Jusapol pedirá en Madrid a los políticos que salden «la deuda histórica» con la Policía y la Guardia Civil

Miguel Ángel Gómez García; José Alfredo Milano Ramos; Francisco Javier Melero Perrote; Carlos Arturo Llorente Gozalo, Javier Gil Guerra, y Javier Hernán Hernán. Esos son los nombres de los seis integrantes de la nueva directiva de Jusapol, todos palentinos, que dejan muy claro lo que se va a decir en la capital de España en la movilización del día 19. «La ILP que está en el Congreso, la hemos enmendado. A nivel del personal en activo, ya viene estipulado mes a mes las diferencias reales de lo que debería cobrar cada componente según escala y empleo. En cuanto al personal de segunda actividad y reserva, no le dejamos de lado y lo que pedimos es que se meta en el complemento específico general o que se cambie el real decreto y el complemento específico singular pase a ser de carácter general y lo perciban. Y metemos en las enmiendas que al personal que es de antes de 2011 se le haga el cálculo para que sea voluntario el pase a seguridad social o se mantengan en clases pasivas», comentan.

«La equiparación salarial es la punta de lanza, el objetivo principal de Jusapol. Ahora mismo hay un acuerdo que firmaron otros sindicatos y asociaciones con el Ministerio de Interior que no contempla una equiparación real, porque deja fuera a los compañeros de reserva y segunda actividad, las pagas extraordinarias, las asistencias a juicio, las jubilaciones y el sueldo mensual. Se ha demostrado que los 807 millones de euros no son suficientes para una equiparación mes a mes», subraya el presidente de Jusapol, Miguel Ángel Gómez, que incide en el éxito de Jupol en las elecciones del pasado 21 de junio en la Policía Nacional, ya que esta organización de nueva planta y sin anterior representación en el Consejo de la Policía, se hizo con 8 de los 14 vocales de este órgano sin capacidad ejecutiva en la institución pero sí con mucha influencia dentro del cuerpo. Jupol, que nunca antes había acudido a unos comicios, obtuvo cerca de 30.000 votos de los 66.700 policías nacionales que estaban llamados a las urnas, de los que participaron el 72,7%.

«Jupol (que ayer en el Consejo de la Policía dio plantón al ministro Grande-Marlaska) se ha encontrado con muchas piedras en el camino nada más empezar, el principal es que la administración es una roca y está muy asentada con los sindicatos tradicionales, y han tenido problemas hasta para la asignación de la sede sindical. Cuando un sindicato tuvo siete vocales dentro del Consejo de la Policía, le asignaron una sede acorde al número de vocales, con 800 metros cuadrados. A Jupol, con ocho vocales, esa sede no se la pueden dar, y ese sindicato con siete vocales ha bajado en este Consejo a dos, pero está manteniendo la sede. Les quieren repartir en otras sedes más pequeñas, pero siguen sin ofrecer lo mismo que se estaba ofreciendo a los demás. La Administración sigue poniendo pegas a un nuevo sindicalismo, a las buenas praxis sindicales, y nosotros seguimos luchando con transparencia y fuerza contra la administración», apunta Miguel Ángel Gómez.

«Los sindicatos y asociaciones que llevaban toda la vida en la Policía y la Guardia Civil están unidos a la administración y están poniendo trabas a que Jucil y Jupol sigan adelante por el beneficio de los compañeros», añade el vicepresidente de Jusapol, José Alfredo Milano.

«Jusapol ha puesto en el Congreso una herramienta que es la ILP, que se recogieron 550.000 firmas en mes y medio, cuando teníamos nueve meses para ello. En esa ILP nos hemos enmendado a nosotros mismos y hemos mejorado el texto inicial, proponiendo soluciones para el resto de las brechas salariales. Ahora mismo, el escenario del acuerdo que hay es caduco, finito, no da más de sí. La consecución de los 807 millones en que se ha cerrado el acuerdo está hecha con un cálculo de promedios, que lo que han hecho ha sido juntar la masa salarial, la que se paga en diferentes escalas, y lo han dividido por el número de funcionarios que hay, cuando la realidad de las nóminas es diferente. Han incluido acciones sociales, incluso lo que le cuesta a la administración pleitear contra sentencias judiciales, medallas, complementos de territorialidad, vestuario...», apostilla Miguel Ángel Gómez.

«Cuando se hace la auditoría, el acuerdo eran 807 millones más lo que dijera la auditoría. Eso fue lo que se firmó. Pero si la administración llega y le dice al auditor que los 807 millones es el acuerdo total, difícilmente encaja. Hay una manera de hacerlo, que es que la auditoría mete a la Guardia Civil y la Policía Nacional masa salarial, sueldo base, complemento de destino, complemento específico, horas nocturnas y festivas, asistencia de acción social, la zona conflictiva, insularidad... y sin embargo a los Mossos les hacen el cálculo son el sueldo base, complemento de destino y específico, no meten ni horas nocturnas y festivas, ni sus productividades, ni otro tipo de incentivos», incide el vocal Javier Gil.

«Si a nosotros nos suben la masa salarial a tope y a ellos se la bajan al mínimo, cuando haces la comparativa por empleos, que es lo que marcaba el pliego de condiciones de la auditoría, haces la comparativa con el que menos cobra de los Mossos y, aún así, te quedas corto con 807 millones. Y aún así, la auditoría, en el primer informe que hizo, dijo que los 807 millones eran insuficientes y que no tenían datos para comparar puesto con puesto con los Mossos. No entendemos cómo se da validez a una auditoría cuando no tiene unos datos para poder cotejarlo con los Mossos. La Secretaría de Estado de Seguridad vio ese informe y dijo que le habían contratado al auditor para que dijera que los 807 millones son la equiparación real, así que la auditoría hizo un segundo informe más escueto y se dijo que los 807 millones son la equiparación», señala.

«En teoría, ese acuerdo no lo apoyan los sindicatos tradicionales, ahora venden que les han engañado. Cada asociación y sindicato, cuando se ha reunido con «la Secretaría de Estado, ha ido con su informe. Ahora, un año y medio después, han intentado hacer los deberes, pero tenían que haberlos hecho cuando negociaron el acuerdo», agrega el secretario, Francisco Javier Melero.

«En principio decían que sí con los 807 millones, pero ahora se quieren subir al carro y reconocen que no son suficientes, pero tampoco son suficientes las cifras que presentan. Con las nóminas en la mano, sueldo, complemento de destino y complemento específico, lo básico, con los 807 millones a un guardia civil y a un policía de seguridad ciudadana se le suben 575 euros al mes y la diferencia eran 830, siempre hablando en bruto. En total, haciendo una media, con los 807 millones se ha reducido en torno a un 60% la diferencia, falta un 40%», abunda el vocal Javier Hernán.

Junto a él, el tesorero de Jusapol, Carlos Arturo Llorente, resalta que en esta asociación «ni hay liberados, ni tenemos días de sindicato o asociación. Todo lo que hacemos lo hacemos en nuestro tiempo libre, vacaciones, descansos, asuntos... No tenemos tampoco una asignación mensual y no malgastamos el dinero».