UGT mantiene su pugna con CC OO por el convenio del metal y recurrirá la sentencia

Aunque el secretario provincial de CC OO, Emilio Pérez Prieto, movió ayer ficha para intentar mitigar y poner fin, lo más pronto posible, al evidente y llamativo divorcio que separa y aleja a su sindicato de UGT, cuya máxima expresión fue la celebración por separado del Primero de Mayo el pasado viernes en las calles de la capital salmantina, lo cierto es que las tensiones sindicales no se han esfumado.

Buena prueba de todo ello es que UGT confirmó ayer, por boca de su secretario provincial José Luis Hernández Rivas, que la central ugetista recurrirá la reciente sentencia del Juzgado de lo Social número uno de la capital, que desestimó la demanda que presentó UGT contra Confaes y Comisiones Obreras por la cláusula de formación del convenio colectivo del sector del metal. Su reclamación se materializará mediante la presentación de un próximo recurso ante las instancias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

No obstante, Hernández Rivas quitó hierro a la controversia sindical generada, al afirmar que ambos sindicatos «estamos condenados a entendernos» y negó que la UGT haya querido romper la unidad de acción sindical como consecuencia de la espinosa polémica generada por la rúbrica del convenio colectivo del metal. «Lo único que queríamos era salir a la cabecera de la manifestación con la pancarta y no nos dejaron», apuntó Hernández Rivas a la hora de explicar las palpables fricciones surgidas por la controvertida conmemoración del Primero de Mayo.

La sentencia del Juzgado de lo Social pone de manifiesto que UGT utilizó argumentos empresariales, y no premisas sindicales, para fundamentar su demanda. UGT consideró que el artículo 39 del convenio del metal vulneraba los artículos 14, 22 y 38 de la Constitución, e interpretaba este precepto bajo la idea de que se pretende, indirectamente, la asociación forzosa a Confaes de las empresas afectadas por la aplicación del convenio colectivo, que regula la actividad laboral de 500 empresas y 3.000 trabajadores en la provincia salmantina.

En el fallo judicial, el juez señala textualmente que «de la simple lectura del precepto objeto de la impugnación, no cabe apreciar en modo alguno la infracción de los preceptos constitucionales que se invoca». Además, la sentencia, dictada el 24 de abril, desmonta las reclamaciones ugetistas, que relacionaban la presunta vulneración del principio de igualdad, consagrado en el artículo 14 de la Constitución, con un supuesto incumplimiento del artículo 26.3 del Estatuto de los Trabajadores.

La impugnación efectuada por UGT constituye un hecho inédito, dado que es la primera vez que un sindicato denuncia un convenio en Salamanca en la historia de la negociación colectiva y desde el desmoronamiento de los antiguos sindicatos verticales del régimen franquista. Además, en la demanda de UGT no figuraba ninguna referencia expresa a la limitación de antigüedad de los trabajadores, un delicado asunto que figura en el telón de fondo de esta agria controversia.