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Los conflictos judiciales vinculados a los divorcios se duplican con la crisis

La revisión e impago de las pensiones de alimentos por la caída de ingresos del padre y la disputa por la custodia de los hijos se han disparado en los últimos seis años

r. martínez / v. arranz

Miércoles, 28 de enero 2015, 11:50

La manera de enfocar el futuro, la forma de gastar el dinero, las relaciones sexuales y la educación de los hijos son, según Tomás Bragado, delegado en Palencia de la Asociación de Padres de Familia Separados, los cuatro motivos por los que puede disolverse una pareja. Aunque, tras citar estas cuatro razones, Tomás Bragado aclara que no son suyas, sino que se las ha tomado prestadas a la escritora Carmen Posadas.

Según los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, en los tres primeros trimestres del pasado 2014 se registraron en la provincia de Palencia 225 divorcios (de los que 132 fueron consensuados y los 93 restantes, no) y 20 separaciones (quince consensuadas y 5 no acordadas). La cifra de divorcios no dista mucho de las registrada en 2008, al inicio de la crisis, cuando según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) se formalizaron 262. Sin embargo, a lo largo de estos años sí se ha producido un descenso paulatino del número de separaciones, pasando de las 41 de 2008 a las 20 de los tres primeros trimestres de 2014.

Se mantiene, por tanto, desde el inicio de la crisis el número de divorcios, descienden las separaciones y se duplican los litigios en torno a las pensiones económicas y la guarda y custodia de los hijos de padres separados. La drástica reducción de ingresos de los hombres, sobre todo por pérdida de empleo, ha generado situaciones dramáticas que han acabado en los tribunales.

En seis años, los procedimientos de modificaciones de medidas han pasado en Castilla y León de los 798 casos de 2008 a los 1.589 de 2013, fecha que corresponde a los últimos datos anuales completos disponibles. Pero las cifras que ya se conocen de 2014, las referentes a los tres primeros trimestres del año, apuntan a que la tendencia creciente se mantiene. Y lo mismo ocurre con las decisiones judiciales relativas a la guarda y custodia de los hijos de la pareja. En el año 2008 se tramitaron 607 procedimientos, mientras que en 2013 ya eran 1.394, más del doble. Y eso que en ese mismo periodo de tiempo el número de separaciones y divorcios aumentó en mucha menor medida.

Conflictos abiertos

En la mayor parte de los casos, además, los conflictos motivados por los efectos de la separación no se han cerrado, sino que permanecen abiertos. Y es que tanto las decisiones sobre guarda y custodia de los hijos como las relativas a la modificación de las medidas compensatorias se adoptan mayoritariamente sin que exista un mutuo acuerdo. Respecto a las pensiones de alimentos, más del 80% de las veces no son consensuadas, porcentaje que varía de año en año, pero que nunca baja de ese porcentaje. En cambio, en lo relativo a la custodia de los hijos, ha ido ganando terreno el entendimiento. En 2008, el 75% de las decisiones tomadas en Castilla y León eran sin acuerdo, pero el año pasado la proporción había bajado al 69%, lo que supone 6 puntos menos.

La crisis está estimulando el interés de los varones por compartir la custodia de sus hijos, aunque todavía no les resulte nada fácil conseguirlo, porque, a día de hoy, el 80% de las veces se otorga a las madres, y el resto se reparte entre las custodias compartidas y las asignadas al padre. Aparte de las motivaciones afectivas que cada cual pueda tener, existen también razones económicas poderosas: en una custodia compartida no hay pensiones de alimentos y el piso familiar, de existir, deja de ser usufructo exclusivo de la madre, con lo que lo habitual es ponerlo a la venta y repartir lo que se obtenga entre las dos partes.

Esto supone un cambio importante con respecto a la situación que se produce en una separación característica con custodia materna de los hijos. En ese caso, el padre debe seguir pagando la parte de la hipoteca que le corresponda de la casa familiar, si existe, pero no puede disfrutarla, ni venderla, pues queda asignada para uso de los hijos y de la madre que los cuida. Y además debe pagar las pensiones de alimentos estipuladas.

Tomás Bragado, delegado en Palencia de la Asociación de Padres de Familia Separados, insiste en la importancia de que las parejas, antes de casarse, realicen una separación de bienes. Asimismo, Bragado elogia algunas actitudes que se adoptan en otros países, como en Estados Unidos, donde se firman contratos prematrimoniales. «En ellos se estipula, en el caso de que los padres profesen religiones diferentes, en qué religión van a educar a sus hijos, la manutención e incluso las relaciones conyugales obligatorias», explica. «En España no se contempla nada de esto y, normalmente, la mayoría de las veces es la mujer la que solicita el divorcio y la que sale ganando, es un contrato que sale ganando el que lo disuelve», agrega.

Viene siendo práctica habitual que los tribunales fijen como importe para las pensiones de alimentos un 30% de los ingresos del padre en el momento de la separación, pues se marca como criterio mantener un nivel de vida para los hijos similar al que tenían antes de la ruptura conyugal. Pero si a ello hubiera que sumar el copago de la hipoteca del piso familiar, ya habría dificultades para que el padre pudiera afrontar el alquiler de una vivienda propia, salvo que disfrutara de un sueldo elevado. «Hemos detectado casos de hombres con ingresos elevados a los que, tras el divorcio, les imponen unas pensiones para los hijos proporcionalmente mucho menores que las que fijan para otros con ingresos pequeños. Así, se da el caso de padres con un sueldo de unos 3.000 euros a los que imponen una pensión de mil euros, mientras que a otros que están en el paro o tienen un sueldo de 1.200 euros tienen que pagar 600 euros de pensión», critica Tomás Bragado.

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