Palencia protesta contra el fallo del Supremo sobre las hipotecas

Patricia Rodríguez, concejala de Ganemos, empuña un megáfono durante la protesta./Antonio Quintero
Patricia Rodríguez, concejala de Ganemos, empuña un megáfono durante la protesta. / Antonio Quintero

Casi 4.500 hipotecados de Palencia confiaban en recuperar los casi seis millones que se exigían a las entidades financieras

PILAR ROJOPalencia

En torno a un centenar de manifestantes se han concentraron hoy ante el edificio de los juzgados en Palencia para exigir mayor coherencia entre la decisión del Tribunal Supremo de que el cliente siga pagando los gastos hipotecarios y las tres sentencias firmes previas de este mismo tribunal que reconocen que deben ser las entidades financieras quienes asuman este coste. La iniciativa estuvo convocada por la Plataforma Antdesahucios y Ganemos como paso previo a más protestas y a la presentación de mociones en las instituciones donde tienen representación.

Entre gritos de «vergüenza» y con una gran pancarta que exigía más apoyo judicial al ciudadanos por parte de los órganos judiciales, los manifestantes escucharon artículos de la Constitución que respaldan la tutela judicial efectiva y el derecho a la vivienda. La decisión del Tribunal Supremo de que sea finalmente el cliente quien corra con los gastos del Impuesto de Actos Jurídicos ha caído como un mazazo entre los propietarios afectados y estos colectivos, que habían puesto todas sus esperanzas en un cambio de tendencias después de que tres demandantes de la comunidad de Madrid hubieran logrado un veredicto firme favorable que les eximía de hacer frente a estos pagos y se los atribuía al banco.

En la provincia de Palencia se calcula que son casi 4.500 los propietarios con hipotecas suscritas desde julio del año 2014 que pudieran haberse beneficiado de la decisión judicial. Las tres sentencias del propio Tribunal Supremo a las que aluden las asociaciones ciudadanas hacen referencia a tres propietarios de Rivas Vacíamadrid, que decidieron acudir al juzgado para exigir que fuera el banco quien corriera con estos gastos. El Impuesto de Actos Jurídicos Documentados es uno de los tributos que se pagan al constituir los préstamos sobre la vivienda y las administraciones recaudan al año casi 2.000 millones de euros en todo el país por este concepto. Tras las tres sentencias citadas, el Tribunal Supremo se reunió para determinar aspectos que ayudaran a fijar quien tenía derecho a esa devolución y cómo se llevaría a cabo, por lo que la reñida decisión final de que siga siendo el cliente y no la banca quien lo pague cayó como un mazazo entre los afectados y las organizaciones ciudadanas.

Los cálculos que se habían realizado en Palencia se justificaban en que el impuesto prescribe a los cuatro años, por lo que en principio el cambio de criterio del Supremo sobre afectaría a las hipotecas constituidas entre julio del año 2014 y julio de este año, según el Ine en Palencia 4.466 préstamos firmados. El importe de estas operaciones ha sido de 391,98 millones de euros, dado que el gravamen es del 1,5% en Castilla y León, la cantidad a la que se abría la puerta par reclamar a la Hacienda regional era de 5,88 millones en Palencia.

Teo Villahoz: «El Gobierno debe cambiar ya la Ley de la Vivienda»

«La Plataforma Antidesahucios reclama sobre todo que se tenga en cuenta a la ciudadanía. Esta decisión lo que supone ahora es que haya tres personas que por sentencia judicial firme vayan a recibir el dinero de los gastos de hipoteca y el resto no, porque han decidido hacerlo como han querido los políticos. Los jueces, por decirlo de alguna manera, han ido contra ellos mismos», señala el representante de la Plataforma Antidesahucios en Palencia, Teo Villahoz, promotor de la concentración que se celebró en los juzgados.

En opinión de este grupo, lo que ahora tiene que hacer el Gobierno es cambiar la Ley de la Vivienda, que es lo que también están reclamando desde Europa. «En el año 2013, en España se determina que las cláusulas suelo no son abusivas, se traslada a un tribunal europeo y determinan que sí que lo son. Con esta situación, lo que consiguen es ganar tiempo y que la banca siga con nuestro dinero», agregó.

«Estamos viendo cómo hay tres sentencias firmes en la comunidad de Madrid que avalan al afectado. Está claro que ha habido presiones por parte de los bancos, habrá que recurrir a los tribunales europeos, pero el Gobierno debiera tomar medidas porque el gran perjudicado es el consumidor», dijo.

Los manifestantes en la Plaza de los Juzgados lamentaron «que la Justicia haya vuelto a beneficiar a la banca en vez de al ciudadano, con unos criterios que son completamente opuestos a lo que inicialmente habían estipulado ellos mismos», indicó Teo Villahoz, de la Plataforma Antidesahucios.

En el mismo sentido se pronunció el portavoz de Ganemos, Juan Gascón, que planteó que la decisión del Tribunal Supremo «tranquiliza los mercados, pero no a los ciudadanos que pagan un impuesto injusto». Gascón, que anunció la intención de su grupo de plantear mociones en el Ayuntamiento y las instituciones donde tengan representación, también exigió la puesta en marcha de una banca pública, que funciona con éxito en países como Alemania, y que permitiría que las personas más desfavorecidas puedan acceder a la compra de una vivienda sin tener que asumir «impuestos tan injustos como pueda ser éste».

Juan Gascón: «Debemos dar pasos hacia la banca pública»

«Atendemos a la reivindicación de la ciudadanía. Si es el pueblo el que tiene la soberanía en España, no puede ser la banca la que genere este conflicto. El cambio de postura genera mucha indefinición jurídica. El artículo 68 se modifica respecto a una interpretación, en nuestra opinión, que no es acorde a lo que se plantea en la propia sentencia. Entendemos que responde a presiones de la banca, no genera unanimidad en el pleno que se convoca de forma urgente por las presiones económicas», explica el portavoz de Ganemos, Juan Gascón.

En opinión de Gascón, la modificación de esta sentencia hace que la banca esté contenta, los mercados estén tranquilos, «pero obviamente nosotros no defendemos a la banca ni a los mercados, sino a la mayoría de la ciudadanía hipotecada, que paga un impuesto que tenía que haber pagado la banca, como dicen tres sentencias, y ahora resulta que se cambia el criterio. Nos parece un despropósito, un cambio de postura respecto a los intereses de los poderosos, y queremos que el pleno del Ayuntamiento de Palencia se posiciones respecto a eso, a favor de una banca pública. En países como Alemania hay un 24% de banca pública y pensamos que España debiera dar pasos respecto a eso», sostuvo Gascón.

El portavoz municipal de Ganemos destacó que el acuerdo del Tribunal Supremo tampoco ha sido algo consensuado, «sino un cambio de postura respecto al tema», indicó.

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