Borrar
Edificios de la calle Marcos de Celis que se construyeron en las parcelas que el Ayuntamiento vendió en 2003 de manera ilegal. Antonio Quintero
El Ayuntamiento no ha logrado cumplir las sentencias del Sector 8 una década después

El Ayuntamiento no ha logrado cumplir las sentencias del Sector 8 una década después

Los fallos judiciales por la venta ilegal de parcelas conllevan un gasto de 8,13 millones de euros

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Sábado, 11 de agosto 2018, 09:52

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

Fue en julio de 2007 cuando el Tribunal Superior de Justicia confirmó definitivamente la sentencia por la que se anulaba la venta de unas parcelas municipales en el entonces denominado Sector 8, hoy barrio de Nueva Balastera, ya que el Ayuntamiento incumplió la ley al enajenar estos terrenos como parcelas de precio libre de mercado, en lugar de suelo con protección pública, tal y como establecía la normativa urbanística de Castilla y León. Un año después, ya en el verano de 2008, hace ahora precisamente una década, el Juzgado Contencioso Administrativo de Palencia asumía esta tesis del TSJ para fallar en contra de un procedimiento similar, por lo que de nuevo volvía a anularse otra venta de terreno público, por no haberse efectuado bajo ningún tipo de figura de protección oficial.

El TSJ corroboraba después este segundo fallo en el año 2009, y comenzaba una de las etapas judiciales más complicadas para el Ayuntamiento de Palencia, ante la exigencia del Juzgado Contencioso Administrativo, a instancias del demandante inicial, el exconcejal de Izquierda Unida, Mariano San Martín, de que se restaurase la legalidad y esos terrenos públicos regresasen al patrimonio municipal del suelo o las viviendas, que ya se habían construido, se transformase en casas de protección pública.

Sin embargo, había un problema. Los pisos 125 en total, 59 en una promoción y 66, en otra, ya estaban terminados, vendidos y las casas entregadas a particulares que habían adquirido esas casas a precio libre de mercado.

Enormes dificultades

Hoy, diez años después de que el Contencioso dictase la segunda sentencia, y once más tarde que la primera fuera firme, la ejecución de ambas resoluciones judiciales sigue pendiente. Y no porque desde el Ayuntamiento de Palencia no se hayan hecho esfuerzos para poner solución de una vez por todas a este problema, sino porque el cumpliendo del fallo conlleva no pocas dificultades.

Una vez que se descartó definitivamente la recuperación de las viviendas construidas por parte del Ayuntamiento o su transformación en casas de protección, dado que se perjudicaría a terceras partes (los compradores de las casas) se estableció que el cumplimiento de la sentencia debería hacerse con la restitución al patrimonio municipal del suelo de una cantidad similar de terreno al que se había vendido irregularmente, por lo que se dio la orden al Ayuntamiento de Palencia de iniciar procesos de adquisición de terrenos por un importe similar al que se había obtenido con la venta de las dos parcelas, actuaciones que se llevaron a cabo en los años 2003 y 2004, cuando la situación económica española era muy diferente a la actual y el sector de la construcción se encontraba en una fase de plena expansión.

Así, se vendieron en aquellos años cuatro parcelas, dos para una promoción y otras dos para la segunda por valor de 3.820.000 euros y 4.311.873 euros, respectivamente. Y el Ayuntamiento tiene la obligación de restaurar esta situación, es decir, debe conseguir terrenos por esta cuantía económica, para que, en el futuro, puedan volver a sacarse a la venta, si el Ayuntamiento lo desea, siempre bajo la obligación de que esta vez sí, las parcelas estén sujetas a algún régimen de protección oficial.

Para dar cumplimiento a la primera sentencia, el Ayuntamiento recurrió a un préstamo bancario, mientras que para los 4,2 millones de la segunda se optó por recurrir a procedimientos urbanísticos, es decir, vender otras parcelas (eso sí con exigencia de que las viviendas sean de protección oficial) para conseguir dinero, con el fin de que esos ingresos se destinaran de nuevo a comprar terrenos. Puede parecer paradójico, pero la obligación judicial así lo establece. El Ayuntamiento debe cumplir las sentencias adquiriendo parcelas por la misma cuantía económica que las que vendió de forma irregular en 2003 y 2004. Existen diversas formas de financiar la operación. En un caso, se ha recurrido al crédito, y en el otro a la obtención de recursos económicos mediante la venta de terrenos municipales para la construcción de viviendas protegidas. Es una operación legal que se realiza de forma ordinaria todos los años, siempre que se puede, con el objetivo de conseguir fondos con los que pagar las inversiones municipales.

En este caso, el dinero, en lugar de para financiar obras, se destina a la compra de nuevos terrenos, que una vez adquiridos y justificados ante los tribunales podrán en el futuro de nuevo ser vendidos para la construcción de viviendas de protección pública.

Intentos infructuosos

Así, en el año 2010, el Ayuntamiento de Palencia inició los procedimientos para intentar vender las primeras parcelas y poco después abrió expedientes para la adquisición de suelo en la capital palentina. Pero todos sus intentos, en uno u otro sentido, resultaron infructuosos. La crisis se había cebado ya plenamente con el mercado inmobiliario y nadie parecía interesado en comprar el suelo que ofrecía el Consistorio, pero tampoco ni bancos, constructores o promotores parecían interesados en desprenderse de lo que tenían acumulado, con lo que tampoco se podían adquirir las parcelas exigidas por el juzgado. Una tras otra, las ofertas de venta o de compra fueron quedando desiertas durante años, y no fue hasta noviembre de 2012 cuando el Ayuntamiento logró comprar el primer terreno, para hacer frente a la primera de las sentencias. Y poco a poco fue avanzando el proceso.

Sin embargo, diez años después no ha logrado completar ninguna de las dos exigencias judiciales. En el caso de la primera sentencia, aún restan por comprar terrenos por un valor de 250.204 euros, dado que ya se han adquirido parcelas, en diferentes operaciones por 3.569.795 euros, con lo que esta parte está ya prácticamente cerrada.

Mucho más difícil está resultado el segundo proceso, dado que primero hay que vender suelo para después comprarlo, y, por el momento, se está en la fase de venta. Se han impulsado 17 operaciones de enajenación de solares municipales, en casi todos los casos mediante subasta, pero casi todas han quedado desiertas y solo se han logrado cerrar dos acuerdos. Se han conseguido vender parcelas por 788.285 euros. Además, en estos momentos hay un procedimiento abierto (en la fase de presentación de ofertas, con una cuantía de salida de 929.662 euros, que el Ayuntamiento confía en cerrar con un próximo acuerdo, por lo que, si se cierra la venta, quedarían pendientes de vender terrenos por 2.593.926 euros.

El equipo de gobierno municipal del PP, que siempre ha considerado estas sentencias como una «herencia envenenada de los mandatos del socialista Heliodoro Gallego», insiste en que continuará adelante con los procedimientos para dar cumplimiento a las sentencias, a pesar de las dificultades, aunque lamenta que se tengan que destinar recursos que podrían invertirse en otras necesidades.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios