El juez obliga al Gobierno a dar la relación exacta de papeles enviados a Cataluña

Un archivero coloca documentos en el Archivo de Cataluña. Arriba/
Un archivero coloca documentos en el Archivo de Cataluña. Arriba

FRANCISCO GÓMEZsalamanca

Entre 1,1 y 1,4 millones de documentos. Esa es la cifra aproximada que cuantificaba hasta ahora el volumen de fondos del antiguo Archivo General de la Guerra Civil entregados por el Gobierno de España a la Generalitat de Cataluña en el marco del cumplimiento de la ley de Restitución Documental del año 2005. Una cifra, sin embargo, que está en vías de conocerse con total exactitud. Así se desprende del oficio emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que obliga al Ministerio de Cultura a entregar una relación detallada de todos los papeles enviados desde Salamanca al Archivo Nacional de Cataluña.

La orden se publicaba el 25 de octubre por parte de la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que está tramitando la demanda presentada en 2014 por el presidente de la Asociación Salvar el Archivo, el investigador salmantino Policarpo Sánchez, contra la Generalitat de Cataluña por presunta apropiación indebida de cientos de miles de documentos remitidos por el Gobierno de España pese a que, a juicio del investigador, su entrega quedaría fuera de los márgenes establecidos por la propia ley de Restitución.

Precisamente, atendiendo las peticiones de la parte demandante, el juez da de plazo 30 días hábiles (que comenzaron a contar el 5 de noviembre) al Ministerio de Cultura para que haga llegar al propio Policarpo Sánchez una relación detallada de todos y cada uno de los papeles incluidos en los traslados realizados desde el Colegio de San Ambrosio de Salamanca hasta Sant Cugat del Vallés.

La justificación de este oficio por parte del TSJ catalán se establece en la necesidad de garantizar la defensa jurídica de la posición del presidente de Salvar el Archivo, que en su demanda únicamente pudo citar, a pesar de ser muy numerosos, casos localizados mediante búsquedas arbitrarias efectuadas estos años para establecer la presunta existencia de envíos fuera de lo fijado en la ley.

De esta forma, el juez pretende esclarecer sin género de dudas si efectivamente papeles incluidos en los envíos realizados entre el año 2006 y el 2011 vulneraban el marco legal establecido, al no haber cumplido los requisitos fijados en el texto: documentos incautados en Cataluña a particulares con domicilio, residencia o delegación en esta autonomía.

Desde la Asociación Salvar el Archivo se sostiene que hay decenas de miles de papeles que fueron entregados por el Ministerio de Cultura que se saltan estas líneas, bien por haberse incautado fuera de Cataluña (son numerosos los casos de Vinaroz, Madrid o Santander) o bien por no hacer referencia a particulares catalanes (además de casos tan llamativos como el de Guillermo Suils, relojero de la Puerta del Sol de Madrid cuyo carnet se encuentra en Barcelona pendiente de devolución, destacan numerosos carnets de aragoneses y los cientos de legajos vinculados con los refugiados asturianos y con el PSOE de Asturias).

Criterios a los que además se sumaba una aclaración efectuada por el Tribunal Constitucional al enjuiciar la Ley de Restitución. Si bien señalaba que el texto tenía encaje legal en el ordenamiento español y que no cabía hablar de «expolio» en la entrega de los fondos por parte del Gobierno de España al de la Generalitat, remarcaba que el objetivo de la ley era, efectivamente, «restituir» a los particulares que en su día sufrieron la incautación de estos documentos por parte de las tropas golpistas, por lo que si se diera el caso de que estos particulares ya no vivieran, no tuvieran descendientes, no fueran localizables o -caso de asociaciones y partidos- no existieran ya en la actualidad, los papeles seguirían formando parte «del archivo estatal» y por lo tanto deberían regresar a Salamanca.

Aunque las entregas de los papeles entre 2006 y 2011 fueron aprobadas previamente, tal y como marcaba la propia ley, por el patronato del Centro Documental de la Memoria Histórica, lo cierto es que tal y como ha venido denunciando Salvar el Archivo, los informes que se presentaban a los patronos eran «absolutamente laxos», con información «muy general sobre la signatura de las cajas, su número, que además a veces se falseaba juntando en una caja el contenido de varias para que la entrega pareciera menor y apareciendo como explicación del contenido en muchas ocasiones expresiones como documentos varios», explica Sánchez.

Lo cierto es que si esa información constaba en los expedientes administrativos que dieron origen a las órdenes ministeriales sucesivas que decretaron la salida de papeles hacia Barcelona, nunca se ha hecho pública. Previamente a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, el Ministerio de Cultura la negó sistemáticamente a Policarpo Sánchez. Con posterioridad, en un escrito oficial remitido por el subdirector general de Archivos, Severiano Hernández Vicente, se adujo la «imposibilidad técnica y material de realización» de ese informe.

Para Sánchez, «es absolutamente sorprendente que haya tenido que ser un juez el que exija al Gobierno de España que nos facilite unas pruebas documentales que en su día deberían haberse estudiado pormenorizadamente, caso por caso, para aprobar el envío de cada papel, patrimonio común de todos los españoles, a la Generalitat de Cataluña». Y es que el investigador insiste en que «en teoría la comisión mixta creada entre el Ministerio de Cultura y la Generalitat debería haber realizado esos expedientes justificando qué puntos de la ley cumplía cada documento de San Ambrosio del que se daba orden de entrega al Departamento de Cultura catalán».

«Durante cuatro años nos han denegado las pruebas del expolio», se lamenta Sánchez, quien considera al actual subdirector general de Archivos (quien ya ocupaba un cargo homólogo durante los Gobiernos de Zapatero), directo responsable: «espero que el Gobierno de Rajoy lo destituya de inmediato, no se puede mantener ni un segundo más en su cargo a alguien que trabaja en favor de los intereses de la Generalitat y en contra de los del conjunto de los españoles y que ahora nos tememos que ha creado un serio problema al Ministerio de Cultura obligado a cumplir esta solicitud del juez».

Segunda demanda

En todo caso, el Ministerio de Cultura de ve abocado a hacer entrega, tal y como señala el TSJ catalán («admitir y declarar pertinente la prueba documental» con los papeles contemplados en los expedientes administrativos, órdenes ministeriales de traslado de papeles y sus anexos) de una relación detallada de los fondos enviados que permitirá dirimir de manera mucho más certera si la entrega pudo incurrir en incumplimiento legal.

De forma paralela, y dado que la actual demanda en tramitación corresponde a los papeles enviados entre 2006 y 2011, la Asociación Salvar el Archivo está estudiando «seriamente» plantear una segunda demanda exigiendo a la Generalitat el retorno a Salamanca de algunos de los papeles recibidos en la que el Ministerio de Cultura anunció como «última salida» de fondos de Salamanca, realizada en diciembre de 2014.

Entre estos papeles se encontrarían, según la denuncia de Salvar el Archivo, fondos que corresponden a entidades ya extinguidas, como el CADCI, fondos entregados a propietarios no correctos, como los relativos al Centro Asturiano de Barcelona o papeles de particulares que no son catalanes. Entre ellos, a modo de ejemplo, se cita los casos de dos vallisoletanas: Cecilia Riego y Sinforosa Díaz.