Evo Morales nombra a los directores que controlarán a cinco petroleras

El Gobierno de Bolivia ha designado a los directores que asumirán el control de cinco petroleras, entre ellas una filial de la hispano argentina Repsol YPF y otra de la brasileña Petrobras, que pasaron a la órbita del Estado hace una semana por decreto del presidente, Evo Morales.

Los representantes del Estado, entre los cuales hay cuatro militares en servicio, han recibido sus memorandos de designación de manos del ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, y del presidente de la firma estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Jorge Alvarado.

Han sido designados un total de cinco síndicos titulares, cinco suplentes, además de 20 directores para tener cuatro en cada una de las petroleras nacionalizadas, donde las trasnacionales contarán sólo con tres representantes en minoría.

Los síndicos que tendrán a su cargo la fiscalización del Estado son Santiago Berríos en la empresa Andina, participada por Repsol YPF; René Rocabado en Chaco, del grupo British Petroleum (BP); y Felipe Hurtado en Transredes, subsidiaria de Enron y Shell.

Berríos es un conocido abogado que hasta ahora era presidente de la Alianza Patriótica de Abogados, que el año pasado inició un juicio contra las petroleras para pedir la anulación de sus contratos.

La empresa de refinado de Petrobras ha asumido como síndico Jorge Soruco, un oficial de la Fuerza Naval de Bolivia; y en la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB), participada por capitales peruanos y alemanes, Federico Yáñez.

Entre los directores de Transredes, destaca el abogado e historiador José Luis Roca, uno de los principales críticos de la privatización parcial de las empresas estatales en su país que llevó el ahora ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada hace una década.

Comienza la negociación

Para tener el 51% de las compañías Andina y Chaco, el Estado nacionalizó el 3% de las acciones en cada una; en Transredes el 17%; y en la refinadora de Petrobras y en CLHB el 51%.

El ministro Andrés Soliz ha dicho que, a partir de ahora, el Gobierno comenzará a negociar con esas compañías la forma de pagar por las acciones que pasaron a propiedad estatal.

Ha explicado que en algunos casos, que no ha especificado, las empresas han aceptado que se les pueda pagar por sus acciones con la producción de gas y petróleo, aunque Alvarado ha matizado que también hay que considerar las deudas tributarias que tienen con el Estado. El valor aproximado de las acciones puede conocerse porque las empresas están inscritas en la Bolsa Boliviana de Valores.

"Puedo adelantar que en todas las empresas del sector nombradas aquí prácticamente hay una aceptación generalizada y lo que falta son estos trámites de detalle", ha comentado Soliz. En el caso de Andina, Chaco y Transredes, la estatal YPFB debe recibir el endoso de las acciones que gestionan las Administradoras de Fondos de Pensiones Previsión Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), de España, y Zúrich Financial Services, de Suiza.

Según Soliz, se ha establecido que las AFP "nunca" firmaron un contrato con el Estado para ser fiduciarias de esas acciones que pertenecen al Fondo de Capitalización Colectiva, una entidad creada para pagar una renta anual vitalicia a todos los bolivianos.

El ministro boliviano ha señalado que esa falta de contrato era uno de los "vacíos jurídicos" detectados en el proceso de privatización parcial de esas compañías, además de otros que ahora deben ser investigados por los directores y síndicos.

España insiste en una solución negociada

La vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, ha dicho sobre la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia que Madrid apoya una negociación que respete los intereses bolivianos pero defienda los de las empresas de España.

La vicepresidenta ha negado la posibilidad de que las empresas españolas se retiren de Bolivia, y ha dicho que, a excepción del sector de los hidrocarburos, "el resto de las empresas españolas que están en Bolivia no se ven afectadas por esta situación y están trabajando sin ningún tipo de problema".

"Nadie se va a ir de ningún sitio, las empresas españolas que han ido a América Latina a invertir tienen vocación de quedarse". La nacionalización que afecta a Repsol YPF, es un caso concreto, "un caso puntual que estamos trabajando por reconducir, por negociar y buscar un acuerdo apoyando los intereses de esa empresa".

En el caso de Bolivia, de la Vega ha recordado que, desde el anuncio de la nacionalización, el Gobierno español ha adoptado diversas decisiones. Todas están regidas "por el principio de buscar la vía diplomática y de la negociación para tratar de encontrar un acuerdo que, respetando los intereses que están implícitos en la decisión adoptada por el Gobierno boliviano, respete los intereses de las empresas españolas".

"Nuestra intención es promover esas vías de dialogo", una vez que la empresa afectada ha expresado su deseo de permanecer en el país y de negociar, en referencia a Repsol YPF.

El hecho de que se haya iniciado una negociación es una buena noticia, y el Gobierno (español) va estar siempre apoyando la vía diplomática y política para buscar y encontrar un acuerdo".