Absuelven al alcalde de Velilla de un delito de prevaricación administrativa

Gonzalo Pérez y su abogada, antes del juicio en la Audiencia. /Antonio Quintero
Gonzalo Pérez y su abogada, antes del juicio en la Audiencia. / Antonio Quintero

La Audiencia considera que Gonzalo Pérez «se ha saltado el procedimiento administrativo» en la contratación de 16 trabajadores municipales, «pero no aplicando su propia voluntad o capricho»

RICARDO S. RICOPalencia

La Audiencia Provincial de Palencia ha absuelto al exalcalde de Velilla del Río Carrión, el popular Gonzalo Pérez Ibáñez, de un delito continuado de prevaricación administrativa relacionado con la contratación de 16 trabajadores municipales. El alto tribunal, en su fallo, considera que Gonzalo Pérez «se ha saltado el procedimiento administrativo, pero no propiamente aplicando su propia voluntad o capricho como exige la jurisprudencia, pues aunque fuese él quien firmaba la contratación, previamente reunía a la Comisión de Selección, sin que pueda decirse que eso no era siempre así, pues tal circunstancia no se determinó de forma concreta ni referida a determinadas contrataciones».

«Independientemente del cúmulo de irregularidades administrativas destacadas en los hechos probados, no podemos concluir la injusticia de tales contrataciones, pues no resulta lógico, de ser así, que se haya dilatado en el tiempo el procedimiento penal instado contra el propio alcalde», agrega el fallo de la Audiencia, que no es firme y puede recurrirse en apelación ante la Sala de lo CIvil y Penal del TSJCyL.

El Ministerio Público pedía para Gonzalo Pérez la inhabilitación especial para empleo y cargo público por tiempo de quince años, los mismos que la acusación particular, que ejerce el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Velilla. En el escrito de acusación de la Fiscalía se explicaba que el exregidor de Velilla y exdiputado provincial desoyó los informes del secretario-interventor municipal, formalizando diversos contratos que incumplían los requisitos exigidos por la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, tales como la publicidad adecuada o la existencia de un tribunal o comisión de selección.