Piden a Rajoy medidas para garantizar que los papeles «sean de todos los españoles»

Josep Cruanyes, portavoz de la Comisión de la Dignidad, en una de las concentraciones de protesta. /
Josep Cruanyes, portavoz de la Comisión de la Dignidad, en una de las concentraciones de protesta.

Salvar el Archivo le enviará esta semana una carta al presidente del Gobierno instándole a que se cumpla la sentencia del Constitucional

FRANCISCO GÓMEZsalamanca

La escalada secesionista en Cataluña, con varios momentos clave fijados para esta semana, sigue teniendo el largo conflicto del Archivo de la Guerra Civil como uno de los problemas colaterales de una posible declaración unilateral de independencia. Tanto es así, que la Asociación Salvar el Archivo ultima el envío al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de un escrito en el que le solicitará que aplique «medidas excepcionales» para garantizar que se cumple el ordenamiento jurídico con respecto a la preservación del patrimonio documental y que se aplica lo dictado por el Tribunal Constitucional sobre la Ley de Restitución del año 2005.

El presidente de la asociación, Policarpo Sánchez, señala que «estamos en un momento particularmente dramático, con un desafío abierto y sin matices a la legalidad española y en el que claramente corremos el riesgo de que una parte significativa del patrimonio documental de todos los españoles relativo a la Guerra Civil y la represión quede fuera del territorio nacional».

Por este motivo, la Asociación ha señalado que solicitará a través de este escrito que hará llegar vía registro a La Moncloa que «ponga en marcha todos los recursos necesarios de los que dispone el estado español para garantizar que estos cientos de miles de documentos sigan siendo de todos los españoles y no queden en territorio extranjero».

Sánchez recuerda que la propia ley del Patrimonio Español del año 1985 señala que «la protección y el enriquecimiento de los bienes que lo integran constituyen obligaciones fundamentales que vinculan a todos los poderes públicos», según queda reflejado también en la propia Constitución.

Asimismo, en el artículo segundo de la ley se insiste en que es obligación «esencial» del la Administración del Estado «fomentar y tutelar el acceso de todos los ciudadanos» a los bienes integrados en el patrimonio histórico español y proteger estos bienes «frente a la exportación ilícita y la expoliación».

Con este marco jurídico y teniendo en cuenta asimismo la sentencia del Tribunal Constitucional -que si bien no consideró un «expolio» la aplicación de la Ley de Restitución Documental a Cataluña si dejó claro que el fin último de la ley no es la entrega de documentos a la Generalitat, sino a sus legítimos dueños y que cuando estos no pudieran localizarse o ya no existieran los papeles deberían regresar al Centro de la Memoria-, Salvar el Archivo entiende que «el Gobierno debe actuar con la mayor celeridad posible en garantizar el retorno a Salamanca de una cantidad significativa de fondos que la Generalitat retiene ilegalmente en su poder».

Entre estos fondos se encuentran, en primer lugar, los que alude directamente la sentencia del Constitucional, es decir aquellos cuyos propietarios bien ya no existen por tratarse de organizaciones extinguidas en la Guerra Civil o bien no han podido ser localizados por la administración catalana en el plazo fijado para ello por el propio Departament de Cultura catalán y que finalizó oficialmente hace varios años.

En segundo lugar, la Asociación Salvar el Archivo solicitará en su escrito a Rajoy que garantice el retorno a Salamanca de toda aquella documentación que ha sido entregada «falsamente» a sus propietarios. Según viene denunciado Policarpo Sánchez, la Generalitat de Cataluña ha localizado algunas asociaciones «instrumentales» a las que ha entregado ficticiamente la titularidad de la documentación a cambio de que permitan que los documentos originales se mantengan en el Archivo Nacional de Cataluña en Sant Cugat del Vallès. Sería el caso de decenas de miles de papeles relativos a la CNT, así como fondos vinculados al PSOE de Asturias, los refugiados del Principado y organizaciones como el CADCI (Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria).

Finalmente, también se exige la devolución inmediata a Salamanca de aquellos papeles que no debieron nunca, a juicio de la Asociación, ser enviados a Barcelona, ya que su entrega a la Generalitat no estaba amparada por la ley al no cumplir con los requisitos fijados (haber sido incautados en territorio catalán y a particulares con residencia, domicilio o delegación en esta autonomía durante la Guerra Civil).

Policarpo Sánchez considera que «no debe ser esta asociación quién señale al presidente del Gobierno cómo debe actuar para hacer cumplir la ley, pero entendemos que las actuales circunstancias exigen que se pongan en marcha todos los mecanismos, comenzando por la Fiscalía General del Estado, para que esos papeles estén en Salamanca a la menor brevedad y sigan siendo del conjunto de los españoles».

El investigador insiste en que «no es ninguna medida anti-catalanista ni ninguna agresión a esta comunidad, únicamente pedimos que se cumpla lo que dictan las leyes» y recuerda que hasta ahora el Ministerio de Cultura se ha limitado a «dirigirse por escrito en cuatro ocasiones a la Generalitat de Cataluña para pedir que se devuelvan esos miles de papeles de particulares que ya no tienen un legítimo propietario localizable» y que la única respuesta del Govern «ha sido el silencio».

Desde la aprobación de la Ley de Restitución Documental en el año 2005 hasta el último envío efectuado en diciembre de 2014, el Ministerio de Cultura ha entregado a la Generalitat documentos pertenecientes a 2.292 cajas del antiguo Archivo General de la Guerra Civil.

Aunque no hay un registro exacto del número total de papeles, se estima que serán entre 1,1 y 1,3 millones de documentos, y sí está cuantificada la entrega exactamente de 1.060 libros, 10 carteles, 2 láminas, 3 mapas y planos, 10 panfletos y 8 tarjetas postales.

Según la denuncia efectuada por la Asociación Salvar el Archivo que preside Policarpo Sánchez ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Gobierno de España incumplió la ley al no dejar copia «exacta» en Salamanca de centenares de miles de esos documentos trasladados a San Cugat del Vallès y asimismo en los envíos se habría incluido numerosa documentación incautada fuera de Cataluña o no relativa a particulares de esta comunidad.