La Generalitat se radicaliza y pide «la desaparición del Archivo»

La manifestación del 22 de abril enBarcelona. /
La manifestación del 22 de abril enBarcelona.

Se niega a devolver documentos, lo que impulsa a Sánchez a no retirar su demanda y a remitir el caso al Parlamento Europeo

RICARDO RÁBADE

La solución al persistente e interminable conflicto de los denominados papeles de Salamanca sigue en el aire y la posible salida al litigio abierto en torno a los documentos del Archivo de la Guerra Civil enviados a Cataluña carece de perspectivas de resolución, tanto a corto como a largo plazo. La reunión celebrada ayer en Barcelona entre el presidente de la asociación Salvar el Archivo, Policarpo Sánchez, y responsables del área de archivos de la Generalitat no generó ningún acuerdo, de manera que la asociación salmantina continuará adelante con la demanda presentada contra el Gobierno catalán por este espinoso asunto.

El encuentro, que se prolongó durante hora y media en el Palau Moja, sede de la Dirección General de Archivos de la Generalitat, contó, por parte salmantina, con la asistencia del presidente de Salvar el Archivo, Policarpo Sánchez, y de su delegado en Cataluña, Eduardo García. Por parte catalana, participaron el director general de Archivos, Bibliotecas, Museos y Patrimonio, Júsep Boya; el director del Arxiu Nacional de Catalunya, Francesc Balada, y la responsable de los Fondos de la Administración del Arxiu Nacional de Catalunya, Angels Bernal.

Los representantes catalanes no asumieron ninguna de las reivindicaciones de Salvar el Archivo y optaron por esquivar sus peticiones, derivando todas las reclamaciones planteadas a la comisión mixta que integran representantes de la Generalitat y del Gobierno central.

Según los testimonios aportados al término de la sesión por Policarpo Sánchez, el director general de Archivos, Bibliotecas, Museos y Patrimonios afirmó durante la reunión que «hay más asuntos más importantes que resolver» e incluso llegó a proclamar que «el Archivo de Salamanca debe desaparecer».

Sánchez apeló a la conocida sentencia del Tribunal Constitucional, que ordena que los documentos sin propietario, una vez concluido el plazo para su restitución en el año 2013, deben ser devueltos al archivo estatal con sede en Salamanca. En este sentido, puso como ejemplos la desaparecida Asociación de Amigos de la Unión Soviética, muy activa durante la contienda bélica, y la Alianza de Intelectuales que fundara el poeta Rafael Alberti. Sin embargo, la única respuesta que recibió de la delegación catalana fue «el silencio».

Otro tanto sucedió cuando Policarpo Sánchez sacó a colación los documentos trasladados en diferentes remesas a Cataluña desde el año 2006 y que fueron entregados por la Generalitat a quienes no son sus legítimos propietarios. Sánchez mencionó en este sentido el caso del Centro Autonomista de Dependientes del Comercio y de la Industria, aportando como prueba una sentencia de un juzgado barcelonés que le niega la titularidad a los bienes reclamados, al tratarse de una persona jurídica diferente a quien sufrió la incautación durante la Guerra Civil, así como una reciente resolución del Ministerio de Trabajo, encaminada en la misma línea. Al igual que en la petición anterior, los responsables de la Generalitat volvieron a decantarse por el mutismo.

Familias afectadas

Un tercer eje que vertebró la reunión giró en torno a a la documentación que fue enviada indebidamente a Cataluña. El presidente de Salvar el Archivo citó fondos de familias de Zaragoza, Valencia, Teruel, Murcia, Madrid, Huesca, Castellón, Asturias y Alicante. Sánchez se refirió al sufrimiento y al calvario que están arrastrando estas familias . Sin embargo, Boya desoyó sus argumentos y volvió a escudarse en la comisión mixta Estado-Generalitat.

Policarpo Sánchez matizó, en relación a su denuncia contra la Generalitat, que las dos partes enfrentadas podían conversar e intentar sellar un acuerdo durante el proceso, de manera que la asociación, en el caso de que el Gobierno catalán asumiera sus reivindicaciones, procedería a la retirada de la denuncia. Sin embargo, los anhelos de Sánchez no cosecharon el fruto apetecido ayer. El presidente de Salvar el Archivo aseguró que había apelado, una y otra vez, «al corazón de Júsep Boya» para acabar «con el sufrimiento de las familias no catalanas», ya que su documentación «no pertenece a la memoria del pueblo catalán, sino de otros territorios de España, pero resultó imposible llegar a un acuerdo».

Ante la sorprendente insinuación de que el Archivo salmantino debería desaparecer, Sánchez rebatió a Boya recordándole que éste fue creado en virtud de un real decreto del año 1999, «en un Estado plenamente democrático» y, posteriormente, en el año 2007 se integró en el Centro Documental de la Memoria Histórica, todo ello con «fines culturales y de investigación» y para resarcir a las víctimas de la Guerra Civil.

Tras concluir al reunión y ante la falta de un mínimo entendimiento, la asociación que encabeza Policarpo Sánchez enfatizó que continuará adelante y no retirará la demanda judicial tramitada en el año 2014 contra la Generalitat ante las instancias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La estrategia de la asociación abarcará a partir de ahora, y ante la imposibilidad de aproximar posturas y cosechar unos acuerdos mínimos, no solo el frente judicial, sino que se trasladará también ante las instancias europeas. Salvar el Archivo adelantó ayer que llevará el caso de las familias afectadas por el expolio ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Se trata, según explicó Policarpo Sánchez, de solicitar el amparo de las instituciones europeas para ayudar a las víctimas «ante la insensibilidad del Gobierno de la Generalitat de Cataluña».

Salvar el Archivo aprovechó la reunión para entregar a los representantes institucionales de la Generalitat una solicitud por escrito, dirigida expresamente al presidente catalán Carles Puigdemont, con el fin de intentar «poner solución al conflicto de forma satisfactoria para ambas partes». La asociación plantea en su misiva que el Ejecutivo catalán les facilite copia de una serie de documentos, que permitan acreditar que las autoridades catalanas se han ajustado a la legalidad. Las copias requeridas comprenden, por un lado, las actas de entrega de los documentos a sus legítimos propietarios o sus sucesores, con la identificación del documento y de la persona o entidad que se hace cargo de los mismos.

También se pretende recopilar información sobre los documentos que se encuentran pendientes de ser entregados a sus propietarios o sucesores, así como de los papeles y efectos que deben ser devueltos al inmueble del Palacio de San Ambrosio, «bien por no haber sido posible identificar o localizar a sus propietarios o sus sucesores, bien porque estos no quieran hacerse cargo de su custodia, o por cualquier otra causa».

En la súplica a Puigdemont, la asociación salmantina aspira a conocer también los documentos que deben ser devueltos al Archivo por haber existido errores en su inclusión. También espera que el Gobierno catalán aclare las incidencias y los errores que se han cometido en el proceso de digitalización de los papeles, y concrete las medidas correctoras previstas para adecuar la digitalización a lo previsto legalmente.

Curiosamente, la entrevista de ayer en Barcelona tuvo lugar justo dos meses después de que Salvar el Archivo organizara una concentración de protesta frente a las puertas de la Generalitat en la ciudad condal, para exigir la devolución de los fondos que fueron enviados de forma irregular a Cataluña en las seis salidas de documentos que se han realizado desde el año 2006.