Subida fiscal encubierta
Editorial ·
La decisión de Hacienda de no actualizar las tablas de IRPF merece las debidas explicaciones y un debate a fondo sobre los eventuales efectos
La subida de precios que ha experimentado la economía en los últimos meses también tendrá sus efectos en el Impuesto de la Renta que los ... contribuyentes pagarán en 2022. El Ministerio de Hacienda ha decidido mantener sin cambios este tributo a partir del próximo 1 de enero. Bien es cierto que en el proyecto de Presupuestos no se incorpora ninguna subida del IRPF, aunque no lo es menos que tampoco actualiza la tarifa en función de la subida de la inflación (un 5,6% hasta noviembre). Dicho de otro modo, los contribuyentes a los que se les suban los sueldos (un 2% en el caso de los empleados públicos) o las pensiones (un 2,5%) acabarán pagando más dinero en su IRPF. Ese desfase entre los tipos aplicables a cada tramo de renta y el comportamiento de los precios equivale a un aumento camuflado de la presión fiscal tanto para los contribuyentes con mayores recursos como para los más modestos. Sin distinción. Una medida cuya relevancia merecería las debidas explicaciones, aún no ofrecidas, y un debate a fondo sobre su necesidad y eventuales efectos.
Las instituciones se nutren de los ingresos por impuestos concertados para financiar los servicios que prestan. Todas ellas han coincidido durante los últimos meses en que era absolutamente inconveniente un aumento de la fiscalidad con el que compensar el esfuerzo desplegado en el gasto público en la lucha contra el coronavirus, traducido en déficit y más deuda gracias a la relajación de las reglas de la Unión Europea. Unas palabras que no han sido consecuentes con los hechos. La falta de actualización –deflactación, en términos técnicos– de las tablas del IRPF en consonancia con el incremento real de los precios castiga el poder adquisitivo de las familias cuando el consumo es un pilar básico de la recuperación. No responde, por tanto, a ningún criterio objetivo más allá que el de aprovechar la ocasión para disponer de más dinero sin haber ensayado otras alternativas ni asumir el desgaste que conlleva anunciar un ascenso generalizado de impuestos si tan necesario lo creen.
Por mucho que los responsables políticos tengan alergia a ofrecer malas noticias, ese proceder por la puerta de atrás es impropio de unas administraciones que presumen de transparencia. El buen gobierno debe ser sinónimo de luz y taquígrafos, lo mismo que se echa en falta en este caso.
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