agrupa en sus filas a opositores disconformes.

El juez ordenó la suspensión de la vista oral, por entender que la notificación pública efectuada por la Universidad, mediante la publicación de sendos edictos del rector Daniel Hernández Ruipérez en mayo de 2015 en las páginas del Boletín Oficial de Castilla y León haciéndose eco de la tramitación de los recursos, no era el método más adecuado para este tipo de casos. Por ello, el juicio quedó suspendido finalmente y el juez comunicó a la Universidad su obligación de comunicar la tramitación de estos recursos, mediante correspondencia certificada, a los 3.209 opositores que se presentaron al primer ejercicio de la convocatoria, prueba realizada el 27 de septiembre de 2014 en varias facultades del Campus Miguel de Unamuno.

A la comparecencia judicial de ayer en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno acudieron, en representación de la Universidad, el abogado del Estado, cuyos servicios jurídicos han sido contratados expresamente por laUsal para este litigio, así como el presidente del tribunal calificador de las pruebas.

La suspensión del juicio abre una nueva incógnita sobre el desenlace futuro de este conflicto. La vista oral iba a celebrarse ayer, justo cuando ya han transcurrido más de dos años desde que se efectuó el primer examen el 27 de septiembre de 2014. Pese a que al final se personaron en la prueba 3.209 personas, el número inicial de inscritos era mucho mayor, dado que sobrepasaba los 5.500 aspirantes.

La vía judicial en el que se encuentra inmerso este asunto estuvo precedida de la presentación de 347 reclamaciones por parte de otros tantos opositores, que denunciaron presuntas irregularidades en las 80 preguntas que conformaban el primer ejercicio. Las suspicacias y las dudas se tradujeron en la materialización de este aluvión de reclamaciones, todas ellas desestimadas por la Usal, lo que desembocó en la remisión del caso a los tribunales.

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