La Fiscalía investiga 46 contratos que otorgó la Diputación a cuatro empresas

Carlos García Sierra, Javier Iglesias y Francisco Albarrán, en una sesión del pleno de la Diputación. /
Carlos García Sierra, Javier Iglesias y Francisco Albarrán, en una sesión del pleno de la Diputación.

Las pesquisas se centran en diversos alquileres de maquinaria y materiales de construcción y hasta en el suministro de áridos para mejorar la red viaria. Todas las adjudicaciones de la lista que remitió el PP corresponden al arreglo de las carreteras

RICARDO RÁBADE

El incesante torrente de sospechas y el océano de dudas que salpican la política de adjudicaciones de obras de carreteras por parte del Partido Popular, al amparo de su paraguas institucional al frente de la Diputación de Salamanca entre los años 2007 y 2012, está sobrepasando con creces el ritual y previsible enfrentamiento dialéctico entre el grupo de gobierno del PP y la oposición socialista, dado que se encuentra ya en fase de investigación en los juzgados.

El informe remitido en este sentido el pasado mes de noviembre a laFiscalía por el presidente de la institución provincial, Javier Iglesias, afecta, según ha podido saber este diario, a un total de 46 contratos de obras, vinculados en su práctica totalidad a la conservación y el mantenimiento de la red de carreteras de la provincia salmantina. De hecho, los contenidos de estas 46 contrataciones y las adjudicaciones efectuadas centraron y encendieron el tono de los intensos debates de la Comisión de Contratación que, con carácter extraordinario, se celebró el pasado 27 noviembre, donde populares y socialistas exteriorizaron sus profundas divergencias sobre este espinoso asunto.

Los 46 contratos bajo sospecha, y que centran las pesquisas y las investigaciones de la Fiscalía, engloban dos métodos diferentes de concurso y adjudicación, como son el procedimiento negociado sin publicidad, a donde se acostumbra a invitar habitualmente para concursar a únicamente tres empresas, y los contratos que se convocan según el clásico mecanismo de los concursos abiertos, metodología a la que pueden concurrir todas aquellas empresas que se muestren interesadas y que consideren que reúnen las características requeridas en las cláusulas de cada convocatoria.

Precisamente, la pormenorizada relación de los 46 contratos objeto de esta nueva trifulca partidista fue comunicada de forma oficial por el PP al PSOE en el seno de la Comisión de Contratación del pasado 27 de noviembre.En concreto, estos 46 contratos se distribuyen entre cuatro empresas, tal como se recoge en la información oficial que suministró el grupo de gobierno del PP en la citada comisión.

De los 46 contratos, 22 fueron otorgados a la empresa Francisco Barrueco, incluyendo un amplio abanico de suministros, como el alquiler de camiones con conductor incluido para el servicio de carreteras del área de Fomento, hasta el alquiler de equipos de bacheo, pasando por la utilización de una motoniveladora, retrocargadoras y camiones. Entre esta elenco de adjudicaciones figuran también otras relativas a diversa maquinaria, así como el suministro de materiales bituminosos, todo ello enfocado al mantenimiento y la conservación de las vías de titularidad provincial.

Algunas de estas adjudicaciones, tal como se reseña expresamente en la documentación hecha pública por el grupo de gobierno del PP en la sesión extraordinaria que celebró la Comisión de Contratación, se llevaron a cabo siguiendo el procedimiento negociado sin publicidad. De hecho, el procedimiento negociado sin publicidad se puede distinguir y diferenciar claramente de los demás en esta voluminosa documentación si el contrato analizado incorpora el dígito 3 como tercera cifra de su denominación.

Por otro lado, diez contratos más recayeron en la empresa Transpial, que recibió el encargo de la Diputación de acometer el suministro de áridos, en diferentes momentos, con destino al mantenimiento de las carreteras de la provincia.

El elenco de adjudicaciones que han sido puestas en conocimiento de la Fiscalía se diversifica con once contrataciones más, que fueron a recaer a la empresa Autopalas Salamanca. En este caso, las prestaciones comprometidas en los contratos resueltos por La Salina se centran, fundamentalmente, en el suministro de rodillos con destino a la conservación de las carreteras de la red provincial, además del alquiler de una motoniveladora y un rodillo vibratorio tipo tándem con destino al parque de maquinaria de la Diputación.

Otro de los contratos, por ejemplo, fue suscrito para el alquiler de retrocargadoras mixtas, con el correspondiente conductor, para actuaciones de mantenimiento y conservación de las carreteras en el marco del programa Fampro.

Finalmente, el cuatro bloque de contratos fue a parar a la empresa Alquileres de Salamanca. En este caso se trata de únicamente tres contratos, encaminados a suministrar materiales de construcción y recambios de maquinaria, insertándose dichos contratos en las acciones que viene desplegando la Diputación provincial para arreglar y mejorar el estado de las vías.

Aunque en el pormenorizado listado que puso sobre la mesa el PP el pasado 27 de noviembre, en la reunión de la Comisión Extraordinaria de Contratación, no se especificaba el valor exacto de cada uno de estos contratos, fuentes de toda solvencia de La Salina calculaban ayer que el montante total de los 46 sobrepasa los diez millones de euros. La adjudicación de los mismos se llevó a cabo entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2012.

La sesión que, con rango extraordinario, mantuvo la Comisión de Contratación el pasado 27 de noviembre tuvo lugar justo seis después de la explosiva y sorprendente rueda de prensa, que ofrecieron al unísono el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, y el diputado provincial de Fomento, Carlos García Sierra. Entonces, ambos dirigentes políticos anunciaron la remisión a la Fiscalía de un informe, junto con los expedientes de los contratos efectuados mediante el procedimiento negociado sin publicidad, correspondientes a obras adjudicadas, vinculadas todas ellas al ámbito de la red de carreteras de la provincia, entre los años 2007 y 2012.

El envío de esta jugosa documentación se acompañó, además, con la adopción de medidas disciplinarias contra dos altos funcionarios de libre designación del área de Fomento, a los que se apartó temporalmente de sus cargos por sus responsabilidades en las diferentes adjudicaciones tramitadas. Uno de estos funcionarios es el director del área de Fomento de la Diputación provincial, Manuel Borrego.