Los secretarios e interventores de ayuntamientos se protegen ante casos de acoso laboral

La presidenta del Colegio de Secretarios e Interventores de Palencia, Rosa de kla Peña./A. QUINTERO
La presidenta del Colegio de Secretarios e Interventores de Palencia, Rosa de kla Peña. / A. QUINTERO

El Colegio Oficial idea un protocolo de actuación, liderado por la palentina Rosa de la Peña, con órganos y figuras especializadas

EL NORTEPalencia

El Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital), a través de su Consejo General, al que se ha adherido el Colegio Territorial de Palencia, creó en sesión celebraba el pasado 4 de junio un protocolo de intervención para casos de acoso laboral que establece una serie de órganos y figuras especializadas, un procedimiento de transmisión y acceso a la información de carácter electrónico y un paquete de medidas preventivas para hacer frente a este tipo de situaciones, en las que los profesionales ven menoscabados sus derechos por las presiones a las que se ven sometidos en el ejercicio de sus funciones.

La presidenta del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Palencia, María Rosa de la Peña, ha liderado este documento, con el que se busca evitar los graves daños psíquicos y profesionales de todos aquellos que sufren acoso. El protocolo viene a cubrir el vacío existente con respecto a las herramientas o instrumentos de los que disponen las entidades locales para atender a los funcionarios que protagonizan estos casos, y se establece como obligatorio para el Consejo General, dando opción a que los territoriales lo adopten voluntariamente.

El protocolo quiere que los colegiados se sientan apoyados, tanto personal como jurídicamente, y que sepan qué pasos concretos dar para defender su integridad. Por ello, y para asegurar que el protocolo sea efectivo, han ideado una serie de órganos, un procedimiento y unas medidas preventivas.

Los órganos especializados previstos para tratar de forma inmediata y profesionalizada estas cuestiones son la Comisión Anticorrupción y para la Defensa de la Legalidad (CADL), integrada en el seno del Consejo General, y el responsable territorial de Salud Laboral, figura que servirá como interlocutor y asesor directo y que dependerá de cada organización local.

En lo que atañe al procedimiento, de carácter totalmente electrónico, este consta de tres fases. Una primera, denominada 'iniciación', que representa el medio por el que el profesional pone en conocimiento la posible existencia de un caso de acoso mediante una relación de información que sirva para determinar si es necesario establecer una tutela por parte del colegio. Una segunda denominada 'instrucción', que recoge las actuaciones tendentes a precisar los hechos y la necesidad de que se profundice en la información aportada en la fase anterior a través del responsable territorial de Salud Laboral correspondiente, quien será el nexo del trabajador con el Consejo General. Al término de esta fase se puede estimar que en los hechos transmitidos hay un menoscabo, o, por el contrario, desestimarlo.

La tercera fase es la de 'resolución', en la que Comisión Anticorrupción y para la Defensa de la Legalidad podrá aceptar las conclusiones y propuestas formuladas e incluso las alegaciones de la persona implicada, o separarse de sus criterios. En todo caso se podrán acordar la realización de actuaciones complementarias para garantizar el acierto de la resolución, dotando a la víctima de medios para defender sus derechos.

Finalmente, el documento integra una serie de medidas preventivas dirigidas para evitar o mitigar las situaciones de ataque contra la salud laboral. Entre ellas se encuentran el establecimiento de un sistema de información y consultas en materia de salud laboral a la red colegial; la obtención de información para prevenir o solucionar los problemas que se susciten o puedan surgir; conseguir la mediación con las personas presuntamente responsables del acoso, e impulsar una reforma del ordenamiento jurídico para la dotación de medidas y acciones legales específicas para la protección de este colectivo.