La Audiencia de Alicante absuelve al abogado Gabriel Ruiz de un delito de injurias a funcionarios

Gabriel Ruiz, a la izquierda, con su abogado, Carlos Lamalfa. /El Norte
Gabriel Ruiz, a la izquierda, con su abogado, Carlos Lamalfa. / El Norte

El tribunal revoca una sentencia que le condenaba a una multa de 1.440 euros por unas opiniones en las que acusaba de prevaricación a jueces y fiscales

Ricardo Sánchez Rico
RICARDO SÁNCHEZ RICOPalencia

La Audiencia Provincial de Alicante ha absuelto al abogado palentino Gabriel Ruiz del delito de un delito de injurias graves a funcionarios públicos por el que había sido condenado a una multa de 1.440 euros por el Juzgado de lo Penal Número 1 de Benidorm en febrero del año 2017. La sentencia entiende que no se trata de afirmaciones rotundas, sino de «insinuaciones veladas en el curso de la argumentación de la falta de profundidad y estudio al argumentar los operadores jurídicos afectados las resoluciones que desestiman las pretensiones acusatorias de Gabriel Ruiz, que pueden estimarse incluidas en la libertad de expresión del letrado en el ejercicio de su defensa».

El Juzgado Número 1 de lo Penal de Benidorm condenó a Gabriel Ruiz García como autor de un delito de injurias, a raíz de unas opiniones vertidas por el abogado palentino y publicadas en la web www.justiciaparatodos.org. El letrado acusaba de prevaricación a jueces y fiscales que intervinieron en un procedimiento que él llevó en 2008 por un presunto delito de estafa continuada y apropiación indebida, y que finalmente fue archivado en 2014.

Gabriel Ruiz, que presentó un recurso de apelación, explicó que presentó una querella contra tres personas por un delito de estafa continuada y apropiación indebida en un tema de la construcción, por un dinero que sus clientes invirtieron para construir pisos en Benidorm y que se desvió a otra constructora para hacer otro edificio y que no apareció, al cesar los administradores.

«El procedimiento se fue demorando y presenté recursos y pedí pruebas, pero se acogieron al derecho a no declarar y el fiscal y el juez no hicieron ningún movimiento, decidieron archivar el caso. Recurrí a la Audiencia para que se siguiera investigando, pero al final, en 2014, se dictó un auto de sobreseimiento por falta de pruebas, y además ha prescrito, porque los hechos ocurrieron en 2003. Dejaron que prescribiera el delito», agregó Ruiz.

 

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