La Junta anulará el contrato de los pisos de Buenos Aires ocupados de modo ilegal

El grupo de trabajo municipal del barrio de Buenos Aires acordó ayer solicitar a la Junta de Castilla y León que inicie el proceso para resolver los contratos de las viviendas protegidas situadas en la calle Villanueva de la Serena que no están ocupadas por sus adjudicatarios.

Sería este el primer paso para llegar a un posible y cada vez más probable desahucio de aquellas personas que ocupan, de manera ilegal, esas viviendas, foco del narcotráfico y de la violencia que han convertido a Buenos Aires en un gueto. Así lo manifiesta Emiliano Tapia, párroco del barrio y coordinador de la Asociación de Desarrollo Comunitario de Buenos Aires, Asdecoba, que reclama, a mayores, una actuación «integral» por parte de la Subdelegación del Gobierno. Y es que desahuciar a los actuales ocupantes de los 32 pisos de Villanueva de la Serena no terminaría con el problema, como bien señala Tapia, sino que simplemente serviría para trasladarlo a otros lugares.

«El tema del narcotráfico va más allá de esas viviendas, ya es algo que afecta al barrio entero», subraya el párroco. De hecho, son conocidas las peticiones de ayuda de los vecinos normalizados de la zona, que viven con angustia como los tentáculos del tráfico de drogas llegan a sus bloques de viviendas. Porque nadie compra ya un piso en Buenos Aires, dada la situación, si no es para dedicarse a determinados negocios. De ahí que Emiliano Tapia requiera de la Subdelegación del Gobierno, órgano competente en estas cuestiones de seguridad ciudadana, que actúe. ¿En qué sentido? «Eso deberán valorarlo ellos, a nosotros no nos corresponde, pero algo tienen que hacer», afirma el sacerdote.

Implicación de la etnia gitana

Otra reclamación realizada por Tapia y la asociación que coordina va encaminada a la implicación del colectivo gitano en la resolución del problema. Aquí es el Ayuntamiento de Salamanca el interpelado para que, o bien a través de la organización Secretariado Gitano o con otros medios y cauces, ayude a que los gitanos tengan voz y voto en Buenos Aires. «No llegaremos a ninguna solución si el mismo gueto que se ha generado no se implica en el problema», insiste el párroco. De ahí que se haya solicitado al Consistorio un «esfuerzo» en esa línea.

En este encuentro participaron los cuatro grupos políticos con representación en el Ayuntamiento (PP, PSOE, Ciudadanos y Ganemos), vecinos y trabajadores municipalesm junto all jefe del Servicio de Fomento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, Raúl Sansegundo, quien ha asistido a instancias del alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, para informar sobre el trabajo para la identificación de los adjudicatarios y ocupantes de las viviendas.

Una «ardua» labor que concluyó hace un mes y que ha permitido confirmar, como decíamos, que un buen número de las viviendas no están ocupadas por sus iniciales adjudicatarios. El siguiente paso, según acordaron vecinos, grupos políticos y administraciones, será resolver los contratos de estos pisos protegidos y regularizar la situación de las viviendas.

El representante de la Junta de Castilla y León manifestó la voluntad de la administración regional para llevar a cabo estas actuaciones dado el consenso existente entre los grupos políticos municipales, vecinos y técnicos del Ayuntamiento de Salamanca.

Por otra parte, la concejala de Familia aseguró que se ha reforzado la intervención de los Servicios Sociales en el barrio, intensificándose el control sobre el absentismo escolar.

La próxima reunión, en la que se valorarán de nuevo los pasos dados, se celebrará a principios del mes de febrero. Así se acordó ayer en la sala de juntas del Ayuntamiento y así lo comunicó posteriormente Emiliano Tapia, quien dijo confiar en que, para esta próxima ocasión, «no sea necesario» que los vecinos tengan que requerir la reunión a través de una misiva dirigida a la concejala Klimowitz, como sí sucedió la semana pasada.