El Gobierno trata de cerrar en falso el conflicto del Archivo

«Con este envío finaliza el proceso de restitución de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil a la Generalitat de Cataluña». Esta es la información oficial remitida por el Ministerio de Cultura tras la celebración del patronato del Centro Documental de la Memoria esta semana en Madrid. Un argumento repetido también por las instituciones de Castilla y León pero que en realidad está lejos de ser un valor absoluto, ya que, con los términos de la entrega que espera llevar adelante, el Gobierno está en realidad vulnerando la ley de Restitución Documental que ampara todo el proceso.

La propuesta que fue avalada con el voto mayoritario de los miembros del patronato establecía que frente a las más de 500 cajas que reclamaba Cataluña para su envío en las próximas semanas, se procederá únicamente a la entrega de 238 cajas de documentación, asegurando que aquellas que se deniegan pertenecen a «particulares y organizaciones que ya no existen o no poseen un sucesor claro». Entre estas, se cita a organizaciones como Unión Patriótica, Solidaridad Internacional Antifascista o Socorro Rojo Internacional, que no tienen continuidad en la actualidad en ninguna otra organización.

El Ministerio de Cultura se basa para tomar esta medida (que entrega a Cataluña apenas el 11% de la documentación que solicitaba para este último envío) en el fundamento jurídico número 7 de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Restitución (21/2005), desestimando uno de los casos de posible inconstitucionalidad de este texto ya que considera que no se «transfiere» la titularidad de un archivo estatal como el de la Guerra Civil a la Generalitat de Cataluña sino «una serie de fondos documentales» y lo hace «a los solos efectos» de que se entreguen a sus propietarios originarios o sus sucesores.

El Constitucional detalla que si esta restitución no se puede producir, los documentos «siguen integrando un archivo de titularidad estatal» y dado que no se prevé en la ley (cosa que sí podría haberse hecho, aclara el tribunal) que la gestión de esos documentos corresponda a la Generalitat, deben ser reintegrados al Centro de la Memoria de Salamanca.

Ahora bien, este fundamento jurídico no anula en ningún caso el artículo 2.2 de la Ley de Restitución, que establece que el Estado debe entregar a la Generalitat «los documentos, fondos documentales y otros efectos, incautados en Cataluña a personas naturales o jurídicas de carácter privado, con residencia, domicilio, delegación o secciones en Cataluña».

Un laberinto que pone de manifiesto las debilidades de la ley de Restitución pero que deja claro, según fuentes jurídicas consultadas, que el Estado no puede aplicar «preventivamente» un principio que no está previsto en el propio texto. Es decir, en cualquier caso, debe entregar a Cataluña todas las cajas que se solicitan (siempre que cumplan el hecho de pertenecer a particulares con residencia, domicilio o delegación en esta comunidad durante la Guerra) y si luego nadie puede acreditar que esos documentos le pertenecen legítimamente, la Generalitat debe a su vez reintegrarlos al Archivo de Salamanca.

Ante esta situación, las mismas fuentes consideran que la Generalitat está efectivamente legitimada para «impugnar» el acuerdo del patronato, pero dado que este acuerdo no tiene un carácter vinculante y por lo tanto no genera una acción pública inmediata, deberá esperar a que se sustancie la orden ministerial de salida de las 238 cajas desde Salamanca y en ese momento interponer un recurso contra su contenido en la Audiencia Nacional.

Un contencioso que ya ha sido anticipado por el conseller de Cultura catalán, Ferran Mascarell, que ha considerado una «bajeza democrática» por parte del Gobierno echarse atrás en un envío que había sido pactado en marzo del 2013.

Cajas de ida y vuelta

Un anuncio que hace difícil pensar en que la salida de las 238 cajas que en principio tendrá lugar a principios de julio «zanje» el conflicto de restitución tal y como sostienen Ministerio de Cultura, Junta de Castilla y León y Ayuntamiento de Salamanca. Fundamentalmente, porque en la comparecencia del conseller sólo se reclamó el envío íntegro de todas las cajas solicitadas, pero en ningún caso se habló de la posible devolución a Salamanca de aquellos papeles de particulares que la Generalitat no ha restituido a sus propietarios o los herederos de estos.

Un volumen que no bajaría de los 300.000 documentos y el medio centenar de libros, relacionados con particulares que no tuvieron residencia en Cataluña, con organizaciones que no tenían su sede en esta comunidad (donde destacan los del Partido Socialista de Asturias), o vinculados a organizaciones extintas como la Asociación de Intelectuales para la Defensa de la Cultura.

La Ley establecía una serie de plazos para que este proceso de restitución a los particulares se llevara a cabo, proceso que fue organizado por la propia Generalitat a su vez por un decreto propio (183/2008), que otorgaba de plazo hasta enero del 2013 a los particulares para acreditar su titularidad de los papeles enviados desde Salamanca y optar a la restitución.

Finalizado este plazo, la inmensa mayoría de los fondos permanecen en el Archivo Nacional de Cataluña, aunque según el principio que ahora maneja el Gobierno para restringir el último envío deberían ser entregados de vuelta a Salamanca.

Algo que no parece estar en la mente de la Generalitat, que habla de abrir un segundo proceso de acreditación de propiedad para los particulares como respuesta al anuncio del Ministerio de Cultura de su intención de reclamar al Gobierno catalán que reintegre al centro de Salamanca «aquellos documentos remitidos en envíos anteriores y que, sin embargo, no ha podido devolver a sus propietarios, ya sean particulares u organizaciones que ya no existen o no poseen un sucesor claro».

Un amplio frente que parece muy lejos de estar definitivamente zanjado.