Les piden ocho años de cárcel por administración desleal en una gravera de Torquemada
El fiscal considera que el matrimonio intervino en contratos, negocios, pagos y cobros en perjuicio del otro socio al 50% de la explotación de áridos
La Fiscalía Provincial de Palencia solicita para R. G. A. y su marido, A. P. A., una pena de cuatro años de prisión para cada uno de ellos por un presunto delito continuado de administración desleal o, alternativamente, por un presunto continuado de apropiación indebida, y una multa de 4.320 euros por un presunto delito continuado de denegación de información. La fiscal considera que R. G. A., como administradora única de la sociedad y socia al 50% de Hormigones El Eruelo, en Torquemada, y A. P. A., «como administrador y gestor de hecho», llevando la dirección efectiva de la empresa intervinieron «con ilícito ánimo de lucro» en contratos y negociaciones, así como en pagos y cobros, en perjuicio de la sociedad y de F. R. B., el otro socio al 50%.
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La acusación particular, por su parte, eleva su petición de pena para cada uno de ellos a cinco años de prisión y multa de 36.000 euros, así como una indemnización de un millón de euros para F. R. B., más los intereses legales hasta el pago de la misma.
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Palencia, que instruye ahora las diligencias previas, ha decretado la apertura de juicio oral y declara a la Audiencia de Palencia como órgano competente para el fallo.
La fiscal detalla que la sociedad Hormigones El Eruelo, en Torquemada, tenía por objeto la extracción de áridos, la compraventa de parcelas o terrenos y la intermediación en operaciones mercantiles de áridos y su transporte, con un capital social de 91.500 euros, representado por 9.150 participaciones sociales con un valor de 10 euros cada una.
«Desde junio de 2010, momento en que R. G. A. queda como administradora única, ya que hasta ese momento había sido administradora solidaria con F. R. B., los acusados, con vulneración del derecho de información del otro socio, actuando con total opacidad y falta de transparencia, se niegan a dar información contable y justificación de operaciones económicas a F. R. B., celebrándose una única junta en 2013, requiriendo F. R. B. a ambos acusados para que A. P. A. cesase en sus actividades de gestión, así como la devolución de las cantidades que habían percibido», recoge el escrito de acusación del Ministerio Público.
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«Los acusados, aprovechando la opacidad existente, con ánimo de lucro propio y con control total y en perjuicio del otro socio, vendieron gran cantidad de áridos de la empresa que no constan contabilizados sin ingresarlos en la empresa», apunta la fiscal. «Así, a Mario Fernández SA, áridos por importe de 162.000 euros; y a Pastor Gallardo y Materiales de Construcción Jesús SL, , mercancía por importe de 1.590 y 8.200 euros, respectivamente», añade la fiscal, que incide además en que, «sin acuerdo de la junta de socios», los dos acusados, «incumpliendo las obligaciones legales», hicieron varias ventas.
«El 30 de abril de 2014 vendieron la planta de áridos y diversa maquinaria a Tenesiver SL por 73.942 euros. Tenesiver SL recibió la maquinaria por 48.286 euros, pero no la planta, ya que el 2 de enero de 2015 vendieron la planta de lavado y clasificación de áridos, con báscula y generador, a J. P., representante de Áridos Poncio SL, por 41.864 euros, de los que recibieron 17.260», explica la fiscal en su escrito. «El 13 de mayo de 2014 vendieron a Loyal Prom SL unos derechos de explotación mineros por 400 euros, venta que se hizo efectiva a pesar de haber vendido los mismo derechos el 14 de enero de 2014 a Áridos Poncio SL por 3.630 euros. Y en el último trimestre de 2014 vendieron existencias de la empresa a diversas empresas como Tenesiver SL, Comercial Arroyo Construcción SA,Contenedores Castro SL y Reviflas SL por importe total de 1.180.599 euros», añade la fiscal.
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Un jefe informático de Hacienda acusado de instigar inspecciones
La Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Castilla y León inició en octubre de 2016 un expediente disciplinario contra su jefe de los servicios informáticos, el ahora acusado A. P. A., al haber recibido una denuncia que le acusaba de haber podido utilizar en varias ocasiones el acceso a datos oficiales para promover inspecciones tributarias de manera interesada contra varias personas vinculadas a «sus actividades mercantiles», como recogía el escrito de denuncia presentado.
La apertura del expediente disciplinario, firmado el 14 de octubre de 2016 por la entonces delegada de la agencia, Georgina de la Lastra, tenía su origen en la denuncia presentada el 3 de octubre por el empresario F. R., socio propietario al 50% de la compañía Hormigones El Eruelo, ubicada en el polígono de Torquemada, junto a R. G. A., esposa del funcionario denunciado, a quien además F. R. consideraba el verdadero gestor y administrador de la empresa, algo que estimaba incompatible con su puesto de funcionario.
F. R. ya había presentado en septiembre de 2015 una primera denuncia contra A. P. A. al considerar que podría haber promovido un proceso de inspección contra él a partir del acceso a datos de la agencia tributaria por su cargo. Asimismo, aseguraba constarle que había procedido de igual manera con otros perjudicados en sus «actividades mercantiles».
«Me han dicho que le han bajado el sueldo, pero que siguen viéndole por la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Castilla y León», comentaba F. R. ayer a este periódico.
Estas dobles ventas fueron objeto de acusación, como responsables R. G. A. y A. P. A., de dos delitos de estafa, y de sentencia condenatoria de julio de 2017 por parte del Juzgado de lo Penal de Palencia, que impuso a cada uno de ellos una pena de dos años de cárcel, sentencia que fue confirmada por la Audiencia de Palencia en septiembre de 2018.
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