Archivan las diligencias por anomalías en la obtención del carné de moto

Un joven en el circuito de prácticas. /A. Quintero
Un joven en el circuito de prácticas. / A. Quintero

El Juzgado Número 5 sobresee las actuaciones en relación a 14 de las 16 personas investigadas de dos autoescuelas de la capital y la zona norte

Ricardo Sánchez Rico
RICARDO SÁNCHEZ RICO

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Palencia ha dictado un auto en el que, en virtud de lo interesado por el fiscal, acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones en el caso de catorce personas investigadas, todas representadas por el despacho de abogados Nájera-García Arconada, por las actividades de una autoescuela por la supuesta realización fraudulenta de cursos para la obtención del permiso de clase A, que autoriza la conducción de motocicletas de gran cilindrada.

El subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Palencia finalizó en julio de 2018 la denominada Operación Tachanka, en la que se investigaron las actividades de varias autoescuelas por la supuesta realización fraudulenta de cursos para la obtención del permiso de clase A, que autoriza la conducción de motocicletas de gran cilindrada.

Como resultado de la investigación realizada, la Guardia Civil reflejó que los cursos no se realizaban tal y como estaban programados previamente por las autoescuelas implicadas que, aún así, expedían los certificados de aprovechamiento que dan acceso a la obtención del permiso de conducción de la clase A.

Los investigados eran dos directores y un profesor pertenecientes a dos autoescuelas, una de la capital y otra de una localidad del norte de la provincia, y 13 alumnos pertenecientes a esas autoescuelas. Pero uno de los dos directores, así como el profesor y doce de los alumnos, todos ellos de la autoescuela de la capital, han visto cómo la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Palencia ha archivado las diligencias contra ellos, al considerar el auto que el motivo del desajuste se debía a «un error administrativo de Tráfico, al no remitir a la Guardia Civil los cambios que desde la autoescuela se comunicaban vía email, llamada o directamente mediante la presentación de la documentación que modificaba la comunicación inicial en mano en la sede de Tráfico».

Sin embargo, según apuntan fuentes judiciales, continúan al parecer las diligencias contra el director y un alumno de la autoescuela del norte de la provincia.

La investigación de la Guardia Civil se inició ante las sospechas de que se estuvieran expidiendo, por parte de algunas autoescuelas, certificados de aprovechamiento ficticios, con el riesgo para la seguridad vial que ello supone tanto para el conductor como para el resto de usuarios. «Este tipo de prácticas, aparte de ser una competencia desleal en el sector, afecta de manera grave a la seguridad vial, ya que habilitan a conducir motocicletas de gran cilindrada y potencia a personas que no han demostrado tener la suficiente pericia, provocando un riesgo elevado de accidentalidad», explicaba la Guardia Civil en su día en un comunicado.

Desde el 1 de septiembre de 2011, para la obtención del permiso de conducir de la clase A –que permite conducir toda clase de motocicletas sin limitación de potencia ni de relación potencia/peso– el aspirante, además de ser titular de un permiso de conducción de la clase A2 con una experiencia mínima de dos años en la conducción de las motocicletas que autoriza a conducir dicho permiso, deberá superar un curso formación con una duración de nueve horas lectivas, distribuidas en conocimientos teóricos y prácticos impartidos por las autoescuelas.

Esta nueva legislación para obtener el permiso de conducción de la clase A se realizó en aplicación de la Directiva 2006/126/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, para mejorar la Seguridad Vial, ya que los conductores accedían a la conducción de las motocicletas de la categoría superior sin haber recibido ninguna formación complementaria.

Los hechos investigados, junto con las diligencias por los supuestos delitos de falsedad documental y estafa, se remitieron al juzgado de guardia, y ahora han quedado archivadas provisionalmente en el caso de 14 de los 16 investigados.