El juzgado anula la resolución del contrato al anterior gestor de la residencia de Peleas

El fallo estima en parte el recurso de Eugenio Grande e invalida el acuerdo de pleno por el que se le retiró la dirección

A. G.ZAMORA
El juzgado anula la resolución del contrato al anterior gestor de la residencia de Peleas

La titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Zamora ha anulado el acuerdo de pleno del Ayuntamiento de Peleas del 9 de noviembre del 2004 en el que se decidió dar por finalizado en contrato e gestión de la residencia con la empresa Nuestra Señora del Cueto, cuyo gerente es Eugenio Grande. El fallo judicial estima en parte el recurso interpuesto por el anterior gestor del centro y por la entidad Caja Duero al declarar que la decisión plenaria no se ajusta a derecho.

En concreto, la juez considera que la Corporación municipal debió solicitar un informe jurídico -el dictamen del Consejo de Estado- para adoptar la resolución de pleno, puesto que el presupuesto de la residencia de personas mayores supera los 600.000 euros, tal como explicó el abogado del Ayuntamiento de Peleas, José Gabino Carro.

Sin cambios de situación

El letrado aclara que, a su criterio, no era necesario el informe jurídico, y señala que existe jurisprudencia en la que se excluye como motivo de anulación la falta del informe cuando ello no causa indefensión a la otra parte.

No obstante, tanto el abogado como el alcalde de Peleas han subrayado que la sentencia es recurrible y que presentarán apelación: «Si el Tribunal superior de Justicia nos dice que tenemos que solicitar el informe, lo haremos», afirma Marcelo Jurado.

Otro aspecto de importancia a efectos prácticos es que, de momento, la situación de la residencia no va a cambiar y que el Ayuntamiento mantendrá la gestión del centro, aunque «podría darse un cambio si el anterior gestor lo pide», apunta el abogado.

El recurso presentado por la empresa gestora y por Caja Duero (entidad a través de la cual se había financiado la construcción del centro) se fundamentaba en otros siete puntos en los que, según hace notar el letrado, «se nos da la razón en todo». Así, según explica José Gabino Carro, la juez estima que no existe caducidad en los expedientes, ni desviación de poder ni insuficiencia de firmas, entre otros aspectos objeto del recurso.

El acuerdo de pleno de hace dos año, por el que se rescindía el contrato de gestión privada de la residencia, venía precedido de otras resoluciones administrativas y judiciales, que tuvieron su origen en las quejas de familiares y ancianos residentes. Ello motivó el que la Junta de Castilla y León trasladara a personas mayores de la residencia que ocupaban plazas concertadas y anuló el concierto con la gerencia del centro.

Carencias

Más adelante, seríala propia jueza de lo Contencioso la ordenara que el Ayuntamiento de peleas se hiciera cargo de la gestión del centro «por interés de los mayores». La jueza alegó «carencias económicas y técnicas» para retirar la gestión a la empresa privada y dejarla en manos municipales.

Notario y guardias

Fue en marzo del año pasado cuando el Ayuntamiento tomó posesión del centro en presencia de un notario y de la Guardia Civil, cuya intervención no fue necesaria, a pesar de las tensiones.

Ese mismo día, el hasta entonces gestor y su abogado anunciaron acciones penales «contra los responsables de esta intolerable actuación, que conculca los derechos fundamentales de los ancianos y de la propia gestora».

En el centro se alojan actualmente medio centenar de personas y ayer mismo se incorporaron ocho nuevos residentes.

Fotos

Vídeos