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Hilera de cajas con toda la documentación enviada a Cataluña.
Cultura cifra en 1,1 millones los documentos del Archivo entregados a Cataluña

Cultura cifra en 1,1 millones los documentos del Archivo entregados a Cataluña

La autentificación legal de las digitalizaciones está pendiente en unos casos desde hace 4 años

francisco gómez

Lunes, 27 de julio 2015, 17:09

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No es una cifra cerrada ni exacta, pero es una aproximación. La primera de carácter oficial. Por primera vez, hay posibilidad de acercarse a una estimación del volumen de fondos del antiguo Archivo General de la Guerra Civil entregados por el Gobierno de España a la Generalitat de Cataluña en cumplimiento de la Ley de Restitución Documental del año 2005. Y el resultado es que más de 1,1 millones de documentos han salido desde el Colegio de San Ambrosio de Salamanca con camino al Archivo Nacional de Cataluña en Barcelona.

Es la cifra que aporta una comunicación oficial de la Subdirección General de Archivos, en respuesta de una petición de información del investigador salmantino Policarpo Sánchez, en el marco de la demanda que mantiene abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra la Generalitat por recepción y apropiación indebida de cientos de miles de papeles.

La cifra, 1.131.000 documentos, es la respuesta que se da la petición del número de copias digitalizadas. Hay que tener en cuenta que, por un lado, esta cantidad serviría para hablar de páginas más que de documentos (algunos de los fondos digitalizados son libros y no generan una sola imagen digital, sino una por página), pero por el otro están excluidos de la cifra las primeras 507 cajas con fondos enviadas en enero del 2006 (que ya habían sido microfilmadas previamente) y tampoco se tiene en cuenta que muchas de las cajas, carpetas y fondos fueron digitalizados solo parcialmente, con el fin de evitar «información redundante». Por estos motivos, Sánchez entiende que «seguramente el volumen total de fondos entregados se acerque a los 1,3 millones de documentos».

Precisamente, al margen de la cifra, la respuesta del Ministerio de Cultura también confirma que no se ha procedido en estos años a realizar un proceso de digitalización completo y sistemático de todos los papeles entregados a Cataluña. Y es que, si bien Cultura reconoce el objetivo de que «la copia digital sea lo más íntegra y fidedigna posible» al documento original que se entrega al archivo de Barcelona, se afirma que en todos los casos, con la única excepción de la última salida que tuvo lugar en diciembre de 2014, se evitó la digitalización de «carácter repetitivo».

Es decir, que en algunos casos en los que en una carpeta se encontraban distintos carnets de una misma organización, no siempre se digitalizaban todos íntegramente, o en otros casos, según la denuncia realizada estos años por Policarpo Sánchez, si un expediente personal estaba formado por varias páginas, únicamente se digitalizaba la portada.

Un hecho que resta valor al conjunto documental que se conserva en el Centro de la Memoria y que según la ley de Restitución, debe tener la consideración de «copia auténtica». Esto es, que a todos los efectos una copia de Salamanca tendrá la misma validez investigadora o de acreditación legal que el original en Barcelona.

Pero de nuevo se trata de la teoría, ya que la respuesta de la Subdirección de Archivos también reconoce que «todavía no se ha procedido a realizar la autentificación legal» de las copias realizadas de los documentos salidos de Salamanca entre 2006 y 2011.

El representante del Ministerio asegura que «no hay obligación legal» de realizar una compulsa de los documentos y avanza que esta autentificación se hará próximamente «de forma global sobre todo el fichero digital», es decir, no se irá caso por caso.

Para Policarpo Sánchez, esta situación es especialmente grave, ya que «está olvidando que el Centro de la Memoria, según su propia definición, no solo tiene la función de custodiar los fondos documentales, sino procurar que esos fondos sean garantía de reconocimiento de derechos, por ejemplo en el pago de pensiones a viudas o víctimas, y si todavía no se ha procedido a esta compulsa en estos momentos estos papeles son simples fotocopias».

Para el investigador salmantino, esta situación es el resultado de un proceso en el que «no ha habido aplicación de criterios técnicos de archivística al conflicto del Archivo, la entrega de los papeles fue una orden política que se llevó a cabo sin realizar un control individual de cada caso, algo que sería de esperar si se tiene en cuenta que se está hablando de la entrega a otra administración de algo que es patrimonio común de todos los españoles».

Sánchez afirma que «es la única conclusión posible» tras la respuesta del Ministerio de Cultura, en la que se le niega una relación detallada y completa de todos los documentos entregados a Cataluña, aduciendo que es «imposible técnicamente elaborar esa información». Sin embargo, el investigador subraya que «debería ser tan fácil como hacer un clic con el ratón, ya que se supone que esa relación existe y que de hecho se debe hacer previamente a entregar los papeles a Cataluña».

El Ministerio tampoco le ha facilitado las pruebas documentales que sirvieran en su día para incluir en los procesos de envío los fondos (pruebas que deberían acreditar que los papeles fueron incautados en Cataluña y a particulares con domicilio en esta comunidad). También, denuncia Policarpo, se señala una «imposibilidad técnica y material de realización» de ese listado de pruebas, cuando en realidad debería constar en los expedientes de la comisión mixta Gobierno-Generalitat que aprobaba las entregas de papeles a Cataluña.

Una situación de falta de control riguroso e individual de cada documento, que ha llevado a miles de errores, según Policarpo Sánchez. Papeles que nunca deberían haber sido entregados a Cataluña. Una situación que la propia Generalitat reconoce, aunque en mucho menor volumen, habiendo entregado de vuelta a Salamanca alrededor de dos centenares de documentos.

Entre los casos que reconoce el escrito remitido por la Subdirección de Archivos, destaca la entrega de 110 expedientes personales de la Agrupación de Socialistas Asturianos en Barcelona (PSOE de Asturias). Estos expedientes se encontraban en las cajas referidas con la signatura PS Barcelona 1191 y 1192. Dado que su entrega no está amparada por la ley al tratarse de papeles de particulares asturianos y no catalanes, en su día esta salida fue denunciada públicamente por Policarpo Sánchez, tras la entrega realizada a Cataluña el 20 de julio de 2011.

En aquel momento, el entonces director general del Libro, Archivos y Bibliotecas del Estado, Rogelio Blanco (miembro del Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero) acusó al investigador de «mentir» y aseguró que de Salamanca «no ha salido ni saldrá» ningún fondo relativo al PSOE de Asturias. Cuatro años después, la propia información oficial del Ministerio demuestra que efectivamente esos papeles salieron de Salamanca y que tras la denuncia de Sánchez regresaron «discretamente» a Salamanca el 6 de octubre de 2011.

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