Denuncian la falta de traductores para las víctimas extranjeras de violencia de género

Concentración llevada a cabo en la Plaza a los pies del Ayuntamiento contra la violencia de género. /
Concentración llevada a cabo en la Plaza a los pies del Ayuntamiento contra la violencia de género.

Expertos de la Universidad participan en un proyecto nacional que busca concienciar sobre la necesidad de intérpretes profesionales

FRANCISCO GÓMEZsalamanca

Imagínese en un país remoto en el que hablar español no vale para nada. Ni siquiera defenderse medianamente en inglés o francés. Imagine ahora que de la capacidad de hacerse entender dependa la posibilidad o no de escapar de una situación de violencia, la correcta argumentación en un juicio para tener la custodia de un hijo o la posibilidad de recibir la asistencia que precisamos. Pues este es el problema al que se enfrentan las víctimas extranjeras de violencia de género. A la situación derivada de un contexto ya de por sí muy complejo, normalmente aparejado a problemas de desarraigo, exclusión o incluso trata o explotación sexual, se suma que los recursos públicos y las asociaciones no disponen de una respuesta que garantice la correcta atención en su idioma a estas mujeres.

El problema no es exclusivo de Salamanca, sino que es una situación que se repite en casi todos los puntos de España. Así lo señalan los tres expertos de la Universidad de Salamanca que participan en el programa Speak Out for Support (SOS-VICS) que lidera la Universidad de Vigo y que busca convertirse en el primer gran proyecto europeo de impulso de la formación de intérpretes especializados para la atención de las víctimas de violencia de género extranjeras.

La iniciativa, según explica la profesora de la Facultad de Traducción Icíar Alonso, parte de la constatación mediante un amplio estudio de campo que ha abarcado servicios sociales, sanitarios y también asistencia jurídica- de que «las víctimas extranjeras que no hablan idiomas vehiculares como el inglés o el francés tienen más difícil acceder a la información sobre los recursos de que disponen y cuando logran entrar en contacto con estos servicios, generalmente no pueden hacer valer sus derechos como víctimas por el simple hecho de que no cuentan con la ayuda de intérpretes profesionales y sufren por tanto una ausencia de garantías que llega a ser total en algunos casos».

Jesús Baigorri, profesor en el grado de Traducción e Interpretación de la Usal y participante en el proyecto, explica que «el problema es que ha habido demasiada improvisación a la hora de canalizar los nuevos contextos generados por la migración y la violencia de género es una de las cuestiones donde es más evidente». Así, el profesor afirma que el estudio constata que «muchas de las víctimas extranjeras señalan que son traducidas por el primero que pasa por allí y dice que sabe algo del idioma o de otro parecido». Por ejemplo, Baigorri destaca el caso de una víctima de violencia de género de nacionalidad búlgara: «como nadie sabía búlgaro, se recurrió a alguna persona que supiera otra lengua eslava que sonara parecido y eso dio como resultado que la víctima tuvo una respuesta incompleta e ineficaz a su problema».

La situación a veces va más allá, según destaca Críspulo Travieso, profesor en el grado de Información y Documentación y el tercero de los expertos de la Usal en formar parte de SOS-VICS. «Como las víctimas no acceden a un intérprete profesional, en muchas ocasiones padecen la manipulación de lo que dicen ante la policía o ante el juez, porque se ha recurrido para que traduzca una persona que a veces cree que es mejor que haga un papel de una especie de mediador y trate de solventar el conflicto en vez de expresar fielmente lo que dice la víctima».

Situaciones que lamentablemente no son ajenas a Salamanca. Aunque los tres expertos señalan que al tratarse de una ciudad con una población inmigrante escasa el impacto de este problema es menor que en áreas como Madrid, Cataluña o Canarias, lo cierto es que el porcentaje de mujeres extranjeras víctimas de violencia de género representa algo más del 15% del total de víctimas registradas en las asociaciones de referencia, Plaza Mayor y Adavas.

Y, además, según el estudio realizado por Ana Alonso Grandes bajo dirección de la profesora Icíar Alonso sobre la asistencia lingüística a víctimas de violencia de género, todas las entidades dedicadas a trabajar sobre este problema constatan «que existen problemas de comunicación», en muchas ocasiones difícilmente salvables.

En el caso de la Asociación de Mujeres Plaza Mayor, se habla de la recepción de una media de «entre dos y tres mujeres a la semana» con problemas de comunicación por culpa de las barreras idiomáticas.

Aunque la asociación garantiza una total atención en inglés y francés, debe hacer frente a víctimas de nacionalidad muy variada, con muchas mujeres que hablan exclusivamente distintos dialectos del árabe, idiomas exóticos africanos (radicados en Kenia, Senegal, Congo o Mali) o países del este como Bulgaria, Rumania, Polonia o Rusia.

Son datos bastante equivalentes a los que maneja Adavas. La Asociación de Asistencia a las Víctimas de Violencia y Malos Tratos atiende a cerca de 200 víctimas cada año, de las que entre un 12 y un 18% son extranjeras. Marruecos es la principal procedencia, con el 17% de los casos. Brasil es el segundo país de procedencia más numeroso aunque el portugués no suele plantear tantos problemas comunicativos-, seguido por un amplísimo grupo de procedencias como Rusia, Rumanía, Burkina Faso, o Bulgaria.

En todos los casos de idiomas minoritarios, las asociaciones tienen el mismo problema y necesitan recurrir a los familiares y amigos de la víctima, aunque para los casos más graves «se intenta recurrir a un intérprete profesional».

Los tres expertos participantes en el proyecto SOS-VICS afirman que «en Salamanca las víctimas tienen afortunadamente a su alcance dos asociaciones de referencia que ofrecen un apoyo completo que es admirable», afirma Baigorri, quien lamenta en cambio que «fuera de estos entornos y de su esfuerzo, el apoyo lingüístico no está ni mucho menos garantizado en otros entornos de la red pública de asistencia social», como es el caso de los servicios sanitarios e incluso policiales y judiciales.

Por eso Icíar Alonso señala que «creemos que el proyecto SOS-VICS es muy importante, queremos llamar la atención de la sociedad sobre un problema muy grave que padece un alto número de víctimas a las que no se está dando la respuesta adecuada».