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José María díaz
Palencia
Sábado, 16 de febrero 2019, 13:41
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La esperada respuesta del Consejo Consultivo al problema expropiatorio y urbanístico que enfrenta al Ayuntamiento y la Diputación de Palencia por la expropiación de la Calle Jardines al fin ha llegado. Sin embargo, no ha resuelto ninguna duda, puesto que, según informó ayer el alcalde, Alfonso Polanco, durante la Junta de Gobierno Local el Consejo Consultivo no ha admitido a trámite la petición planteada por el Consistorio, a pesar de que el grupo trabajo integrado por representantes de la Diputación Provincial, del Ayuntamiento de Palencia, y de la Federación de Asociaciones de Vecinos que estudia la fórmula de aplicación del convenio de expropiación, había estimado que debería ser un organismo externo como el Consejo Consultivo el que determinara de forma totalmente independiente si las cláusulas que se recogen en ese convenio respoden a la legalidad y pueden aplicarse en la actualidad.
Pero el Consultivo no ha estimado la petición, debido fundamentalmente a que el Ayuntamiento de Palencia se inclina ahora por intentar anular este convenio firmado en 2010. Según fuentes municipales, el equipo de gobierno del PP va a llevar a la próxia Comisión Informativa de Urbanismo una propuesta para iniciar una revisión de oficio del acuerdo alcanzado por la Dipuación, puesto que los servicios jurídicos del Consistorio entienden que el convenio de expropiación de la calle Jardines es nulo de pleno derecho.
El equipo de gobierno quiere que una vez conseguido el dictamen favorable de la Comisión de Urbanismo, la propuesta de revisión del acuerdo se aprobada por el Pleno municpal. A partir de ese momento, el Ayuntamiento concedería a la Diputación, como parte afectada, un plazo para presentar alegaciones. El siguiete paso sería, tanto si se reciben esas alegaciones como si no, trasladar de nuevo la cuestión al Consejo Consultivo, para que, mediante un informe vinculante, determine si el acuerdo de 2010 es ajustado a derecho o es nulo.
Desde el Ayuntamiento se explica que el Consejo Consultivo de Castilla y León no ha admitido ahora la propuesta de análisis del acuerdo, puesto que era consciente de que tendrá que emitir un informe vinculante a la nueva proposición que quiere plentearle el Consistorio capitalino.
19 millones
El acuerdo alcanzado en 2010 entre el Ayuntamiento de Palencia y la Diputación para completar el trazado de la calle Jardines se cerró con un el compromiso de formalizar un convenio urbanístico que permitiese a la institución provincial, dueña del terreno en el que se construyó la vía, edificar viviendas en la zona de San Telmo por un valor económico de 19 millones de euros, cuantía en la que se valoró el suelo que necesitaba el Consistorio para finalizar el trazado de la calle que discurre paralela a las vías del ferrocarril. Desde entonces, el convenio no ha llegado a formalizarse nunca y ambas administraciones han ido aprobando prórrogas, debido a las dificultades para su cumplimiento, puesto que los coeficientes de edificabilidad que se fijaron en el año 2010 cuando se alcanzó el acuerdo no pueden establecerse en la actualidad, puesto que contradicen la normativa urbanística de Castilla y León. Ante esta situación y ante las trabas que pusieron el pasado mes de septiembre grupos como el PSOE para que se firmase una nueva prórroga, ante el aumento de la deuda que conlleva por los intereses de demora, el equipo de gobierno del Ayuntamiento propuso a la Diputación la búsqueda conjunta de una fórmula que permitiese dar una solución rápida al problema.
Finalmente, los plenos de ambas administraciones aprobaron la creación de una comisión técnica, en la que participarán también los grupos políticos y un representante de los vecinos, que debía elaborar una propuesta de cumplimiento de las condiciones del convenio, que primero tendría que ser aprobada por el pleno municipal, mientras que la Diputación dispondría de otros tres meses para estudiar y dar su aprobación.
Suspender la prórroga
En el caso de que la Diputación no lo aprobase, la úlitma prórroga de dos años, que se adoptó en septiembre, quedaría anulada, lo que consllevaría una obligación para el Ayuntamiento de ejecutar de inmediato el cumplimiento del convenio, que establecía el pago a la Diputación de 19 millones de euros por la expropiación del suelo para completar la calle Jardines. Ahora, con los intereses de demora, ya que el convenio es de 2010, la deuda se acerca a 26 millones de euros, que deben pagarse en metálico, especie o con aprovechamientos urbanísticos.
Esta fórmula de los aprovechamientos ha sido la que ha querido aplicar el Ayuntamiento, pero supone conceder unos permisos de edificabilidad en los terrenos que tiene la Diputación en la zona de San Telmo que superan la legalidad, circunstancia que ha bloqueado hasta ahora la solución.
Sin embargo, una vez constituida la comisión técnica entre ambas administraciones, el Ayuntamiento ha estimado que la mejor opción es intentar que el acuerdo sea anulado e iniciar una nueva negociación con la Diputación.
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