Los deberes constitucionales imperfectos

Criticamos a menudo el comportamiento de los aprovechados, en cierto modo inconstitucional. Bien está disfrutar si cada persona también aporta lo posible a la prosperidad compartida. Todos tenemos el deber de trabajar, no solo el derecho al trabajo, aunque a veces parece lo contrario cuando alguien se niega a esforzarse y no hay consecuencias. Holgazanes profesionales siguen recibiendo prestaciones públicas sin penalizaciones.

Nuestros constituyentes no pudieron prever que esto sucediera. Ni se lo imaginaban hace medio siglo. Tampoco podían pensar los padres y las madres de la Norma suprema que cada vez más españoles se tomarían a choteo el deber de conocer el castellano, o el de defender España. Sucede porque ambas obligaciones se han alejado de su naturaleza original en el desarrollo legislativo, una deriva criticable. Y es que en algunos lugares de nuestro país se impone el conocimiento de la lengua cooficial, pero no se protege el español, tan indefenso como el deber de defensa tras la supresión del servicio militar y sus alternativas.

Efectos similares produce la progresiva reducción de las obligaciones laborales, paralela a la ampliación de los derechos. El catálogo de deberes constitucionales, salvo los de naturaleza tributaria (los impuestos), se caracteriza por su carácter imperfecto. Leemos el artículo 134.3 de la Constitución («El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior») y pensamos que se establece un mandato claro cuyo incumplimiento comportará repercusiones. Craso error; no pasa nada si se vulnera. El Gobierno no hace lo que la norma dice y los ciudadanos toman nota de la blandura constitucional.

Me preocupan las generaciones más jóvenes, expuestas a un grado extremo de incoherencia política. Menos mal que todavía se respeta la escolarización obligatoria como deber, a pesar de que en la Constitución se considere únicamente un derecho. Resulta erróneo y peligroso olvidar el deber de educarse. Desde el poder público convendría trasladar claramente algún mensaje de responsabilidad personal presente y futura.

No es suficiente lo de promover los derechos sociales. Tanto formarse como proteger la propia salud deben concebirse con realismo: son obligaciones. Cuidarse a uno mismo es imprescindible para proteger al resto de la sociedad, evitar costes sanitarios inasumibles y no convertirse en dependiente a resultas de conductas irresponsables. También al adquirir nuevas competencias, gracias al sistema educativo, nos situamos en condiciones de desarrollo de nuestra personalidad, en mejor posición para ayudar a los demás.

Durante cincuenta años hemos mantenido un modelo constitucional imperfecto y desequilibrado, hipertrofiado en los derechos, sin apenas obligaciones. Queremos una Constitución, juramos o prometemos guardarla o hacerla guardar, pero hay quien esquiva esta fórmula desde el principio, quien se muestra desleal al Rey o asume tan solo los artículos que le interesan. Algunos aspiran a todos los derechos (la vivienda, los transportes públicos, la seguridad, prestaciones sanitarias, educación pública gratuita), pero ni quieren pagar impuestos, ni piensan en trabajar.

Entonces, ya que estos días volvemos al bucle de si hay que reformar la Carta Magna, cuándo y por qué, me atrevo a formular una propuesta que se tildará de antipática, autoritaria e intempestiva. Más que sumar nuevos derechos prestacionales impagables, añádase un capítulo sobre obligaciones y deberes constitucionales. Va siendo hora de tomarlos en serio.