La Generalitat abre la puerta al retorno de documentos del Archivo a Salamanca

Participantes en la manifestación ante las puertas de la Generalitat el pasado 22 de abril./
Participantes en la manifestación ante las puertas de la Generalitat el pasado 22 de abril.

FRANCISCO GÓMEZsalamanca

. La Generalitat de Cataluña mueve ficha en el conflicto del Archivo General de la Guerra Civil y parece dispuesta a abrir la puerta al posible retorno a Salamanca de algunos de los documentos recibidos, de manera presuntamente indebida, desde el Centro Documental de la Memoria en el proceso de restitución iniciado en el año 2006. El ejecutivo que preside Carles Puigdemont ha citado al presidente de la asociación Salvar el Archivo de Salamanca para una reunión el próximo 9 de junio en Barcelona, con Jusèp Boya, director general de Archivos, Bibliotecas, Museos y Patrimonio de la Generalitat, con el fin de conocer de primera mano la postura del colectivo salmantino.

Según Policarpo Sánchez, presidente de la asociación, en las últimas semanas se han producido distintos movimientos desde el Govern que apuntan a que «la presión social y cultural que estamos llevando a cabo demostrando que la Generalitat mantiene indebidamente en su poder una multitud de documentos que no le pertenecen está forzando a Puigdemont a un cambio de criterio».

De hecho, el investigador afirma que «lejos del silencio y del portazo con el que han recibido históricamente nuestros planteamientos, creemos que se está tratando de fraguar un acuerdo que presentar a Salvar el Archivo y que incluya el retorno a Salamanca de algunos de estos documentos», y avanza que «aunque vamos a esperar acontecimientos, yo estoy dispuesto a retirar la demanda si la Generalitat se aviene a lo que le solicitamos, cosa que sería muy fácil porque simplemente le pedimos que cumpla la ley».

Y es que para Sánchez la clave de todo el proceso, además de la presión social (el pasado 22 de abril registró ante la Generalitat más de 32.000 firmas ciudadanas reclamando el cumplimiento del marco legal y el retorno a Salamanca de los documentos del antiguo Archivo General de la Guerra Civil indebidamente entregados a Cataluña), se encuentra en la demanda interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ya se encuentra en su recta final.

«Hemos superado ya la fase de conclusiones y creemos que estamos acorralando a la Generalitat, demostrado claramente cómo hay cientos de ejemplos que evidencian que hubo infinidad de errores en la entrega de papeles, además del caso de los documentos de particulares que no corresponden a la Generalitat y que se empeña en mantener», explica Sánchez.

Pese a todo, ha sido en el transcurso del proceso judicial donde se ha podido comprobar el cambio de rumbo del planteamiento de la Generalitat ante el conflicto de los «papeles de Salamanca». El Gobierno catalán ha pasado de negar cualquier fallo y destacar que la entrega de todos los papeles fue acordada previamente en el seno de una comisión mixta con representantes del Gobierno de España, a señalar que efectivamente pueden existir casos de entrega errónea y manifestar en el propio escrito de conclusiones ante el TSJ su voluntad de reintegrar esos fondos al Centro de la Memoria de Salamanca si se lo solicita el Ministerio de Cultura.

En la conclusiones remitidas por el Departamento de Cultura catalán al juez, se admite que el Archivo Nacional de Cataluña mantiene indebidamente en su poder la documentación relativa a Guillermo Suils, uno de los «casos bandera» de la denuncia de Policarpo Sánchez. El carnet de Suils como miembro del Trust Joyero de Madrid fue entregado a Cataluña por parte del Ministerio de Cultura al amparo teóricamente de la Ley de Restitución Documental (que establecía en uno de sus apartados el traslado de los papeles de particulares catalanes o de las asociaciones con delegación o sede en esta comunidad que hubieran sido incautados por las tropas franquistas en Cataluña). La investigación realizada por Sánchez demostró que Guillermo Suils participó en la Guerra Civil primero en el bando republicano en el frente de la sierra madrileña, desde donde desertó y pasó a los golpistas tras una estancia en un campo de concentración. Ya acabada la Guerra Civil volvería a Madrid donde permanecería el resto de su vida, sin tener jamás relación alguna con Cataluña.

Identificación errónea

Igualmente, la Generalitat reconoce la posible «identificación errónea» como documentos pertenecientes a agrupaciones catalanas parte de los fondos relativos al PSOE de Asturias, uno de los grandes frentes de lucha de Policarpo Sánchez.

Estos fondos fueron entregados al Archivo Nacional de Cataluña en el año 2011 identificados como pertenecientes al PSOE de Sabadell, a pesar de que en muchos de los papeles aparece el matasellos de la Agrupación Socialista de Asturias.

Solamente hasta ahí llega el reconocimiento de la Generalitat, que abre la puerta al envío de vuelta de estos fondos al Centro Documental de la Memoria de Salamanca. Un asunto que seguramente se tratará en la reunión del 9 de junio, donde Policarpo Sánchez espera «que se nos ofrezca algún tipo de acuerdo a cambio de retirar la demanda judicial».

Sin embargo, el presidente de Salvar el Archivo de Salamanca destaca que «en este momento estamos más convencidos de tener razón que nunca y no nos vamos a conformar con un posible acuerdo de mínimos para que regresen a Salamanca unos pocos papeles».

Así, destaca que hay grandes bloques documentales «en los que es muy improbable que nos pongamos de acuerdo con la Generalitat. Uno de ellos es precisamente el principal grueso de fondos del PSOE Asturiano, entregados según el investigador indebidamente a Cataluña. Son los papeles de la Agrupación de Socialistas Asturianos Refugiados en Barcelona, una entidad fundada por la Federación Socialista Asturiana -PSOE- y que sin embargo ha sido adjudicada por la Generalitat a efectos de la restitución al Centro Asturiano de Barcelona, entidad fundada en 1952 y con la que la administración catalana ha alcanzado un acuerdo de cesión de los originales al Archivo Nacional de Cataluña.

Otro de los puntos de choque frontal de criterio es el del fondo del CADCI (Centro Autonomista de Dependientes del Comercio y la Industria), que Cultura entregara a Cataluña para su restitución considerando que el organismo que actualmente ostenta este nombre es heredero del que existía durante la Guerra Civil, obviando que una sentencia judicial en el año 1991 descarta tal vinculación. Lo mismo puede decirse de más de 146.000 documentos de la CNT, que la Generalitat adjudica a la CNT-Joaquín Costa (un grupo escindido del sindicato anarquista en el año 1996) con la que también ha alcanzado un acuerdo de cesión de los originales para el ANC.

«La Generalitat va a tener que asumir que debe devolver esos miles de documentos recibidos indebidamente y aquellos que cumpliendo los preceptos de la ley sin embargo deben regresar también porque o sus propietarios legítimos no han sido localizados o ya no existen», subraya Sánchez, caso de los fondos de Amigos de la Unión Soviética, Intelectuales por la Defensa de la Cultura, Solidaridad Internacional Antifascista, Partido Sindicalista o Sindicato Cooperativo de Lleida, entre otros.