El PSOE de Ponferrada acusa al PP de desafiar a los tribunales con nuevas licencias en La Rosaleda

Dice que podrían demolerse algunas viviendas en el caso de que el fallo del TSJ se ratifique

C. CUESTAPONFERRADA

El partido socialista de Ponferrada ha criticado duramente la decisión del equipo de gobierno popular, que gobierna en el Ayuntamiento de la capital del Bierzo, de conceder 253 licencias para la construcción de nuevas viviendas en el barrio de La Rosaleda, después de que existan dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que consideran ilegal la modificación del PGOU, donde está diseñada la nueva zona residencial en la que está previsto construir casi 5.000 viviendas.

Desde el partido popular, el concejal de urbanismo, Juan Elicio Fierro, justifica esta concesión de nuevas licencias alegando que la resolución del TSJ no es firme, puesto que desde el Ayuntamiento de Ponferrada se han presentado sendos recursos que han sido admitidos. Fierro acusa al PSOE de intentar meter miedo a los compradores de viviendas en el barrio de La Rosaleda y niega los argumentos de desprecio a la justicia de los que les acusan.

Para el equipo de gobierno, las sentencias se resuelven con el nuevo Plan de Ordenación Urbana, que ya se ha presentado y que está en estos momentos a exposición pública y en periodo de alegaciones. Para Fierro, el nuevo PGOU legalizará la situación de este barrio.

«Sin argumentos»

El concejal de urbanismo afirma con rotundidad que «las nuevas licencias son fruto del normal funcionamiento administrativo» y, tanto desde el equipo de gobierno como desde los técnicos de urbanismo municipales, consideran que no hay fundamento en el que ampararse para denegar una licencia ni para paralizar las obras, pues «si tenemos una sentencia que no es firme, el Ayuntamiento no puede presentar argumentos que denieguen una licencia».

Ángel Marqués, portavoz del PSOE, considera esta actitud de conceder licencias por encima de las sentencias como un «desacato público y un desafío a los tribunales». Para Marqués, esta medida supone una temeridad sin procedentes que crea una gran incertidumbre entre los ciudadanos. Desde el PSOE consideran «que no es difícil que el fallo se ratifique tal cual está y, en ese caso, es probable que un tribunal ordenara la demolición de las viviendas que hubieran sido licitadas después de la publicación de la sentencia.