Dos años de proceso y casi 25 de reclamaciones

El retorno a Cataluña de los llamados "papeles de Salamanca" pone fin a cerca de un cuarto de siglo de reclamaciones desde esa comunidad y a un proceso iniciado hace casi dos años cuando el Congreso instó al Gobierno a buscar una solución a ese largo contencioso.

Las primeras reclamaciones para la devolución a Cataluña de los documentos incautados a la Generalitat y que forman parte del Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca comenzaron en los años ochenta.

En 1995 el Gobierno socialista acordó que fueran devueltos a Cataluña, una decisión que no llegó a ejecutarse y que originó una polémica que se ha mantenido desde entonces.

Estos son algunos de los acontecimientos más relevantes relacionados con la devolución de los documentos:

Año 2000.- Los gobiernos central y catalán crean una comisión técnica para analizar el futuro de los "papeles".

Junio de 2002.- La comisión finaliza sus trabajos sin acuerdo y con dos dictámenes separados, el emitido por los dos historiadores nombrados por el Patronato de la Junta de Archivos, que aboga por mantener los documentos en el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca; y el de los historiadores nombrados por la Generalitat, que proponen depositar en el Archivo Histórico Nacional de Cataluña todos los documentos anteriores a 1936 relacionados con esta comunidad.

22 de julio de 2002: El Patronato del Archivo General de la Guerra Civil, presidido por la ministra de Cultura Pilar del Castillo (PP), rechaza el traslado de documentos a Cataluña alegando la necesidad de preservar la unidad del archivo. Ministerio y Junta de Castilla y León dan por cerrado el asunto, en tanto que la Generalitat anuncia su intención de recurrir.

18 de mayo de 2004: El Pleno del Congreso aprueba una proposición no de ley socialista que insta al Gobierno a negociar antes de fin de año una solución al contencioso.

15 de junio de 2004: El Patronato del Archivo General de la Guerra Civil acuerda nombrar una Comisión de expertos encargada de analizar la petición de la Generalitat sobre el traslado de documentos a Cataluña.

22 de diciembre de 2004: El Parlamento de Castilla y León reforma dos leyes para impedir la salida de documentos del Archivo de Salamanca. Ambas están recurridas por el Gobierno ante el TC, que mantiene suspendida una de ellas.

23 de diciembre de 2004: El Comité de Expertos emite su dictamen -aprobado con el voto favorable de 14 de sus 17 miembros y tres abstenciones parciales- en el que recomienda devolver a Cataluña los documentos.

28 de diciembre de 2004: La ministra de Cultura, Carmen Calvo (PSOE), anuncia que el Gobierno asume el informe de la comisión de expertos sobre el Archivo de Salamanca y devolverá a la Generalitat de Cataluña los documentos que le fueron expoliados en la Guerra Civil.

15 de abril de 2005: El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de Ley de Restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos incautados durante la Guerra Civil que se encuentran en el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca, y la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica en esa misma ciudad.

11 de junio de 2005: Decenas de miles de personas se manifiestan en Salamanca contra el traslado de los "papeles".

17 de junio de 2005: La Audiencia Nacional desestima la inmovilización cautelar de los fondos documentales del Archivo de Salamanca que había pedido la Junta de Castilla y León

15 de septiembre de 2005: El Pleno del Congreso aprueba, con el voto favorable de todos los partidos, salvo el PP, el proyecto de Ley de restitución de los "papeles".

3 de noviembre de 2005: La Ley recibe su aprobación definitiva en el Pleno del Senado, que rechaza el veto presentado por el PP y las enmiendas de este partido, PNV e IU.

18 de noviembre de 2005: Entra en vigor la Ley, que establece un plazo de tres meses para la devolución de los documentos y de un año para la creación y puesta en funcionamiento del Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en Salamanca.

12 de diciembre de 2005: La Junta de Castilla y León presenta un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley ante el Tribunal Constitucional.

15 de diciembre de 2005: La ministra Carmen Calvo anuncia que los documentos se devolverán a la Generalitat en enero de 2006.

3 de enero de 2006: Unas 4.000 personas participan en Salamanca en una protesta contra la salida de legajos bajo el lema "Venceréis pero no convenceréis".

17 de enero de 2006: Calvo comunica que el traslado se efectuará el 19 de enero, en tanto que la consejera de Cultura de Castilla y León, Silvia Clemente, denuncia que no se haya constituido la comisión mixta (Gobierno-Generalidad) prevista en la Ley de Restitución para de seleccionar los papeles susceptibles de devolció.