La oposición doblega al PP y obliga a aprobar el registro de contratos

El Ayuntamiento de Salamanca aprobó ayer la creación de un registro de proveedores y un registro de licitadores sobre los contratos menores y el procedimiento negociado sin publicidad. Una moción conjunta de Ganemos, Ciudadanos y PSOE posibilitó que se diera este paso, respuesta a una de las «preocupaciones fundamentales de la ciudadanía», según Gabriel Risco, edil de Ganemos. «La regeneración democrática no significa ausencia de crítica, sino que tiene que ver con la transparencia de todo lo público», afirmó Risco, que dijo cumplir con esta moción con las promesas realizadas tanto por la agrupación de electores Ganemos como por el resto de partidos durante la campaña. «Es imprescindible conseguir que en la gestión pública no haya prácticas de amiguismo o clientelismo y que el procedimiento negociado sin publicidad sea de verdad una medida excepcional, como se prevé en la ley».

Por su parte, Alejandro González Bueno, portavoz de Ciudadanos explicó que los objetivos de esta medida son «despejar dudas» de la acción en materia de contratación del Ayuntamiento y también «favorecer en lo que se pueda a las empresas de Salamanca». En el mismo sentido se expresó el concejal del PSOE, Arturo Ferreras, quien afirmó que con esta medida se acaba con las «limitaciones a la hora de la participación de las empresas salmantinas» y se limita la «discrecionalidad del Ayuntamiento a la hora de invitar a empresas determinadas a los concursos», mejorando la transparencia y el funcionamiento del sistema de contratación.

No obstante, el concejal de Fomento, Carlos García Carbayo, no estuvo de acuerdo con los argumentos esgrimidos por la oposición y calificó a la moción de «no necesaria» y peligrosa para las «pequeñas empresas de construcción de la ciudad». El teniente de alcalde se remitió al comunicado enviado esta semana por la Asociación de Empresarios de la Construcción, Aescon, a la propia legislación nacional y funcionamiento del Consistorio en estas cuestiones. «Las licitaciones para estos procedimientos no llegan al 20% de los contratos, y si no se hiciera así, las obras se las llevarían las empresas de fuera», afirmó Carbayo, que aseguró además que la «gran mayoría» de empresas adjudicatarias por este procedimiento han sido empresas salmantinas y «han sido más de una docena», es decir, no siempre las mismas. El edil garantizó asimismo la máxima transparencia en el proceso de contratación. «Siendo esta la realidad de la contratación, avalada por la asociación, vienen a este pleno con una propuesta que no tienen más sentido que dar el golpe de gracia a las empresas de la tierra», sentenció.

Frases estas que provocaron el enfado en el resto de grupos. «Cuando no se tienen argumentos, acudimos al alarmismo», fue la respuesta de Gabriel Risco, quien añadió que durante la campaña electoral expresamente las asociaciones profesionales de empresarios de la construcción solicitaron este registro, «aunque ahora Aescon parece preferir lo contrario». «Decir que esto acaba con las empresas locales me parece, como poco, demagógico, porque claro, es mejor contratar con el dedo», llegó a decir el viceportavoz de Ganemos, que pidió a García Carbayo que no tratara de «confundir» y de crear alarmismo porque los criterios en favor de empresas salmantinas «se introducen en los pliegos».

Por otro lado, el Grupo Municipal Socialista tendió una mano al equipo de Gobierno en el pleno ofreciendo su colaboración para lograr que el Impuesto de Bienes Inmuebles adquiera carácter progresivo en la ciudad. No obstante, el concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, reiteró el discurso de a menos ingresos, menos gastos y afirmó que reducir el IBI supondría un recorte de «gastos estables del Ayuntamiento», esto es, en servicios públicos, políticas sociales e inversiones. «La pérdida de ingreso estable solo se puede compensar con la pérdida de gasto estable»,dijo Rodríguez, acusando al PSOE de mentir y de plantear una brecha de «ocho millones de euros» en las cuentas municipales.

Mateos pidió hacer de la bajada de este impuesto «un asunto de ciudad que sirva de verdad para bajar la presión fiscal a aquellas personas que más lo necesitan». El portavoz socialista cifró, asimismo, en 1.800 euros al año lo que paga de media una familia de cuatro miembros en Salamanca por los impuestos municipales, cantidad negada desde las filas populares.

Por su parte, Ciudadanos votó a favor de la congelación de las tasas e impuestos municipales, pero, matizó su portavoz, Alejandro González Bueno, «solo por este año», ya que para el próximo tienen previsto solicitar una reducción de las ordenanzas fiscales «No cuenten con nosotros para subir tasas, sólo para sanear cuentas y bajar la presión fiscal», subrayó González. Tras pedir al PP que no intente «manipular» a su grupo, el concejal recordó que el Ayuntamiento «ha hecho caso omiso a las necesidades de los servicios públicos de la ciudad» al emitir una oferta de empleo público, en su opinión, muy reducida.

Finalmente, el Grupo Municipal Ganemos emitió argumentos muy parecidos a los del PSOE, al rechazar lo que consideran que es la «consolidación» del aumento estatal del IBI.

En otro orden de cosas, también Gabriel Risco exigió participación ciudadana en la modificación del Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Ayuntamiento, que se aprobó con los votos a favor del PP y Ciudadanos. Risco cargó contra la ampliación de los puestos de asesores y coordinadores de grupos, que es la medida fundamental que se extrae de la modificación del Reglamento. «Es éticamente reprobable utilizar las instituciones como una agencia de colocación para introducir a familiares en el ayuntamiento en vez de contratar a personas por mérito y capacidad», dijo Risco, en referencia la contratación de la mujer del concejal Carlos García Carbayo entre los asesores del Grupo Popular.

Cabe destacar que la modificación del Reglamento ha sido pactada entre el PP y Ciudadanos, de modo que se ampliaran las dedicaciones exclusivas y parciales de los grupos. Así, tanto Fernando Castaño y Ana Suárez, ediles de Ciudadanos, tendrán a partir de ahora una dedicación parcial cada uno. Mientras tanto, el PP se siente libre para ampliar su cuota de personal de confianza, hecho que centró, como veíamos, el debate en el pleno.