Stop Desahucios carga contra «las medidas de caridad» del alcalde

Escenificación del derecho a la vivienda en la plaza de San Benito./
Escenificación del derecho a la vivienda en la plaza de San Benito.

RICARDO RÁBADE

La plataforma ciudadana Stop Desahucios criticó ayer las«medidas de caridad» que practica el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, a la hora de prevenir los desahucios de vivienda en la capital. Andrés Álvarez e Isabel Martín, miembros de este movimiento vecinal, lamentaron que el grupo municipal de gobierno del PP impidiera la aprobación en el último pleno del Consistorio de una moción promovida por Stop Desahucios, que fue defendida por los concejales de Ganemos, y recalcaron que el alcalde desconoce totalmente la problemática de los desahucios y de la vivienda en la capital.

Las objeciones vertidas por Stop Desahucios estuvieron arropadas con la intervención de Luis García López, miembro de Amnistía Internacional, quien presentó un informe elaborado por esta ONG sobre la vulneración que sufre el derecho a una vivienda digna en España, pese a estar consagrado en la Constitución.

El informe de AIpone de relieve que España solo cuenta con un 1,1% de viviendas sociales, un porcentaje realmente ínfimo si se compara con la realidad de otros países, como sucede en Holanda, con un 32%, Austria (23%) y el Reino Unido (18%). Desde 2008 se han practicado en nuestro país 600.000 ejecuciones hipotecarias y, para colmo, en un periodo marcado por una alarmante crisis económica, cuando las personas precisaban de una mayor protección, los poderes políticos han adoptado medidas «regresivas injustificadas, contrarias al derecho internacional, como la reducción en más de un 50% del gasto público en vivienda entre 2008 y 2015».Además, dos de las comunidades autónomas donde se contabilizan más desalojos y viviendas vacías, como son Madrid y Cataluña, han adoptado medidas perjudiciales que incrementan la desprotección.

En España, según especifica el informe de Amnistía Internacional, hay tres millones de viviendas vacías, lo que representa la tercera parte de los inmuebles que están sin ocupar en el conjunto de la UniónEuropea.AIconsidera que el Ejecutivo debería modificar el mandato de la Sareb sociedad anónima de gestión de activos transferidos por las entidades bancarias nacionalizadas y conocida popularmente como banco malo y promover así el uso de las 80.000 viviendas que obran en su poder, para asegurar el acceso a las mismas del mayor número de personas.