Borrar
arrestado en barcelona en 2003 en la 'operación lago'

El Gobierno entregará un terrorista salafista a Argelia a condición de que no lo ejecuten

Una vez que sea juzgado en España por integración en organización terrorista islamista, tenencia de explosivos y falsificación documental

EUROPA PRESS | MADRID

Domingo, 8 de enero 2006, 01:00

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

El Gobierno entregará a Argelia a Mohamed Amine Benamoura, alias 'Zacarías', uno de los salafistas detenidos en 2003 en Barcelona en la 'Operación Lago' y que formaban el denominado 'Comando Dixán', una vez que sea juzgado en España por los delitos de integración en organización terrorista islamista, tenencia de explosivos y falsificación de documentos oficiales.

Así lo afirmaba el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria a la pregunta del diputado de IU-ICV Joan Herrera sobre la situación en la que se encuentra Benamoura, teniendo en cuenta que la reclamación argelina es por una condena a pena de muerte que se le impuso en rebeldía. Es decir, que se trata de un castigo no previsto en nuestro ordenamiento, impuesto mediante un procedimiento que en España no se considera válido al no haberse realizado en presencia del acusado.

El Gobierno recuerda que la Audiencia Nacional solicitó a las autoridades argelinas un complemento informativo a su petición de extradición sobre cuál fue la participación del reclamado en los asesinatos que se le imputan y por los que fue condenado a muerte en marzo de 1998 por el Tribunal Penal de Chlef. Además, como es habitual a la hora de conceder extradiciones a países con penas de muerte o de cadena perpetua, se exigieron condiciones de que no se le impondría ninguno de estos castigos en el caso de que fuera entregado.

Sin ejecuciones desde 1993

Tras contestar Argelia que la pena de muerte, prevista en su Código Penal, está sujeta a una moratoria desde 1993, cuando se ejecutó la última, y que Benamoura volvería a ser juzgado y en ningún caso sería condenado a una pena superior a los 40 años de prisión, la Audiencia Nacional concedió su extradición al país africano. No obstante, el tribunal español también acordó "suspender la entrega hasta tanto no se depuren las responsabilidades que Benaboura tiene pendientes en España".

"El Gobierno español, mostrando un respeto absoluto por las resoluciones judiciales, no ha encontrado motivos suficientes para contradecir este criterio, y ha accedido a la entrega. No obstante, como quiera que el reclamado tiene responsabilidades pendientes en España, con arreglo a lo acordado por la propia Sala, la entrega no se hará efectiva hasta tanto no se hayan depurado las mismas", señala el Ejecutivo. El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, concluyó en octubre de 2004 la causa relativa a seis supuestos salafistas detenidos en Barcelona por presunta vinculación con el terrorismo de corte islamista. Uno de ellos era Benamoura, quien fue internado en la cárcel madrileña de Valdemoro a la espera de decidir sobre la petición de extradición formulada contra él por Argelia.

Los otros cinco procesados eran Mohamed Tahraoui, Smail Boudjelthi (alias 'Larbi Ben Ahmed Allag'), Ali Kaouka y Mohamed Nebbar, en prisión incondicional, y Souhil Kaouka, en libertad. Los cuatro primeros acusados fueron procesados por el juez Baltasar Garzón, porque, entre otros indicios, se les incautó un teléfono móvil manipulado de la misma forma que los utilizados en los atentados del pasado 11 de marzo en Madrid.

El juez les consideraba miembros del Grupo de Protectores de la Corriente Salafista, escisión del Grupo Islámico Armado (GIA), que forma parte de la red Al Qaeda. Los otros dos, Benamoura y Souhil Kaouka, fueron procesados por Fernando Grande-Marlaska meses después, tras encontrar indicios de que ambos estuvieron en contacto y frecuentaron una vivienda de Bañolas (Gerona) en la que estuvieron alojados salafistas arrestados en Francia.

La causa por la que los seis irán a juicio fue archivada por el juez Guillermo Ruiz Polanco (al que el CGPJ suspendió de funciones) al no encontrar indicios que los vinculara al terrorismo islámico. En la operación iniciada en enero de 2003 fueron detenidas 16 personas, aunque de forma paulatina todos fueron quedando en libertad hasta que el magistrado decidió su archivo.

El FBI logra que se reabra el caso y Garzón los procesa por terrorismo

El caso se reabrió en septiembre de 2003, tras recibirse un informe del FBI en el que se afirmaba que la mezcla de dos sustancias abandonadas por los encausados en unos contenedores podía servir para fabricar napalm casero. Sin embargo, el juez Ruiz Polanco tomó declaración a los principales inculpados y les dejó en libertad, situación en la que estuvieron hasta abril de 2004, cuando Garzón ordenó su detención por los delitos de integración en organización terrorista, tenencia de explosivos y falsificación de documentos oficiales.

El auto de procesamiento dictado contra ellos indicaba que en el piso de Tahraoui se halló un teléfono móvil de la marca Trium con dos orificios efectuados en la parte superior del mismo similar a los utilizados en el ataque de la red Al Qaeda en Bali el 12 de octubre de 2002, en el que murieron 180 personas, y a los usados en los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, en los que fallecieron 191.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios