Denuncian ante el Defensor del Pueblo el desamparo de una joven de acogida en Palencia

Cinco de las 13 jóvenes trasladan sus pertenencias a un lugar seguro en Melilla, después de ser desvalijadas en el centro de acogida el pasado año./El Norte
Cinco de las 13 jóvenes trasladan sus pertenencias a un lugar seguro en Melilla, después de ser desvalijadas en el centro de acogida el pasado año. / El Norte

La Asociación Harraga expone que se encuentra sin un lugar de residencia y tiene un permiso de estancia temporal que no le autoriza a trabajar

Marco Alonso
MARCO ALONSOPalencia

Continúa el cúmulo de infortunios para las 13 jóvenes marroquíes que fueron devueltas a Melilla el año pasado después de que el Gobierno de la ciudad autónoma, encargado de la tutela, no pagara sus gastos en una residencia de Palencia. Una de las 13 jóvenes cumplió la mayoría de edad el 22 de abril y quedó al margen del sistema de protección, por lo que se vio obligada a abandonar el centro de acogida en el que residía en Melilla y ahora, con 18 años, se ve sin un techo y sin posibilidad de encontrar un trabajo con el que poder labrarse un futuro, ya que la documentación que tiene en regla no la autoriza a trabajar.

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La Asociación Socioeducativa Harraga se ha encargado de comunicar esta situación de desamparo al Defensor del Pueblo Español con un escrito presentado en Madrid el pasado 9 de mayo en el que se recalca que la joven se encuentra «sin un lugar de residencia que le permita una estabilidad para tramitar su situación en España. Además de con infinidad de trámites burocráticos solapados de forma continuada por hacer, que le impiden conseguir un contrato de trabajo y renovar su permiso de residencia con la duración que la corresponde, para que pueda tener la oportunidad de crear un proyecto de vida digno y autónomo en el camino hacia la transición a la vida adulta y sin la necesidad de caer en la exclusión y la vulnerabilidad», explica la asociación en su escrito.

Rosa García Rodríguez, vicepresidenta de la Asociación Harraga, firmó el escrito y asegura que la joven no salío con la documentación que debería haber tenido. «El 22 de abril la pusieron de 'patitas en la calle' porque la Ley no les da residencia cuando dejan de ser menores. Se tuvo que marchar y esa misma noche se cogió un barco de Melilla a Málaga para subirse en un autobús hasta Barcelona, donde pensó que podría acceder a un piso tutelado para mayores, pero los recursos están saturados y no fue así. De un día para otro, pasó de ser menor a ser mayor de edad, a ser una inmigrante más. Tenía que tener derecho a una residencia de larga duración al llevar 5 años tutelada en el estado español, pero no salió con esa documentación de Melilla», explica Rosa, que recalca que la Comisión de Valoración del Ayuntamiento de Palencia erró después al no considera a esta joven como un perfil vulnerable. «La documentación que tiene ahora en regla, y se le dio cuando era menor, no la autoriza a trabajar y cuando alguien la quiere contratar, no lo puede hacer porque hay ese obstáculo. Necesita el pasaporte, para hacerlo tiene que ir a Bilbao y no la han querido dar ni tres meses para que se pudiera hacer con todos estos trámites», añade.

Rosa García Rodríguez no entiende por qué no se ha vuelto a acoger a esta joven en Palencia, donde tenía un arraigo forjado durante tres años. «Las instituciones no protegen a la gente vulnerable. Parece que si no vives en la calle y no te prostituyes, no eres vulnerable», sentenció la vicepresidenta la Asociación Harraga, que ha tenido que recurrir al Defensor del Pueblo para que los problemas de esta joven sean escuchados.