Histórico acuerdo municipal para impulsar el acceso a la vivienda digna en la ciudad

Todas las viviendas de propiedad municipal que no estén incluidas en las promociones del Patronato de la Vivienda y Urbanismo se pondrán a disposición del área de Bienestar Social para que se gestione su cesión a las familias de la ciudad que se encuentren en riesgo de exclusión social. Esta es una de las principales medidas del Pacto de la Vivienda que se acordó ayer en el Ayuntamiento entre todos los grupos políticos, aunque falta la ratificación de Ganemos.

Un documento que se valoró ayer en la Comisión de Fomento y Patrimonio y que sienta las bases para un futuro Plan de la Vivienda, que se elaborará a lo largo de un año. Tanto el equipo de Gobierno como los grupos en la oposición mostraron su satisfacción por el acuerdo alcanzado, aunque discreparon a la hora de atribuir la paternidad de la medida. Mientras que el Gobierno del PP aseguró a través de un comunicado que la elaboración de este pacto surgió de «una propuesta que el alcalde de Salamanca trasladó en una Junta de Portavoces a los representantes del resto de grupos municipales», el Grupo Municipal Socialista hizo lo propio y recordó que el pasado mes de octubre presentó una iniciativa con una serie de puntos que «han servido de base» para el acuerdo. Una moción que el PSOE retiró antes de ser llevada a pleno para facilitar el trabajo en común y el consenso entre todos los grupos.

No obstante, los grupos sí coincidieron en alabar el pacto por lo que supondrá para las personas y familias sin recursos. Según el Consistorio, se trata de un documento que garantiza la transparencia y la publicidad de todas las adjudicaciones de vivienda, que está fundado en la colaboración con instituciones como Cáritas y Cruz Roja, así como con otras administraciones, promotores inmobiliarios y entidades financieras, y que impulsará, por último, la rehabilitación y regeneración urbana para la mejora de la accesibilidad, la eficiencia energética y las infraestructuras en los barrios.

Así, el Ayuntamiento se compromete a publicar en la web municipal los datos referidos al número de viviendas de propiedad pública municipal, así como el régimen de uso de las mismas y el programa para su adjudicación. De igual modo, se creará una partida específica en el Presupuesto para la concesión de ayudas para el pago de alquileres y se pondrán a disposición de las personas que estén en riesgo de desahucio los servicios de la Oficina de Interlocución para Personas en Riesgo de Insolvencia Hipotecaria, en colaboración con la Junta de Castilla y León.

También se ha incluido en este acuerdo la obligación por parte del Ayuntamiento de requerir a otras administraciones públicas que pongan a disposición, si las tienen, las viviendas que sean de su titularidad y que estén situadas en la ciudad de Salamanca. Asimismo, el Consistorio que preside Alfonso Fernández Mañueco deberá requerir a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) el número de viviendas vacías disponibles en la ciudad dentro de su cartera de activos, así como mediar con esta sociedad para que se destinen al alquiler social. Misma actitud que deberá mantener el Consistorio con respecto a las entidades financieras y promotores que operan en Salamanca.

Por otro lado, el Patronato Municipal de la Vivienda destinará al menos un 20% de las viviendas no adjudicadas de promociones ya finalizadas al alquiler social y a la atención de víctimas de violencia de género. Y en las nuevas promociones que se construyan se establecerán un mínimo de viviendas destinadas a ese mismo fin, el alquiler social, en función de las necesidades detectadas por los servicios municipales en cada momento. También se estudiará la posibilidad de incluir en el Patronato un mecanismo de intermediación con propietarios privados para favorecer el alquiler en la ciudad.

Del mismo modo, otra de las medidas incluidas en el acuerdo es el establecimiento de convenios con el Colegio Oficial de Abogados de Salamanca con la finalidad de proporcionar asistencia jurídica a las personas afectadas por un desahucio y con el Colegio Oficial de Trabajo Social para mejorar la intervención en aquellos casos de infravivienda o ejecución hipotecaria, y para prevenir situaciones de alto riesgo social y procesión de exclusión.

Finalmente, el Ayuntamiento de Salamanca se compromete a instar a la Junta de Castilla y León en dos aspectos. Primero para que proceda a la modificación de la Ley del Derecho a la Vivienda e incluya un derecho de tanteo y retracto que pueda ser cedido a los Consistorios con el objetivo de aumentar el alquiler social. Y segundo, para que garantice la función social de la propiedad y aumente las viviendas en alquiler.